Agencias federales estadounidenses habrían ampliado el escrutinio sobre presuntas operaciones de influencia del régimen cubano en Estados Unidos, incluidas investigaciones relacionadas con diplomáticos, organizaciones de solidaridad y activistas que durante años promovieron campañas para modificar la política estadounidense hacia La Habana.
Funcionarios de los departamentos de Justicia, Estado y del Tesoro investigan la forma en que el gobierno cubano habría construido, durante décadas, una red de organizaciones y actores políticos con capacidad para influir en gobiernos locales, sindicatos y otros espacios de la vida pública estadounidense, según revelaciones de la cadena Fox en junio.
Uno de los funcionarios mencionados en ese reporte es David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington. Un video difundido por Fox News lo muestra participando el 9 de mayo en una reunión celebrada en el Machinists Hall, en California, donde conversó con activistas estadounidenses sobre estrategias para promover iniciativas legislativas favorables a Cuba.
Durante ese encuentro, Ramírez Álvarez discutió estrategias de cabildeo, campañas para eliminar las sanciones estadounidenses y mecanismos para presionar a congresistas federales. También alentó a los asistentes a promover resoluciones en distintos niveles de gobierno alineadas con las prioridades del régimen cubano, de acuerdo con el material audiovisual difundido por Fox News.
Sin embargo, la reunión no parece constituir un episodio aislado.
Registros públicos revisados por ADN Cuba muestran que diplomáticos cubanos han participado durante años en encuentros con organizaciones estadounidenses que posteriormente impulsaron resoluciones municipales, estatales y sindicales favorables a las posiciones del régimen. En varios casos, esas actividades coinciden con campañas descritas por el propio gobierno cubano en sus informes oficiales y con estrategias reconocidas públicamente por los organizadores de dichas iniciativas.
Uno de esos episodios ocurrió a comienzos de 2024.
La embajadora de Cuba en Estados Unidos, Lianys Torres Rivera, participó en una reunión en Maine con representantes de varias organizaciones, entre ellas capítulos de Democratic Socialists of America (DSA), el Partido Comunista de Maine, Veterans for Peace y Let Cuba Live.
De acuerdo con un reporte publicado por Pine & Roses, una publicación vinculada al DSA de Maine, la diplomática instó a los asistentes a promover resoluciones y ejercer presión sobre autoridades municipales, estatales y federales para lograr la exclusión de Cuba de la lista estadounidense de Estados Patrocinadores del Terrorismo y el levantamiento de las sanciones económicas.
"Torres Rivera imploró a los activistas que continúen este trabajo, para asegurarse de que su ciudad, su sindicato, su estado, sus representantes y sus senadores adopten o apoyen resoluciones similares", resume la publicación, que concluye llamando a continuar el trabajo de solidaridad con Cuba junto a otras campañas internacionales
Los llamamientos realizados por Ramírez Álvarez y Torres Rivera guardan una notable similitud con las campañas que el propio gobierno cubano ha descrito durante años en sus informes oficiales.
La evidencia ya no proviene únicamente de evaluaciones de inteligencia o testimonios de desertores.
También surge de documentos publicados por el propio régimen, registros públicos estadounidenses y relatos de los activistas que participaron en esas campañas.
Lo que revelan las publicaciones del régimen
Uno de los indicios más reveladores proviene del balance anual correspondiente a 2023 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la organización creada por el régimen cubano para coordinar sus relaciones internacionales de solidaridad. Una reseña publicada en la página oficial del ICAP sobre esa reunión y posteriormente archivado en línea, ofrece una descripción detallada de la infraestructura internacional construida por La Habana para movilizar organizaciones y activistas fuera de la isla.
Según ese balance, el ICAP mantiene relaciones con 1.893 organizaciones en 153 países y reportó que el movimiento internacional de solidaridad con Cuba, cuya coordinación impulsa, realizó más de 700 acciones durante 2023. La cifra resulta consistente con evaluaciones históricas de la comunidad de inteligencia estadounidense. Un informe de la CIA de 1982 describía al ICAP como un organismo "concebido para organizar, en países extranjeros, asociaciones que respondan a las directrices de La Habana" y estimaba que la institución mantenía vínculos con más de 100 organizaciones de amistad en el mundo. Cuatro décadas después, el propio ICAP afirma mantener relaciones con casi 1.900 organizaciones en 153 países.
Entre las actividades destacadas durante el balance de 2023 figuran campañas para promover movilizaciones, actos públicos y resoluciones dirigidas a presionar por el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
El informe también destaca una "Jornada de Solidaridad con Cuba" que culminó con una manifestación de más de 500 activistas frente a la Casa Blanca, además de caravanas, vigilias, caminatas y plantones organizados durante todo el año para presionar por un cambio en la política estadounidense hacia la isla.
Otro dato resulta especialmente significativo.
El ICAP afirmó que el movimiento internacional de solidaridad logró la aprobación de 106 resoluciones en ciudades estadounidenses que, según sus propios cálculos, representan a más de 55 millones de personas, todas orientadas a respaldar el levantamiento de las sanciones contra el régimen cubano.
Las cifras son consistentes con investigaciones previas de ADN Cuba, basadas en registros públicos, que documentaron la existencia de asociaciones de Ciudades Hermanas, comités de solidaridad y otras organizaciones que promovieron resoluciones y campañas políticas favorables a las posiciones del régimen cubano
La relevancia del ICAP también ha sido señalada durante décadas por exfuncionarios de inteligencia cubanos. Juan Reyes-Alonso, exagente de la Dirección General de Inteligencia (DGI), dijo que aproximadamente el 90% del personal del instituto estaría vinculado a actividades de inteligencia, según declaraciones recogidas por el portal del exoficial de contrainteligencia estadounidense Christopher Simmons.
Por sí sola, esa afirmación constituye solamente el testimonio de un exfuncionario. Sin embargo, los propios reportes del ICAP muestran la existencia de una infraestructura internacional dedicada a coordinar organizaciones, movilizaciones y campañas políticas que coincide con numerosas actividades documentadas posteriormente en registros públicos estadounidenses.
¿Cómo se tradujo esa infraestructura en resultados concretos dentro de Estados Unidos? Los propios organizadores de la campaña sitúan el punto de partida en California. En un artículo publicado en 2017, describieron una visita realizada por el ICAP al Área de la Bahía en 2015 como el origen de una estrategia para promover resoluciones contra el embargo en gobiernos locales estadounidenses.
Cómo las resoluciones se convirtieron en una estrategia nacional
Los documentos revisados por ADN Cuba muestran que la campaña de resoluciones no surgió de manera espontánea en distintas ciudades estadounidenses. Los propios organizadores describieron un modelo diseñado para replicarse de una jurisdicción a otra.
Un testimonio clave aparece en un artículo publicado en 2017 por la activista Rita Barouch y Peter Miller en NACLA. Ambos relataron cómo una visita realizada en 2015 al Área de la Bahía (East Bay) por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) sirvió como punto de partida para una campaña destinada a promover resoluciones contra el embargo estadounidense en gobiernos locales.
Barouch no era una observadora externa. Integraba la Comisión de la Ciudad Hermana entre Regla (Cuba) y Richmond (California), una de las relaciones municipales que posteriormente desempeñaría un papel central en la expansión de esa estrategia.
Según escribieron Barouch y Miller:
"La idea de presentar y lograr la aprobación de resoluciones surgió a raíz de una visita realizada en 2015 al Área de la Bahía por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y de las conversaciones que posteriormente sostuvo con grupos locales de solidaridad, entre ellos la copresidenta de la National Network on Cuba (NNOC), Alicia Jrapko."
El artículo añade que Richmond fue considerada el lugar ideal para comenzar la campaña porque reunía varios elementos considerados esenciales: una relación activa de Ciudad Hermana con Regla, un comité local de amistad con Cuba y funcionarios electos favorables a impulsar ese tipo de iniciativas.
Los agentes de inteligencia cubanos René González y Fernando González entregan la Medalla de la Amistad a los activistas Alicia Jrapko y Bill Hackwell, editores durante años de Resumen Latinoamericano en California y promotores del denominado Comité Internacional, ambos registrados en el condado de Alameda, California, como Fictitious Business Names (nombres comerciales ficticios) por la Asociación para la Inversión en Comités de Acción Popular (AIPAC). Véase la investigación de ADN: De Teherán a La Habana: nuevos actores en la red que conecta a Cuba con grupos pro-Hezbolá y activistas occidentales.
Jrapko, una activista argentina radicada en California y fallecida en 2023, fue una de las figuras más influyentes del movimiento de solidaridad con Cuba en Estados Unidos. El propio ICAP la condecoró por su trabajo en favor de la campaña internacional para la liberación de los integrantes de la Red Avispa.
Lo que siguió, según describieron los propios organizadores, no fue una iniciativa local aislada.
Los organizadores de la National Network on Cuba (NNOC) describen abiertamente cómo trabajaban junto a funcionarios municipales para redactar resoluciones, celebrar su aprobación y replicar esa estrategia en otras ciudades del país. El objetivo, según explicaron en NACLA, era transformar la política de Estados Unidos hacia Cuba "desde abajo hacia arriba".
Décadas después de su creación, en 1991, la NNOC continúa desempeñando ese papel de coordinación.
Según la investigadora María Werlau, fundadora de Archivo Cuba, la organización ha servido como plataforma de coordinación para al menos 72 grupos de solidaridad con Cuba en Estados Unidos.
En la actualidad, la propia NNOC mantiene una Resolution Task Force, encargada de elaborar borradores de resoluciones, cartas modelo, materiales de apoyo y otros recursos destinados a facilitar la aprobación de iniciativas en ayuntamientos municipales, legislaturas estatales, sindicatos y organizaciones civiles, según su sitio web.
El objetivo no consiste únicamente en apoyar una resolución determinada. Consiste en construir un efecto multiplicador.
Cada resolución aprobada pasa a formar parte de una base de datos que sirve como precedente para impulsar iniciativas similares en otras ciudades y estados, proyectando la imagen de un respaldo nacional creciente a las demandas promovidas por la organización.
Una lista publicada por la propia NNOC en enero de 2025 afirma que al menos 117 resoluciones habían sido aprobadas por organismos municipales, legislaturas estatales, sindicatos, consejos laborales y otras organizaciones estadounidenses, representando —según la organización— a más de 60 millones de personas.
La influencia de la NNOC no se limita a la asesoría informal. En algunos casos, las propias resoluciones en las ciudades citan directamente materiales elaborados por la NNOC como fundamento o evidencia del respaldo nacional a estas iniciativas, según materiales revisados por ADN Cuba en varias ciudades hermanas.
Uno de los ejemplos más claros es la Resolución 15-23, aprobada por unanimidad por el Gobierno Municipal de Richmond el 21 de febrero de 2023. La medida instó al entonces presidente Joe Biden a retirar a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y citó expresamente el portal de resoluciones de la NNOC —nnoc.org/resolutions— como evidencia del respaldo nacional a esa iniciativa.
El documento constituye algo más que una referencia bibliográfica. Muestra cómo materiales producidos por una organización dedicada a coordinar campañas de solidaridad con Cuba terminaron incorporados como fuente en un documento oficial de un gobierno municipal estadounidense.
Consideradas de forma aislada, cada una de estas resoluciones puede interpretarse como una expresión legítima de la política local.
Analizadas en conjunto, junto con los documentos del ICAP, los testimonios de sus organizadores y los registros públicos revisados por ADN Cuba, describen una estructura organizada capaz de coordinar campañas, compartir estrategias y reproducir iniciativas similares en distintas jurisdicciones estadounidenses.
Ciudades Hermanas: una infraestructura construida durante décadas
Las resoluciones municipales constituyen solo una parte de una estructura mucho más amplia.
Una investigación de ADN América, basada en documentos públicos, registros municipales, itinerarios de viaje y archivos históricos, identificó los programas de Ciudades Hermanas (Sister Cities) como uno de los principales vehículos utilizados por el régimen cubano para desarrollar relaciones institucionales con gobiernos locales estadounidenses y promover iniciativas favorables a sus posiciones políticas.
Fundada en 1956 por el presidente Dwight D. Eisenhower, Sister Cities International es una organización sin fines de lucro que facilita intercambios culturales, educativos, informativos y comerciales entre comunidades de distintos países. Sin embargo, expertos en inteligencia han advertido que este tipo de programas pueden ser utilizados por gobiernos autoritarios para desarrollar redes de influencia política.
Uno de los primeros en formular esa advertencia fue Christopher Simmons, exoficial de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) que participó en la investigación del caso de espionaje de Ana Belén Montes.
En un análisis publicado en The Washington Times en 2009, Simmons sostuvo que la Dirección de Inteligencia (DI) cubana explotó sistemáticamente los programas de Ciudades Hermanas mientras los servicios de contrainteligencia estadounidenses hicieron poco o nada para impedirlo.
Según Simmons, oficiales de inteligencia cubanos participaron en la creación o el sostenimiento de programas de Ciudades Hermanas en al menos seis de las primeras ocho localidades estadounidenses que establecieron relaciones oficiales con municipios cubanos.
Entre ellos identificó a Félix Wilson Hernández, un oficial de inteligencia que, bajo cobertura diplomática, asistió a reuniones nacionales de la Asociación de Ciudades Hermanas Estados Unidos-Cuba mientras cumplía funciones en Washington entre 1996 y 2000.
Simmons también menciona a Oscar Redondo Toledo, posteriormente expulsado de Estados Unidos en relación con el caso Ana Belén Montes, y a Alejandro Pila Alonso, actual ministro consejero de la Embajada de Cuba en Washington, a quien Simmons y otras fuentes consultadas por ADN identificaron como agente de la inteligencia cubana.
Desde entonces, la red de Ciudades Hermanas entre Estados Unidos y Cuba ha continuado expandiéndose.
La primera relación de este tipo fue formalizada en 1993 entre Mobile, Alabama, y La Habana.
En 2009, Simmons documentó nueve ciudades estadounidenses vinculadas oficialmente con municipios cubanos. Los registros revisados por ADN muestran que actualmente existen al menos 17 relaciones formalizadas, mientras otras 30 asociaciones han explorado iniciativas similares a través de la Asociación de Ciudades Hermanas Estados Unidos-Cuba.
Una revisión realizada por ADN encontró que varias de estas ciudades aprobaron posteriormente resoluciones solicitando el levantamiento del embargo estadounidense o la exclusión de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.
Entre ellas figuran Mobile, Oakland, Philadelphia, Pittsburgh, Richmond y Tacoma.
En varios casos, funcionarios municipales también participaron previamente en viajes organizados a Cuba antes de promover esas iniciativas en sus respectivos gobiernos locales.
De la Brigada Venceremos a las Ciudades Hermanas
Las redes de solidaridad con Cuba en Estados Unidos preceden a los programas de Ciudades Hermanas.
La Brigada Venceremos, creada en 1969 con apoyo de los servicios de inteligencia cubanos para promover la solidaridad con la Revolución Cubana, fue objeto de seguimiento por parte de las autoridades estadounidenses desde la década de 1970.
Un informe del FBI de 1976 sostenía que uno de los objetivos de la organización consistía en reclutar ciudadanos estadounidenses políticamente activos que, con el paso del tiempo, pudieran acceder a cargos públicos o posiciones de influencia dentro del gobierno estadounidense.
El documento advertía que esos vínculos podían proporcionar al gobierno cubano acceso a información política, económica y militar. Décadas después, varios antiguos participantes de la Brigada Venceremos llegaron efectivamente a ocupar cargos públicos.
Entre ellos se encuentran la actual alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien ha reconocido públicamente haber viajado a Cuba con la brigada durante la década de 1970; la excongresista Barbara Lee, quien también participó en esos viajes; y Gayle McLaughlin, exalcaldesa y actual integrante del Gobierno Municipal de Richmond.
McLaughlin participó en la Brigada Venceremos en 1986 y posteriormente se convirtió en una de las principales impulsoras de la relación de Ciudad Hermana entre Richmond y Regla.
También respaldó públicamente la campaña internacional para la liberación de los integrantes de la Red Avispa y promovió resoluciones municipales favorables al levantamiento del embargo estadounidense.
Simmons sostiene que tanto la Brigada Venceremos como los programas de Ciudades Hermanas respondieron a una misma lógica de largo plazo: desarrollar relaciones con simpatizantes, fortalecer redes políticas y crear canales permanentes de contacto entre instituciones estadounidenses y el gobierno cubano.
Richmond: donde convergen todas las piezas
Pocas ciudades ilustran mejor esa evolución que Richmond, California.
Según Rita Barouch y Peter Miller, Richmond fue seleccionada para iniciar la campaña nacional de resoluciones porque reunía todas las condiciones necesarias: una relación activa de Ciudad Hermana con Regla, un comité de amistad consolidado y funcionarios municipales favorables a impulsar iniciativas alineadas con las prioridades del régimen cubano.
La relación entre Richmond y Regla fue formalizada mediante la Resolución 147-99, aprobada en septiembre de 1999. Ese mismo período coincide con la presencia en Estados Unidos de Félix Wilson Hernández, el oficial de inteligencia identificado por Simmons como participante en los programas de Ciudades Hermanas y especialista en desarrollar contactos dentro de comunidades afroamericanas.
Durante las dos décadas siguientes, delegaciones oficiales de Richmond realizaron múltiples visitas a Cuba, mientras representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) recibían regularmente a funcionarios municipales estadounidenses en La Habana.
La relación trascendió el intercambio cultural.
En 2024, una delegación del Gobierno Municipal de Richmond volvió a reunirse con representantes del ICAP durante una visita oficial a Cuba. Meses después, en junio de 2025, el Gobierno Municipal aprobó una nueva resolución solicitando el levantamiento del embargo estadounidense.
Entre los asistentes a esa sesión figuraban David Ramírez Álvarez y Yasser Ibarra, funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington.
Los diplomáticos cubanos Yasser Ibarra y David Ramírez Álvarez, secretarios de la Embajada de Cuba en Washington, junto al alcalde de Richmond, Eduardo Martínez, y la concejal Claudia Jiménez, ambos miembros de la Richmond Progressive Alliance (RPA). La Richmond Progressive Alliance (RPA), según registros públicos revisados por ADN, fue fundada por activistas progresistas, entre ellos Gayle McLaughlin y Marilyn Langlois. La organización también ha coincidido con capítulos de los Democratic Socialists of America (DSA) en el respaldo a candidatos y campañas políticas en Richmond.
Un año más tarde, Ramírez Álvarez aparecería entre los diplomáticos cubanos mencionados en reportes sobre las investigaciones federales relacionadas con presuntas operaciones de influencia del régimen cubano en Estados Unidos.
Considerados individualmente, ninguno de estos hechos demuestra por sí solo una operación coordinada.
Analizados en conjunto, sin embargo, describen una secuencia consistente documentada durante más de tres décadas: programas de Ciudades Hermanas, delegaciones oficiales, relaciones institucionales sostenidas, organizaciones de solidaridad, resoluciones municipales y una participación recurrente de funcionarios del Estado cubano.
Richmond concentra prácticamente todos esos elementos en un mismo escenario, convirtiéndose en uno de los casos más ilustrativos de la supuesta infraestructura de influencia documentada por Simmons.
Más allá de Richmond: una red que se reproduce en distintas ciudades
Richmond no constituye un caso aislado. Documentos públicos revisados por ADN América muestran patrones similares en otras ciudades estadounidenses que mantienen relaciones de Ciudad Hermana con municipios cubanos o participan activamente en redes de solidaridad coordinadas con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Uno de los ejemplos más representativos es Mobile, Alabama, la primera ciudad estadounidense que formalizó una relación de Ciudad Hermana con La Habana en 1993.
Además del intercambio cultural, Mobile mantiene importantes intereses comerciales con la isla. El puerto de la ciudad figura entre los principales puntos de exportación de pollo congelado hacia Cuba y forma parte de una región donde diversos legisladores republicanos han respaldado históricamente la flexibilización del embargo debido a intereses agrícolas y económicos.
El alcalde William Sandy Stimpson, en funciones desde 2013, ha viajado en varias ocasiones a Cuba para promover vínculos comerciales. En una entrevista concedida en febrero de 2024 a la agencia estatal Prensa Latina, afirmó que sus visitas le hicieron comprender que "existen enormes oportunidades económicas que probablemente se nos están escapando de las manos". La propia agencia oficial cubana señaló que el régimen busca ampliar la cooperación con Alabama en áreas como la minería y la investigación científica.
Ese mismo año, el entonces director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad (NCSC), Michael C. Casey, advirtió ante la Asociación de Desarrollo Económico de Alabama (EDAA) sobre los riesgos que pueden representar los proyectos de desarrollo económico con adversarios extranjeros de Estados Unidos.
Durante su intervención, Casey sostuvo que esas operaciones suelen ir mucho más allá de campañas de desinformación o procesos electorales.
Según explicó, pueden incluir el establecimiento de relaciones con funcionarios al inicio de sus carreras políticas, el uso de organizaciones de amistad —como los programas de Ciudades Hermanas— para desarrollar vínculos duraderos con comunidades estadounidenses, la creación de dependencias económicas y el acercamiento a líderes empresariales con capacidad para influir en la formulación de políticas públicas.
Durante su intervención, Casey mencionó específicamente las “operaciones de influencia en Estados Unidos” realizadas por “Rusia, China, Cuba, Irán y otras naciones”.
“Muchos pensamos en la influencia extranjera en el contexto de compras de tierras, elecciones o temas divisivos, pero va más allá de eso”, explicó. “Parte de la influencia extranjera que vemos a nivel estatal y local en Estados Unidos puede ser mucho más sutil y difícil de detectar, pero igual de problemática”.
Las advertencias de Casey adquieren relevancia a la luz de la actividad diplomática desarrollada por Cuba en esas mismas redes. Registros públicos muestran que la embajadora de Cuba en Estados Unidos, Lianys Torres Rivera, ha recorrido desde 2024 varias ciudades que mantienen relaciones de Ciudad Hermana con la isla.
Un mes después viajó a Maine, donde sostuvo un encuentro con miembros de Democratic Socialists of America (DSA), Veterans for Peace y Let Cuba Live. De acuerdo con Pine & Roses, publicación vinculada al DSA de Maine, Torres Rivera instó a los asistentes a trabajar para que "su ciudad, su sindicato, su estado, sus representantes y sus senadores adopten o apoyen resoluciones similares" a favor de retirar a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y levantar las sanciones estadounidenses.
En marzo, la diplomática participó en un encuentro con artistas, periodistas y activistas del Área de la Bahía de San Francisco, entre ellos Rita Barouch, coordinadora de la relación de Ciudad Hermana entre Richmond y Regla.
Los registros examinados por ADN muestran que estos contactos diplomáticos suelen producirse en ciudades donde ya existen organizaciones de solidaridad activas o programas institucionales consolidados.
De los intercambios culturales al cabildeo político
La documentación pública también muestra que varias asociaciones de Ciudades Hermanas han desarrollado actividades que trascienden el intercambio cultural.
La Asociación de Ciudades Hermanas Pittsburgh-Matanzas ofrece otro ejemplo de cómo estos programas pueden trascender el intercambio cultural y convertirse en plataformas de incidencia política. En su sitio web, la organización reconoce que las cuotas de membresía ayudaron a “fortalecer [su] relación con el congresista Mike Doyle”, quien respaldó iniciativas legislativas para flexibilizar la política estadounidense hacia Cuba, se reunió con diplomáticos cubanos y promovió la reactivación del Caucus sobre Cuba en el Capitolio.
La organización también reconoce haber mantenido "comunicación en planificación conjunta y defensa" con la National Network on Cuba (NNOC), la principal red de coordinación de organizaciones de solidaridad con Cuba en Estados Unidos.
Documentos públicos revisados por ADN muestran además que organizaciones de amistad con Cuba en ciudades como Seattle organizan talleres dirigidos a enseñar estrategias de cabildeo para influir en miembros del Congreso y promover cambios en la política estadounidense hacia la isla.
Miembros del Comité de Amistad Seattle-Cuba junto a la congresista Pramila Jayapal, tras el regreso de la legisladora de una delegación del Congreso a Cuba en 2024.
La estrategia también se ha extendido al ámbito estatal.
En Illinois, la Asamblea General ha aprobado resoluciones instando al gobierno federal a poner fin al embargo desde 1998. Una de las más recientes, adoptada durante la sesión legislativa 2021-2022, sostuvo que el estado "se beneficiaría enormemente con la restauración del comercio con la República de Cuba", al facilitar la exportación de productos industriales y agrícolas y la importación de productos biotecnológicos cubanos, incluidos Heberprot-P y CIMAvax.
El papel del ICAP
Aunque las relaciones de Ciudades Hermanas son formalizadas oficialmente por las Asambleas Municipales del Poder Popular en Cuba y los gobiernos locales estadounidenses, la documentación revisada por ADN muestra que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) desempeña un papel recurrente en la gestión de esos vínculos.
Itinerarios de viaje, programas oficiales y registros públicos muestran que delegaciones estadounidenses que visitan Cuba en el marco de programas de Ciudades Hermanas suelen incluir reuniones formales con funcionarios del ICAP.
En numerosos casos, esos encuentros son presentados como espacios para debatir el impacto de las sanciones estadounidenses, fortalecer la solidaridad internacional y coordinar futuras iniciativas de cooperación entre organizaciones y gobiernos locales.
Además de organizar esos intercambios, el ICAP actúa como coordinador para América Latina y el Caribe del Consejo Mundial de la Paz (World Peace Council) y forma parte de su Comité Ejecutivo y su Secretariado. Esa organización también ha participado en iniciativas internacionales recientes, como el Convoy Nuestra América, que reunió a activistas y organizaciones de solidaridad con Cuba en varios países.
Una infraestructura documentada
Considerados individualmente, muchos de los hechos documentados en esta investigación —una resolución municipal, un viaje oficial, una reunión diplomática o un intercambio cultural— pueden parecer actividades legítimas y habituales dentro de las relaciones internacionales entre comunidades.
Analizados en conjunto, sin embargo, los documentos revisados por ADN América describen una infraestructura mucho más amplia.
Los propios informes del ICAP muestran una estrategia internacional basada en la movilización de organizaciones de solidaridad y la promoción de resoluciones políticas. Los registros públicos estadounidenses documentan cómo muchas de esas campañas fueron impulsadas por redes de activistas, asociaciones de Ciudades Hermanas y organizaciones coordinadas por la National Network on Cuba. Finalmente, publicaciones de los propios organizadores muestran cómo esas iniciativas fueron concebidas para reproducirse de una ciudad a otra con el propósito explícito de influir en la política estadounidense hacia Cuba.
Hasta el momento, no existe evidencia pública de que las autoridades federales hayan presentado cargos o determinado que alguna de estas actividades constituya una infracción de la legislación estadounidense, incluidas las normas que regulan la representación de intereses de gobiernos extranjeros.
