Mientras los cubanos soportaban apagones de hasta 30 horas diarias, el colapso del Sistema Eléctrico Nacional y una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, altos funcionarios del régimen mantenían negociaciones con empresarios españoles investigados por su presunta participación en una trama internacional de blanqueo de capitales para desarrollar proyectos energéticos en la Isla.

Así se desprende del sumario de la operación Strongbox, instruida por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, cuyas escuchas telefónicas han sido reveladas por El Español. Las conversaciones, intervenidas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional española, describen un entramado de intermediarios, diplomáticos, funcionarios cubanos y operadores políticos alrededor de un negocio que contemplaba la construcción de un parque fotovoltaico de gran escala a cambio de minerales estratégicos como níquel y cobalto.

Pero las nuevas revelaciones conocidas este jueves amplían el alcance del caso. Según las conversaciones intervenidas, los propios empresarios aseguraban que el alto mando cubano había emitido una autorización para operar en la Isla y que ese documento estaba en manos del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y de su abogado, no de la empresa que pretendía ejecutar el proyecto.

En una conversación del 24 de marzo de 2024, uno de los principales investigados, el empresario Jerónimo Sarmiento Morato, comenta con su socio que la denominada "carta de aprobación" debía estar formalmente en manos del presidente de la empresa Servigestión Lucentum.

Sin embargo, añade que "en realidad es Rodríguez Zapatero y su abogado quienes la tienen", en referencia al documento que, según los investigadores, debía emitir el régimen cubano para autorizar el proyecto.
Posteriormente, los empresarios hablan de conseguir una copia de esa autorización mediante René Capote, diplomático de la Embajada de Cuba en España.

En la conversación, uno de ellos afirma que Capote podía llegar "hasta Díaz-Canel" y plantea que, una vez asegurado el suministro de níquel y aceptada la fórmula de pago, el proyecto podría comenzar inmediatamente. También sostiene que el diplomático castrista estaría vinculado a los servicios de inteligencia cubanos, una afirmación realizada por uno de los investigados y no corroborada por las autoridades españolas.

René Capote Forzate aparece en los registros públicos como Consejero Económico-Comercial de la embajada cubana en funciones desde 2021, según pudo constatar ADN Cuba. 

Según la UDYCO, Servigestión Lucentum también mantenía contactos con firmas de China, Sudáfrica y México y aparecía igualmente relacionada con proyectos impulsados por la petrolera mexicana PEMEX - conocida aliada del régimen- para invertir en refinerías cubanas. 

El negocio: parques solares pagados con minerales

La investigación describe un modelo de negocio poco habitual incluso dentro del corrupto sistema cubano.
Los empresarios pretendían construir un parque fotovoltaico de aproximadamente un gigavatio y, según las escuchas, el régimen compensaría la inversión entregando níquel, cobalto e incluso oro, en lugar de realizar pagos en efectivo.

En una de las conversaciones intervenidas, uno de los implicados resume el acuerdo con una frase que la Policía incorpora al sumario: "Ha aceptado el parque de un giga a cambio de níquel y cobalto".

La fórmula refleja la profunda falta de liquidez que atraviesa Cuba y la creciente utilización de recursos minerales estratégicos para atraer inversiones extranjeras.

No eran funcionarios secundarios

Uno de los elementos más llamativos del caso es el nivel de los interlocutores cubanos.

La investigación menciona directamente a Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas. Guerra Campaña no es un funcionario menor. Desde hace años dirige la estrategia oficial para transformar la matriz energética de Cuba y ha sido el principal portavoz de los planes del régimen para expandir la generación mediante fuentes renovables, uno de los proyectos que La Habana presenta como prioritarios para enfrentar el colapso del sistema eléctrico.

También aparece Alfredo López Valdés, entonces director general de la Unión Eléctrica (UNE), la empresa estatal responsable del sistema eléctrico nacional y una de las figuras que durante años gestionó el desastroso sector energético cubano.

López Valdés fue durante décadas uno de los principales cuadros del aparato económico del castrismo: ocupó las carteras de Energía y Minas, Industria y Pesca antes de asumir la dirección de la UNE en 2022, en medio del descalabro energético. Tras meses de apagones masivos y varios colapsos del Sistema Eléctrico Nacional, fue removido de ese cargo en abril de 2026 y reubicado dentro del Ministerio de Economía y Planificación, -como director de energía- sin abandonar la estructura del poder, de acuerdo a verificaciones de ADN Cuba. 

Por tanto, las negociaciones no se desarrollaban con intermediarios privados, sino con algunos de los principales responsables del aparato energético del castrismo.

Zapatero vuelve a aparecer como puente hacia La Habana

La investigación también vuelve a situar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como un presunto facilitador político.

Las conversaciones interceptadas muestran que, cuando las negociaciones con funcionarios cubanos se bloquearon, los empresarios decidieron recurrir al entorno del exmandatario para recuperar el acceso a las autoridades de La Habana.

En distintas llamadas afirman que tuvieron que acudir a "los de arriba", conscientes de que esa intermediación tendría un coste económico.

En otra conversación, uno de ellos asegura que tuvieron que recurrir al "grupo de ZP" porque "esa gente no hace las cosas gratis".

El entorno de Zapatero ha rechazado cualquier implicación en estas operaciones y sostiene que no tiene conocimiento de los hechos investigados. Sin embargo, no es la primera vez que se les acusa de tráfico de influencias y otros delitos por lo que actualmente está imputado el político. 

La nueva línea de investigación sobre Cuba no surge de manera aislada. El juez José Luis Calama ya investiga en la Audiencia Nacional una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que, según la hipótesis judicial, operó durante años alrededor de negocios relacionados con petróleo, oro y minería en Venezuela mediante empresarios próximos al chavismo y colaboradores del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Una radiografía del funcionamiento del castrismo

Más allá de la situación judicial de los empresarios españoles o del propio Zapatero, la documentación incorporada al sumario ofrece una imagen poco habitual del funcionamiento interno de los grandes negocios con el régimen cubano.

Las conversaciones describen un sistema en el que el acceso a inversiones estratégicas dependería no solo de los ministerios competentes, sino también de autorizaciones políticas, diplomáticos, intermediarios y gestores de influencia capaces de abrir las puertas de la cúpula del poder.

Mientras el régimen pedía sacrificios a la población, justificaba los prolongados apagones por la falta de divisas y atribuía la crisis energética al embargo estadounidense, sus principales responsables negociaban proyectos multimillonarios utilizando como moneda de cambio algunos de los recursos minerales más valiosos del país.

Si las hipótesis de la Policía española se confirman durante la instrucción judicial, el caso Strongbox podría convertirse en una de las investigaciones internacionales que con mayor claridad expone los mecanismos de intermediación política y económica utilizados para hacer negocios con el régimen cubano.