El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de otros siete prisioneros políticos encarcelados por oponerse al régimen de la isla, y cuyos casos han sido incluidos en la lista de Cuban Prisoners Defenders (CPD), informó este jueves la organización independiente de derechos humanos.
Se trata de Eliecer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa López, Melkis Faure Hechevarría, Mitzael Díaz Paseiro, Silverio Portal Contreras y Aymara Nieto Muñoz. Los dos últimos prisioneros mencionados, han sido víctimas de golpizas en días recientes, según denunciaron familiares.
El pronunciamiento de la ONU eleva a diez los casos que en menos de seis meses el organismo ha declarado como detenciones arbitrarias, y exige “la inmediata liberación y reparación con indemnización por los daños causados a dichas personas”.
Los presos políticos Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Marbel Mendoza Reyes, ya habían sido mencionados por la entidad internacional.
“Estas dos resoluciones de diez presos políticos, en menos de seis meses, así como el caso de José Daniel Ferrer [líder de la Unión Patriótica de Cuba] y sus tres compañeros, en base a procedimientos iniciados por Prisoners Defenders, demuestran que los organismos de defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas sí son efectivos y pueden dar resultados”, declaró la organización de derechos humanos.
CPD afirma que, para lograr pronunciamientos como este de la ONU sobre las víctimas de violaciones de derechos y los activistas encarcelados por el régimen, se necesita “una preparación jurídica y un trabajo exhaustivo para que dichos mecanismos tengan herramientas para actuar”.
Luego de analizar evidencias de las detenciones y juicios arbitrarios, así como las justificaciones del régimen, el Grupo de Trabajo de la ONU concluyó que “la información aportada por el Gobierno en muchos casos corrobora, y en otros no desvirtúa, aquella aportada por la fuente” denunciante.
El informe de la ONU es claro: “Las acusaciones penales contra los siete activistas, fueron fundamentadas en cargos similares, como desacato, desobediencia, atentado, desórdenes públicos, resistencia y peligrosidad social pre-delictiva. La información aportada le permite al Grupo de Trabajo considerar que las detenciones (…) estuvieron basadas en el ejercicio de los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, reunión, o su pertenencia a asociaciones prodemocráticas y defensoras de derechos humanos, protegidos por los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal”.
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Para arribar a este reconocimiento internacional de los prisioneros políticos cubanos, CPD insiste en que “no son suficientes las denuncias verbales, sin el lenguaje jurídico adecuado y sin el material de prueba necesario”.
Demanda “un trabajo adicional al trabajo sobre el terreno de la defensa de los derechos humanos, esto es, la máxima colaboración con organizaciones como Prisoners Defenders, y otras, para documentar, reunir y enviar en tiempo y manera todos los documentos jurídicos y pruebas, así como el rechazo de las instituciones a entregar dichos documentos en algunos casos”.
CPD solicitó a la delegación de la Unión Europea en Cuba “iniciar procesos de defensa de estos diez casos, de los cuales ocho tienen que ser liberados de inmediato, y dos de ellos, ya en libertad por cumplimiento de condena, deben tener reparación de los perjuicios causados”.
