EEUU refuerza la Ley Helms-Burton: Supremo permite que ExxonMobil continúe demanda contra empresa estatal cubana
La decisión despeja uno de los principales obstáculos procesales que enfrentan quienes buscan reclamar compensaciones por propiedades nacionalizadas por el régimen cubano a partir de 1959.
Creado: June 23, 2026 6:56pm
Actualizado: June 23, 2026 7:45pm
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este martes un nuevo respaldo a la aplicación de la Ley Helms-Burton al autorizar que la petrolera ExxonMobil continúe su demanda contra la corporación estatal cubana Cimex por bienes confiscados tras la Revolución, una decisión que podría facilitar futuras reclamaciones similares contra entidades del régimen cubano.
Según informó la agencia EFE, la máxima instancia judicial estadounidense resolvió, por seis votos frente a tres, que las empresas estatales de Cuba no pueden invocar la inmunidad soberana prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés) para bloquear demandas presentadas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
La decisión despeja uno de los principales obstáculos procesales que enfrentan quienes buscan reclamar compensaciones por propiedades nacionalizadas por el régimen cubano a partir de 1959.
El litigio fue iniciado por ExxonMobil, que reclama una indemnización por la confiscación, en 1960, de una refinería y más de un centenar de estaciones de servicio que operaba en Cuba y por las que nunca recibió compensación.
De acuerdo con EFE, el Supremo concluyó que la Ley Helms-Burton constituye un régimen jurídico específico que deja sin efecto la inmunidad soberana de las agencias y empresas estatales cubanas en este tipo de casos, por lo que la petrolera no está obligada a demostrar que se cumple alguna de las excepciones contempladas en la legislación general sobre inmunidad de Estados extranjeros.
La resolución supone un precedente relevante para otras reclamaciones pendientes relacionadas con las expropiaciones realizadas por el régimen de Fidel Castro hace más de seis décadas.
El fallo llega pocas semanas después de otra decisión favorable a los demandantes bajo el mismo marco legal. En mayo, el Tribunal Supremo permitió que avanzara la compensación reclamada por Havana Docks, empresa propietaria de antiguos muelles en el puerto de La Habana, utilizados entre 2016 y 2019 por varias compañías de cruceros estadounidenses y extranjeras.
En ese caso fueron demandadas Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises por operar en instalaciones portuarias confiscadas por el Estado cubano.
El Título III de la Ley Helms-Burton, cuya aplicación fue activada en 2019 por la administración de Donald Trump tras permanecer suspendida durante más de veinte años, permite a ciudadanos y empresas estadounidenses —incluidos cubanos que posteriormente adquirieron esa ciudadanía— presentar demandas contra quienes se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen cubano sin indemnización.
La decisión del Supremo llega, además, en un momento en que La Habana ha comenzado a enviar señales sobre su disposición a abordar uno de los asuntos más sensibles en la relación bilateral con Washington: las indemnizaciones por las propiedades nacionalizadas tras la Revolución.
Recientemente, el viceministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera afirmó en una entrevista que el régimen está dispuesto a dialogar sobre el proceso de nacionalizaciones "sobre bases de respeto". "Tenemos temas quizás más complicados, como el proceso de nacionalizaciones, sobre los que también estamos dispuestos a dialogar", declaró el funcionario.
Asimismo, aseguró que La Habana estaría dispuesta a explorar acuerdos "aceptables" tanto para las empresas extranjeras afectadas como para los cubanos que posteriormente emigraron y adquirieron la ciudadanía estadounidense.
Esas declaraciones cobraron especial relevancia porque la propia Ley Helms-Burton condiciona la normalización plena de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos a la resolución de las reclamaciones derivadas de las expropiaciones realizadas por el régimen. Aunque el funcionario no explicó qué mecanismos podrían emplearse para una eventual compensación, sus palabras fueron interpretadas como una inusual apertura sobre un tema que durante décadas ha permanecido prácticamente intocable para las autoridades cubanas.
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