Un tribunal español dictó sentencia en la que rechaza las tres peticiones planteadas por la hotelera Meliá en su guerra con la familia cubana Sánchez Hill por la explotación de dos hoteles en Cuba, levantados en tierras suyas antes de 1959.
En concreto, Meliá había dicho al juez que la demanda de los Sánchez Hill es un “intento encubierto” de esquivar los efectos de la normativa comunitaria relativos a la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país (Estados Unidos).
Meliá señala que Central Santa Lucía es una sociedad constituida para reclamar una indemnización por las confiscaciones del gobierno cubano y denuncia que el presente caso se fundamenta en el título III de Ley Helms-Burton, la cual no tiene efectos en España gracias al Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea.
Los Sánchez Hill, asesorados por el abogado Alejandro Gimeno-Bayón, no recurren a la ley en su argumentación y sostienen su tesis en el llamado enriquecimiento injusto, sobre el que la justicia española sí puede pronunciarse. El juzgado coincide con este argumento y recuerda que el procedimiento “se resolverá única y exclusivamente por enriquecimiento injusto”.
Respecto al mantenimiento de la confidencialidad del proceso, Meliá manifiesta su temor a que los Sánchez Hill recopilen documentación que puedan usar contra la hotelera más adelante en Estados Unidos. La hotelera de los Escarrer, que ha fichado a Garrigues para su defensa, había pedido que los Sánchez Hill firmasen un documento donde prometían no revelar o difundir la documentación del proceso o iniciar acciones al amparo de la Helms-Burton en Estados Unidos.
El juzgado asegura no apreciar causa que justifique la adopción de medidas “tan restrictivas y contrarias al principio general de la publicidad de las actuaciones, esenciales en una sociedad democrática”. Además, añade que Meliá no ha demostrado que los Sánchez Hill tengan idea de usar este procedimiento para iniciar acciones en Estados Unidos.
Este es el último capítulo de una batalla judicial que arrancó hace un año, en junio de 2019, cuando la familia de origen cubano presentó una demanda contra la cadena hotelera por explotar dos hoteles, Paradisus Rio de Oro y Sol Rio y Luna Mares, en unos terrenos que les fueron expropiados tras la Revolución de 1959.
La demanda llegó a los tribunales españoles después de que Estados Unidos reactivase la polémica Ley Helms-Burton, la normativa que permite a norteamericanos y cubanos nacionalizados reclamar indemnizaciones por los bienes que les fueron confiscados por Fidel Castro, aunque la Justicia española no puede valorar este asunto y, por lo tanto, la demanda no está basada en dicha ley.
Ahora el magistrado ha rechazado el intento de Meliá por suspender el procedimiento y, con esta resolución, a la cadena sólo le queda una última jugada: el recurso de reposición ante el mismo juzgado en los cinco días siguientes a la notificación, es decir, antes del sábado. Los demandantes reclaman a Meliá una indemnización de al menos diez millones de dólares.
