Nueve niños venezolanos y algunas de sus madres permanecen todavía detenidos, tras varias semanas de reclusión, en un centro gubernamental en el sur de Trinidad y Tobago a pesar de la petición de miembros del Ejecutivo de Puerto España de que sean liberados de forma inmediata.
El director de Inmigración de Trinidad y Tobago y el jefe del Estado Mayor de la Defensa del país apelaron este miércoles las órdenes judiciales que los mantienen detenidos para que sean liberados del centro de detención del Helipuerto de Chaguaramas.
El caso, de no resolverse en breve, podría llegar al Tribunal de Apelación de Trinidad y Tobago a principios de la próxima semana.
Funcionarios gubernamentales explicaron que en la audiencia del recurso de apelación, el Estado pretende argumentar que la decisión judicial no está justificada.
También se pedirá al Tribunal de Apelación que suspenda la ejecución de las órdenes judiciales.
El grupo de venezolanos está representado por los abogados Criston Williams y Kerrina Samdeo, mientras que el Estado lo está por los fiscales Neil Byam y Nisa Simmons.
Los nueve menores detenidos en el helipuerto Chaguaramas pudieron pasar la despedida del año con sus familias, que se encuentran legalmente en Trinidad y Tobago, una hora el pasado día 31, cerca del momento del cambio de año, aunque después retornaron al encierro.
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Los niños, junto a varios adultos, habían entrado ilegalmente en Trinidad y Tobago el pasado 17 de noviembre.
El grupo fue arrestado y llevado a la comisaría de la localidad de Erin, donde pasaron cinco noches en prisión.
El 22 de noviembre fueron escoltados fuera de las aguas de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera, una vez que las autoridades de ese país afirmaron no tener conocimiento de una solicitud presentada para detener la deportación.
Después de pasar dos días en el mar, el grupo regresó a Trinidad y Tobago el 24 de noviembre, donde fueron nuevamente retenidos en la comisaría de Erin y posteriormente trasladados al helipuerto Chaguaramas, donde han estado hasta ahora.
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CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN DE LA OEA
Trinidad y Tobago denunció el miércoles la "continua campaña de desinformación" sobre el país por parte de la Secretaría General de la OEA y criticó, específicamente, la postura del organismo sobre el naufragio que dejó unos 30 venezolanos muertos cuando se dirigían a territorio trinitense.
"Utilizar la trágica circunstancia e, incluso, la muerte de ciudadanos venezolanos, de tal manera es desagradable, reprobable y va en contra del propósito de la Organización y de su Secretaría General", señaló en un comunicado el ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago al condenar el contenido de un documento difundido el 30 de diciembre por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El texto, titulado "Nuevo informe advierte que el número de refugiados y migrantes venezolanos podría elevarse a 7 millones en 2021", menciona la muerte de 33 venezolanos en un naufragio a mediados de diciembre, cuando trataban de llegar a Trinidad y Tobago.
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El documento "de forma inexacta señala que los restos de los fallecidos fueron encontrados en la frontera marítima de Venezuela y Trinidad y Tobago. Los expedientes, de hecho, han detallado que el incidente ocurrió en aguas venezolanas frente a la costa de Guiria", señala el ministerio trinitense.
El Gobierno trinitense asegura que hay una "narrativa falsa" de que los venezolanos llegaron a la isla de Trinidad, pero que fueron rechazados, la supuesta razón por la que se ahogaron en aguas de la costa de Venezuela.
"El rumbo actual de la OEA puede resultar en un daño incalculable a la integridad de la organización y la confianza depositada en ella por sus legítimos miembros", concluye el comunicado.
A mediados de diciembre, Trinidad y Tobago anunció que no participaría en ninguna votación de la OEA hasta que se reincorpore al representante del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y se destituya al delegado del líder opositor Juan Guaidó, quien denunció al Gobierno trinitense por el naufragio.
"Asistimos a las reuniones, pero no votamos sobre ninguna resolución ni apoyamos ninguna resolución hasta que las personas que están sentadas allí representando a los países sean las adecuadas", dijo el primer ministro, Keith Rowley.
(Con información de EFE)
