Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, pidió a los diplomáticos de la comunidad que sigan de cerca los acontecimientos en Cuba el próximo 15 de noviembre, día de una Marcha Cívica por el Cambio a la que convocaron opositores.
Los delegados mantendrán informado a Borrell, tras responder el responsable de exteriores de la UE la carta enviada por la Delegación de Relaciones con América Central y Cuba, de la que forman parte los eurodiputados Javier Nart, Tilly Metz (Los Verdes) y Jens Gieseke (democristiano), informó este jueves el diario El Mundo.
En la misiva, solicitaron que los diplomáticos observaran in situ los acontecimientos, al amparo de la Convención de Viena, confirmaron al medio citado fuentes políticas de Bruselas.
El diario español califica la noticia como un “espaldarazo de la Unión Europea a los jóvenes rebeldes cubanos”. Añade que “un grupo de diplomáticos de países europeos que se encuentran en la capital cubana también están decididos a participar como observadores en las protestas cívicas, tal y como hicieron durante la marcha LGBTI de 2019”.
Según El Mundo, entre esos embajadores “no se cuenta el español Ángel Martín, conocido por sus buenas relaciones con el gobierno castrista”.
La delegación europea en La Habana está encabezada por la portuguesa Isabel Brilhante, declarada persona non grata y expulsada por el régimen venezolano de Nicolás Maduro en febrero pasado.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos vigilará “de manera remota” la situación en Cuba el 15 de noviembre, declaró a Radio Martí Marta Hurtado, portavoz de la alta comisionada Michelle Bachelet.
Según la funcionaria, su Oficina no tiene la autorización de participar como observador internacional en la Marcha Cívica por el Cambio, como había pedido el grupo opositor Archipiélago, que convoca la manifestación pacífica.
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La institución se comprometió a que “continuará dando seguimiento” a los acontecimientos “en el país a través del monitoreo remoto, de acuerdo con su mandato en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
“A medida que se acercan las protestas del 15 de noviembre, recuerdo a las autoridades cubanas su obligación de proteger y facilitar la expresión a través de protestas pacíficas. Es una violación del Estado acosar e intimidar a los organizadores para evitar protestas pacíficas”, expresó Voule en Twitter.
La Marcha Cívica por el Cambio, declarada “ilícita” por el régimen comunista y cuyos promotores fueron amenazados con cárcel, pedirá que cese la violencia del Estado contra los disidentes, el respeto a los derechos humanos en Cuba y la liberación de presos políticos, unas 590 personas que en su mayoría ingresaron tras las rejas desde las masivas protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio pasado.
