La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votó a favor de mantener abierta una petición presentada por el Center for a Free Cuba y la Asociación Española Cuba en Transición que solicita la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y el régimen cubano, al considerar que La Habana ha incumplido de forma reiterada los compromisos en materia de derechos humanos.

Según informó el Center for a Free Cuba, la decisión obliga ahora a la Comisión Europea a elaborar una respuesta motivada en la que explique por qué no ha aplicado las reiteradas resoluciones del Parlamento Europeo que reclaman la suspensión del acuerdo firmado con el régimen.

Durante la sesión de la Comisión de Peticiones intervino Matías Jove, director ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición, quien sostuvo que "el régimen cubano no ha cumplido" con las obligaciones asumidas en el ADPC y recordó que el propio acuerdo contempla mecanismos en caso de incumplimiento.

"Desde su entrada en vigor el número de presos políticos se ha multiplicado por nueve y Cuba hoy tiene más presos de conciencia que el conjunto de Iberoamérica; la represión se ha recrudecido en todo el país y las condiciones de vida del pueblo cubano no solo no han mejorado, sino que se han deteriorado hasta niveles de emergencia social. Eso a pesar de ser la dictadura más subvencionada del mundo", afirmó Jove.

En representación del Center for a Free Cuba, su director ejecutivo, John Suárez, advirtió además sobre los vínculos del régimen cubano con actividades que amenazan la seguridad internacional.

"Desde 2022, miles de ciudadanos cubanos han sido reclutados y han combatido del lado ruso en la guerra de Ucrania", señaló Suárez durante su intervención. También denunció que La Habana mantiene "estrechos vínculos diplomáticos, políticos y, en algunos casos, prácticos con otros Estados ampliamente considerados patrocinadores del terrorismo, entre ellos Corea del Norte e Irán".

La petición recibió el respaldo de eurodiputados, entre ellos representantes del partido español VOX, así como de organizaciones de la sociedad civil que desde hace años reclaman la activación de la denominada cláusula democrática del acuerdo y el fin de la cooperación privilegiada entre Bruselas y el régimen comunista.

El ADPC fue firmado en diciembre de 2016 y comenzó a aplicarse provisionalmente el 1 de noviembre de 2017. El acuerdo regula las relaciones políticas, comerciales y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba bajo el compromiso de promover el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el Estado de derecho.

Sin embargo, organizaciones cubanas y europeas sostienen que el régimen ha incumplido sistemáticamente esos compromisos mientras continúa beneficiándose de la cooperación europea.

Durante años, grupos como la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y decenas de organizaciones de la sociedad civil han pedido una revisión profunda del ADPC e incluso su suspensión, argumentando que la Unión Europea ha mantenido el acuerdo pese al agravamiento de la represión política en la Isla.

Actualmente, la UE financia alrededor de 80 proyectos en Cuba, con un presupuesto cercano a 155 millones de euros, gestionados en su mayoría por organizaciones vinculadas al régimen, incluidas entidades señaladas por su papel en el control social como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

En septiembre de 2025, una treintena de organizaciones de la sociedad civil cubana enviaron una nueva carta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para exigir una revisión urgente del ADPC, como respuesta a la defensa que ese organismo había hecho meses antes de la continuidad del acuerdo.

Un mes después, en octubre de 2025, la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo también pidió auditar y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con La Habana, al considerar que los fondos europeos continúan fluyendo hacia estructuras controladas por el régimen mientras persisten las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Cuba.

Con la decisión adoptada ahora por la Comisión de Peticiones, la Comisión Europea deberá justificar formalmente por qué sigue sin aplicar las resoluciones del propio Parlamento Europeo que reclaman la suspensión del acuerdo con la dictadura cubana.

Más recientemente, en junio pasado, el Europarlamento aprobó una resolución en la que alerta sobre el agravamiento de la crisis política, económica y humanitaria en Cuba, denuncia la represión ejercida por el régimen de Miguel Díaz-Canel y reclama sanciones contra él y otros altos funcionarios.