La reciente aprobación de más de 116 millones de dólares por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para Cuba y el anuncio de nuevos proyectos financiados por la Unión Europea han reavivado el debate sobre la falta de mecanismos independientes para supervisar el destino de la cooperación internacional en la Isla.

Para Elaine Acosta, directora Ejecutiva de Cuido60- Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derecho e integrante del equipo de Food Monitor Program, una iniciativa de la sociedad civil independiente dedicada al monitoreo y denuncia de la inseguridad alimentaria en Cuba, el principal problema no es únicamente la llegada de nuevos recursos, sino la ausencia de controles que permitan verificar cómo se administran y quiénes resultan realmente beneficiados.

"Me parece altamente preocupante la asignación de estos fondos sin tener capacidad alguna de fiscalización o de control", afirmó Acosta en una entrevista con ADN Cuba.

En las últimas semanas, la Junta Ejecutiva del PMA aprobó el Programa País para Cuba 2026-2030, dotado con 116 millones 425 mil dólares, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunció respaldo financiero para 63 iniciativas de nuevos actores económicos mediante un proyecto financiado por la Unión Europea.

Ambos programas serán ejecutados en coordinación con instituciones del régimen cubano.

Una crisis humanitaria que se agrava

Acosta recordó que estos anuncios ocurren en un contexto de profunda crisis económica y social, en el que millones de cubanos enfrentan dificultades para acceder incluso a bienes y servicios esenciales.

"La sociedad cubana atraviesa una crisis humanitaria en todos los órdenes de la vida", señaló. Desde los servicios básicos hasta la alimentación, explicó, persisten déficits estructurales que afectan a la mayor parte de la población.

La investigadora destacó que la inseguridad alimentaria lleva años agravándose y aseguró que los estudios realizados por Food Monitor Program han documentado esa realidad.

"La grave crisis alimentaria y de inseguridad alimentaria por la que viene atravesando la sociedad cubana hace ya varios años no es un secreto para nadie", afirmó.

Sin supervisión independiente

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Acosta es que la cooperación internacional en Cuba continúa desarrollándose bajo el control casi absoluto del Estado, sin participación efectiva de organizaciones independientes.

"Las autoridades cubanas ejercen un control sobre todos los órdenes de la vida y, en particular, sobre todos los temas de cooperación internacional, ayuda humanitaria y asistencia humanitaria", explicó.

En ese escenario, añadió, la sociedad civil independiente "diezmada, controlada, acosada y perseguida" prácticamente no tiene posibilidades de intervenir en el diseño, implementación o supervisión de estos programas.

Según la directora Ejecutiva de Cuido60, tampoco existen mecanismos externos que permitan evaluar de forma objetiva la utilización de los fondos.

"Lo que hemos visto a lo largo de los años es que la capacidad de fiscalización del uso de estos fondos, de la efectividad de los programas de cooperación, del clientelismo incluso político, no ha sido posible ser auditada por organismos de la sociedad civil independiente cubana ni por otros actores internacionales", sostuvo.

La investigadora afirmó que incluso acceder a información básica sobre estos proyectos resulta complicado.

"Es tan sencillo como dirigirse a algunas de estas entidades para comprobar que es bastante difícil acceder a las evaluaciones de los programas, conocer su alcance, su efectividad o quiénes son realmente sus beneficiarios", indicó.

"Los programas de cooperación no son la solución"

Acosta considera que la cooperación internacional ha terminado convirtiéndose, en parte, en una herramienta utilizada por el régimen para aliviar determinadas necesidades sin resolver las causas estructurales de la crisis.

"Los programas de cooperación también se han convertido en una herramienta del poder político en Cuba para continuar ejerciendo una influencia a nivel internacional y aliviar en alguna medida algunos sectores o programas específicos de la población, pero claramente no son la solución", afirmó.

En su opinión, la comunidad internacional debería promover una mayor participación de la sociedad civil independiente en el diseño y seguimiento de estos programas, algo que actualmente resulta prácticamente imposible debido al marco legal cubano.

"Es importante hacer ver a la comunidad internacional la urgencia de que buena parte de estos programas de cooperación cuenten con participación e incidencia de la sociedad civil cubana. Mientras no exista una ley de asociaciones que así lo permita, también va a ser muy difícil", señaló.

Asimismo, insistió en la necesidad de hacer públicos los criterios mediante los cuales se asignan los recursos y los mecanismos de ejecución de los proyectos.

"Es muy importante denunciar y visibilizar la manera en que se ejecutan estos programas, se asignan estos fondos y hacia dónde se dirigen", afirmó.

Cuestionamientos al Programa Mundial de Alimentos

Acosta también cuestionó específicamente la aprobación del nuevo Programa País del PMA para Cuba.

Recordó que Food Monitor Program ha expresado anteriormente críticas hacia la metodología utilizada por ese organismo para evaluar la situación alimentaria en la Isla y consideró contradictorio el cambio de diagnóstico realizado por la agencia.

"¿Cómo se entiende que hasta hace muy poco tiempo este mismo programa calificara a Cuba como un país que había superado el hambre y hoy entregue estas sumas millonarias para el programa país del próximo quinquenio?", preguntó.

Para la investigadora, esa contradicción, unida a la falta de supervisión independiente sobre el uso de los recursos, debería llevar a los organismos internacionales a revisar la manera en que implementan sus programas de cooperación en Cuba.