Autoridades de La Habana han impuesto más de 250 multas de hasta 8000 pesos por infracciones relacionadas con el aumento “injustificado” de precios, según la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Unas 200 fueron a mercados agropecuarios y otras 50 a panaderías. Al mismo tiempo, la ACN asegura que los grupos de enfrentamiento, tanto del Gobierno provincial como a nivel de municipio, incrementaron la imposición de sanciones ante las “desobediencias cometidas por personas inescrupulosas”.
Respecto a las cuantías, Orestes Llanes Mestre, jefe del subgrupo de Fiscalización, Control e Higiene del Consejo de Defensa Provincial, dijo que se han castigado con importes de 5000 pesos por omisiones de información sobre tarifas y precios en las tablillas de los comercios y establecimientos de servicios.
La ACN llega a decir que, en el municipio de 10 de Octubre, unos vendedores ambulantes huyeron cuando se le acercó el grupo de enfrentamiento y dejaron las carretillas, los panes, los quesos cremas y las mantequillas que comercializaban, porque sabían que ejercían su labor de manera ilegal.
En este caso se decomisaron todos los productos, los cuales fueron entregados a las unidades de alimento animal, porque no se tenía la constancia de su calidad.
También señaló que hay una ofensiva del Gobierno de La Habana contra las panaderías, pues en numerosas ocasiones se ha detectado que el pan que venden algunos comerciantes en la calle proviene de entidades estatales, y se ha separado de sus cargos a maestros panaderos y administradores por incurrir en estas infracciones.
Con el objetivo de combatir las conductas de “indisciplina y descontrol” a partir de la puesta en marcha del ordenamiento económico en Cuba, a finales de enero pasado entró en vigor el Decreto-Ley 30 que dispone severas cuantías por violaciones de tarifas y precios.
El primer ministro Manuel Murillo dijo en agosto anterior en la Mesa Redonda que habían reclutado 22 281 cubanos para formar los grupos de enfrentamiento, contra los llamados coleros, acaparadores y revendedores.
Hasta el 31 de julio de 2020 se había actuado sobre 1285 coleros, de ellos, 453 recibieron medidas profilácticas, 634 fueron multados y 280, acusados por los delitos de actividad económica ilícita, desobediencia, acaparamiento y propagación de epidemias, según una nota publicada por el sitio web del Ministerio del Interior (Minint).
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó en el 2020, 1433 detenciones arbitrarias.
Además, hasta el 1 de diciembre pasado, 134 cubanos permanecían presos por motivos políticos según el balance de la ONG Prisoners Defenders.
