Cubanos usuarios de redes sociales criticaron este sábado las peticiones de condena que la Fiscalía Provincial de La Habana está haciendo contra los residentes de La Güinera que salieron a las calles a manifestarse los pasados 11 y 12 de julio.
La cuenta de Twitter @justicia11j, del usuario identificado como "Grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos", denunció que la entidad acusatoria del régimen en la capital “ha comenzado a utilizar el delito de sedición con una connotación política para enjuiciar a jóvenes de La Güinera que salieron a manifestarse”.
Según expuso, las condenas que exige para los ciudadanos rebasan los 20 años de privación de libertad en la gran mayoría de los casos, lo que evidencia el uso de la sedición “como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política”.
“La desobediencia civil no es ni sediciosa ni se debe catalogar como vandalismo. Hacerlo es discriminatorio y elitista. El 11 de julio en Cuba fue espontáneo”, subrayó el referido Grupo de trabajo.
La Fiscalía pide 20 años de condena para dos ciudadanos, 21 años para 15, 25 años para ocho y 15 para cinco. Destacan los casos de Emiyoslán Román, a quien “esperaron que cumpliera 18 años de edad en prisión para proponer condena de 15 años”, y de Elieser Gordín Rojas, para el que solicitan 27 años en prisión.
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Las protestas de La Güinera estuvieron entre las más concurridas y tensas de las que se registraron el 11 y el 12 de julio en más de 60 localidades de Cuba. En ellas perdió la vida Diuvis Laurencio Tejeda, la única víctima mortal reconocida por el régimen.
Tejeda falleció como consecuencia de un disparo efectuado por el subteniente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Yoennis Pelegrín Hernández, en circunstancias carentes de coherencia entre el alegato de éste y los informes forenses a partir de la necropsia del occiso.
Los órganos judiciales cubanos, acusados de responder al Partido y no a su misión de impartir justicia, han expedido multas y condenas de privación de libertad para decenas de manifestantes en otras localidades, por la supuesta comisión de delitos como “desorden público” y “desacato”.
Otros han sido expulsados de sus centros de trabajo, como el doctor holguinero Manuel Guerra y el profesor universitario David Martínez Espinosa.
