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La decisión despeja uno de los principales obstáculos procesales que enfrentan quienes buscan reclamar compensaciones por propiedades nacionalizadas por el régimen cubano a partir de 1959.
También fue incluida en la lista Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del dictador Raúl Castro y uno de los principales operadores de los servicios de inteligencia del régimen.
De acuerdo con ese medio, ambos recibieron el pasado 12 de junio una comunicación de la Embajada de Estados Unidos en La Habana notificándoles la cancelación de sus visas de entradas múltiples.
A diferencia de rondas anteriores de sanciones, la estrategia de este año se ha concentrado en golpear las principales fuentes de financiamiento de la dictadura cubana y las entidades que, según Washington, sostienen el aparato represivo del régimen.
“Estoy sancionando a la empresa estatal de energía de Cuba, Unión Cuba-Petróleo (CUPET), bajo la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Trump. Las élites comunistas de Cuba han convertido la energía en un arma de control social y lucro cleptocrático”, escribió Rubio.
Entre los sancionados figura el dictador cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su esposa Lis Cuesta Peraza, así como el hijastro del dictador, Manuel Anido Cuesta, residente en Madrid.
Según informó el Departamento de Estado, las sanciones alcanzan a 11 miembros de la élite política y militar cubana, así como a tres organismos estatales relacionados con la seguridad, la inteligencia y la represión interna.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista SDN (Specially Designated Nationals) a Ania Guillermina Lastres Morera, General de Brigada y actual presidenta ejecutiva de GAESA.
La empresa también confirmó que inició el proceso para repatriar a sus empleados que se encuentran en la isla y pidió a sus socios cubanos hacer lo mismo con el personal en Canadá.
Según la agencia, que cita a dos funcionarios de la Casa Blanca, las nuevas medidas están dirigidas contra personas, entidades y afiliados que respalden el aparato de seguridad del régimen o que estén implicados en actos de corrupción o en graves violaciones de derechos humanos.
La medida, según las autoridades estadounidenses, busca respaldar “transacciones que apoyen al pueblo cubano, incluido el sector privado cubano”, lo que comprende exportaciones para uso comercial y humanitario en la isla.
Estados Unidos dejará de aplicar ciertos aranceles adicionales establecidos mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), aunque las emergencias nacionales y otras medidas contra esos países seguirán vigentes.
