El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un documento oficial donde señala los gobiernos directamente implicados en la trata de personas, entre ellos Cuba, China, Rusia y Nicaragua.
Apoyado en sus prerrogativas, el mandatario puede sancionarlos, evitar que llegue ayuda humanitaria a su favor o imponer multas a organizaciones que comercian con dichos gobiernos. El período mencionado por el presidente comenzaría el año fiscal 2021 y se extendería hasta que “cumplan las normas mínimas de la Ley o realicen esfuerzos significativos para cumplirla”.
Además de las colaboraciones comerciales y humanitarias, la nota presidencial hace alusión por segunda vez a Cuba, refiriéndose a que Washington “no permitirá la participación en programas de intercambio educativo y cultural por funcionarios o empleados” cubanos, sirios y coreanos.
Esta orden presidencial es la consecuencia del informe anual sobre trata de personas presentado en junio de 2020, un documento que emite el Departamento de Estado por mandato del Congreso desde 2001. En el último, Washington sumó a Nicaragua, Afganistán, Argelia y Lesotho al listado de 15 países con los peores índices, donde se encontraban también Cuba, Venezuela, Irán, China y Rusia.
Para Cuba las posibles sanciones serán menos perjudiciales de lo que parecería a primera vista, porque una de las consecuencias más comunes es que la Casa Blanca quite su apoyo a estos países en el Fondo Monetario Internacional, donde la isla no tiene asiento.
Pero, aun así, el gobierno de Estados Unidos puede presionar a la isla comunista, sobre todo porque la administración Trump no pierde oportunidad de mantener en jaque a la cúpula dictatorial cubana.
Sobre La Habana pesan las acusaciones de utilizar sus misiones médicas en otros países para obtener dinero sin garantizar a los trabajadores de la salud las condiciones legales y laborales mínimas. En la mayoría de los casos, el régimen se queda con entre el 60 y 90% de los salarios pagados a los galenos por el gobierno extranjero que los contrata, siempre por mediación del gobierno cubano.
Además, organizaciones internacionales y desertores de las llamadas “brigadas médicas” han denunciado restricciones a los derechos de movilidad, acoso de agentes encubiertos dentro de las misiones, retraso de pagos, vigilancia y otras actividades que atentan contra los derechos humanos.
Sin embargo, estas no serían las únicas sanciones que la administración Trump puso sobre las cabezas de los jerarcas castristas en los últimos días. Ayer se supo que la compañía Generali Global Assitance, Inc. (GGA), vinculada a la prestación de servicios de viajes, acordó pagar cinco millones de dólares al Departamento del Tesoro por violar el embargo contra la isla.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) comunicó en una nota que GGA realizó 2593 violaciones del Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR, por sus siglas en inglés).
De esta forma la empresa se une a otras multadas durante este año por la misma razón. Entre ellas están el banco británico Standard Chartered, Expedia Group, General Electric, Allianz Global Risks U.S. Insurance Company y la suiza Chubb Limited.
Al respecto, el 23 de septiembre Trump anunció nuevas medidas contra el régimen, que restringen el alojamiento en ciertas propiedades en Cuba; importación de alcohol y tabaco de origen cubano; asistir u organizar reuniones o conferencias profesionales en Cuba; y participar y organizar determinadas presentaciones públicas, clínicas, talleres, concursos y exposiciones en la isla.
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Además, el Tesoro sancionó al general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, cercano a la familia Castro y jefe del conglomerado empresarial adscrito a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) del régimen cubano.
López-Callejas es presidente de GAESA, una dependencia de los militares cubanos con dominio sobre infraestructura hotelera, agencias de viaje, fábricas y empresas de servicios en todo el país. Expertos consideran que aporta la mayor parte de los ingresos del régimen.
El general estuvo casado con una hija de Raúl Castro y mantienen excelentes relaciones con la familia reinante y el mundo empresarial acreditado en Cuba.
Washington ya había sancionado a Caroil Transport Marine Ltd., con sede en Chipre, y Trocana World Inc. y Tovase Development, con sede en Panamá, encabezadas por Guillermo Faustino Rodríguez López-Callejas, hermano del general.
El 28 de septiembre Estados Unidos sancionó a las empresas AIS y Fincimex S. A., compañía que se encargan de gestionar la recepción de las remesas en Cuba.
La nota del Departamento de Estado recordó que AIS es una empresa controlada por militares cubanos —aunque tenga su sede en Panamá—, al igual que su par en Cuba, Fincimex. Ambas se utilizan para financiar el aparato represivo del castrismo, agregó la nota, razón que justifica la sanción a ojos del gobierno estadounidense.
