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El cierre representa un nuevo golpe para el régimen cubano, que durante más de tres décadas convirtió a Sherritt en su principal socio extranjero en la explotación de níquel y cobalto.
El texto fue aprobado por 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, y sostiene que, tras más de cinco décadas de régimen comunista, Cuba está "a punto de convertirse en un Estado fallido".
Durante la reunión, Tsahkna denunció que las violaciones de derechos humanos en la isla “continúan y están empeorando”, señalando entre ellas el encarcelamiento de participantes en protestas pacíficas, el aumento del número de presos políticos y las restricciones sistemáticas a las libertades de expresión, reunión y asociación.
El huracán Melissa azotó el oriente de la isla en octubre de 2025 con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
Este nuevo monto busca proporcionar apoyo logístico a sus socios humanitarios que distribuyen ayudas urgentes dentro del país, aunque no dan detalles de las organizaciones encargadas de esto.
La canciller insistió en que Suecia ha abogado durante años por revisar el ADPC con La Habana y aseguró que cada vez más Estados miembros se alinean con esa postura.
De acuerdo con reportes locales, la iniciativa contemplaba la adquisición de equipos de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a través de una licitación pública valorada en 441 mil euros.
"La Habana apoya abiertamente la guerra de agresión de Rusia, y no debemos ignorar el agravamiento de sus violaciones de derechos humanos", expresó Tsahkna en redes sociales el jueves.
En ese contexto, el Parlamento Europeo subraya que Cuba no puede seguir beneficiándose de una cooperación privilegiada con la Unión Europea, como la que establece el ADPC.
El documento señaló que desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, la dictadura cubana se ha convertido en uno de los más importantes aliados de Moscú.
"Que se auditen y se suspendan los fondos para políticas controvertidas que no producen los resultados esperados, como el PDCA con Cuba, y que dichos fondos se redirijan a medidas urgentes y no controvertidas", añade el documento.
En su declaración, la Asamblea Parlamentaria citó su Resolución 2221 de 2018, en la que condena a los Estados patrocinadores de terrorismo como “una grave amenaza a la estabilidad global”.
