El poder de las Fuerzas Armadas en Venezuela no se limita a los cuarteles. Durante más de dos décadas, los militares ampliaron su presencia hacia sectores como el petróleo, la minería, la banca, los seguros, la agricultura, la manufactura y el comercio, hasta construir una extensa red empresarial vinculada al Ministerio de Defensa.

Esa es una de las principales conclusiones de un nuevo informe presentado en Washington por el Miranda Center for Democracy, que compara el sistema venezolano con el poderoso conglomerado militar cubano GAESA.

La investigación, titulada Armies that Own Economies: Military-Commercial Capture in Cuba and Venezuela, plantea que ambos países desarrollaron estructuras diferentes pero basadas en una lógica semejante: convertir el control económico en una herramienta para consolidar la lealtad militar y preservar el poder político.

En Cuba, esa estructura está concentrada fundamentalmente en el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), que, según el estudio, controla entre 40% y 50% de la economía de la isla. En Venezuela, en cambio, el modelo se distribuyó entre al menos 44 empresas, fundaciones y servicios autónomos vinculados al Ministerio de Defensa.

Una red de 44 entidades militares en Venezuela

Según los datos recopilados por Miranda Center, el Ministerio de Defensa venezolano supervisa al menos 44 entidades: 24 empresas y 20 fundaciones o servicios autónomos, con actividades que alcanzan sectores civiles y estratégicos de la economía.

El informe señala además que la estructura militar venezolana no publica su informe anual de rendición de cuentas desde 2015 y que al menos 103 oficiales de las Fuerzas Armadas han ocupado puestos en juntas directivas de compañías estatales.

La participación castrense comienza en el sistema financiero.

El Ministerio de Defensa posee el 99% del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BANFANB) y controla Seguros Horizonte, identificada por el informe como la segunda mayor aseguradora del país.

Pero la presencia militar se extiende mucho más allá.

Empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas participan en agricultura, transporte pesado, fabricación de textiles y uniformes, producción de agua embotellada y electrodomésticos, ensamblaje de vehículos, distribución de neumáticos, construcción naval, servicios de impresión, turismo e incluso televisión digital.

Petróleo, oro y coltán bajo la órbita militar

Uno de los casos que el informe destaca es CAMIMPEG, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas.

La empresa militar participa en operaciones vinculadas con PDVSA y posee licencias para explorar y explotar oro y coltán en el Arco Minero del Orinoco, una de las regiones con mayores recursos minerales de Venezuela.

Miranda Center señala además que en esa región se ha documentado la presencia de grupos armados ilegales.

El resumen presentado por la organización menciona específicamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Tren de Aragua entre los actores que operan en ese territorio.

La investigación sostiene que esta presencia económica otorga a las Fuerzas Armadas acceso directo al punto donde los recursos naturales del país se transforman en ingresos.

El modelo cubano que sirve de referencia

Para explicar el sistema venezolano, el estudio examina primero la estructura de GAESA, el conglomerado perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

La investigación estima que GAESA controla entre 40% y 50% de la economía cubana mediante empresas vinculadas al turismo, comercio exterior, banca, remesas y logística, sectores que concentran buena parte de los ingresos en divisas de la isla.

El conglomerado habría acumulado en 2024 alrededor de 17.900 millones de dólares en activos, de los cuales aproximadamente 14.400 millones estaban en cuentas bancarias, según documentos filtrados citados por el informe.

Pese a la magnitud de esos recursos, GAESA no publica estados financieros, no aparece de manera transparente en el presupuesto nacional y no puede ser auditada mediante los mecanismos ordinarios de fiscalización pública cubanos.

Miranda Center sostiene que su dirección está concentrada en menos de 15 personas cercanas al círculo de poder de la familia Castro.

De Raúl Castro a López-Calleja

GAESA fue creada durante la década de 1990 bajo la influencia de Raúl Castro, en medio de la profunda crisis económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética.

Posteriormente, bajo la dirección del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, el conglomerado extendió su presencia hacia el turismo, los puertos, la logística, las importaciones, el comercio exterior y las operaciones asociadas al combustible.

Rodríguez López-Calleja dirigió GAESA hasta su muerte en 2022 y llegó a convertirse en una de las figuras más poderosas de la estructura económica cubana.

El estudio también menciona investigaciones sobre Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del antiguo jefe de GAESA, y su presunta vinculación con sociedades y operaciones marítimas en el exterior.

El reporte recoge conexiones empresariales rastreadas hasta jurisdicciones como Panamá, España y Luxemburgo, aunque advierte que parte de esas estructuras resulta difícil de comprobar de manera independiente por la opacidad financiera del sistema.

Más del 80% de la infraestructura de combustible

Uno de los sectores donde el peso de GAESA sería mayor es el energético.

Investigaciones citadas por Miranda Center estiman que entidades vinculadas al conglomerado militar influyen o controlan más del 80% de la infraestructura y la logística asociadas al combustible que entra en Cuba, incluidos puertos, almacenamiento, canales de importación, transporte y acceso a divisas.

El propio informe reconoce que el porcentaje exacto resulta difícil de verificar debido a la ausencia de información pública sobre las operaciones del régimen cubano.

La investigación sostiene además que una reciente flexibilización de las importaciones de combustible no necesariamente modificó esa estructura.

Una investigación de CubaNet citada por Miranda Center encontró vínculos entre varios de los nuevos importadores autorizados y GAESA, organismos gubernamentales o personas relacionadas con la familia Castro.

La conclusión recogida en el reporte fue directa: “GAESA no ha renunciado a su monopolio”.

El petróleo venezolano que fortaleció el sistema cubano

El vínculo entre los dos modelos se vuelve especialmente visible en la relación energética entre Caracas y La Habana.

Miranda Center calcula que, desde el año 2000, Venezuela transfirió a Cuba el equivalente de al menos 63.800 millones de dólares mediante petróleo subsidiado, inversiones, alivio de deuda y acuerdos energéticos preferenciales.

De ese monto, unos 57.400 millones de dólares corresponderían al valor ajustado por inflación de los suministros petroleros.

Para 2008, Venezuela enviaba aproximadamente 115.000 barriles diarios de petróleo a Cuba, mientras que entre 2005 y 2013 los suministros se situaron generalmente entre 90.000 y 105.000 barriles diarios, según las cifras recopiladas por el informe.

El estudio sostiene que esos recursos contribuyeron a fortalecer sectores de la economía cubana que terminaron bajo la influencia de GAESA.

Aunque muchas operaciones fueron formalmente canalizadas mediante PDVSA y CUPET, Miranda Center señala que parte de la infraestructura asociada —puertos, almacenamiento, logística marítima, comercio exterior y transacciones en divisas— quedó progresivamente integrada en la órbita del conglomerado militar cubano.

El esquema 51%-49% en Venezuela

El informe analiza también la utilización de empresas mixtas en Venezuela.

Según la investigación, algunas de estas compañías se estructuraron bajo una fórmula de 51% de participación militar y 49% de capital privado.

El socio privado aporta tecnología, conocimientos técnicos o capital, mientras que la contraparte militar proporciona acceso al Estado, infraestructura, licencias y recursos estratégicos.

Miranda Center sostiene que este tipo de esquema puede ofrecer a determinados socios privados acceso preferente a contratos públicos, recursos estatales o divisas en condiciones que no están disponibles para otras compañías.

Economía y supervivencia política

La tesis central del informe presentado en Washington es que la expansión empresarial de las Fuerzas Armadas en Cuba y Venezuela no debería entenderse únicamente como un fenómeno de corrupción o mala administración.

Para Miranda Center, se trata de una arquitectura de poder.

El acceso a empresas, cargos y rentas genera incentivos económicos que refuerzan la dependencia de los mandos militares respecto del sistema político que les concede esos privilegios.

“Un aparato militar que posee la mitad de la economía no necesita dar un golpe de Estado; simplemente puede comprar su supervivencia política”, resume el documento.

El centro sostiene por ello que cualquier proceso de transición política en Venezuela o Cuba tendría que incluir reformas destinadas a separar a las Fuerzas Armadas de las actividades comerciales, transparentar sus empresas y someterlas a mecanismos independientes de fiscalización.

La experiencia cubana constituye, según el informe, una advertencia particular para Venezuela: incluso cuando se introducen aperturas económicas formales, las estructuras militares pueden adaptarse mediante compañías intermediarias, sociedades mixtas o empresas aparentemente privadas.

Por eso, la organización concluye que desmontar el aparato militar-comercial no debería plantearse como una reforma posterior a una transición democrática, sino como una condición para que esa transición pueda consolidarse.