“Dile al Gago que está acabando con los muchachos del 11 de julio”. Ese fue el mensaje que mandó, entre risas, el oficial de la policía política Javier Reboso al recluso común que violó a un preso político recluido en el penal de Guanajay, Artemisa, en abril de este año.

Dos años antes, ese mismo preso común, confabulado con el oficial Reboso, intentó violar al también manifestante del 11 de julio de 2021 y prisionero político Julián Manuel Mazola.

La violencia sexual es uno de los grandes problemas que sufren las poblaciones penitenciarias en gran parte del mundo. Sin embargo en Cuba, lejos de enfrentarse, es utilizada por la Seguridad del Estado y los funcionarios penales como forma de tortura e intimidación contra reclusos que exigen sus derechos y prisioneros políticos.

A pesar del rígido control que el régimen cubano ejerce sobre la información de lo que ocurre en los penales y los silencios que genera este tipo de violencia en las víctimas, ADN Cuba accedió a testimonios de prisioneros, familiares y especialistas en derechos humanos que exponen el uso de esta forma de tortura y la impunidad con que se realiza.

Un patrón documentado de represión

En marzo de 2024, el preso político del 11J Artemisa, Julián Manuel Mazola Beltrán, sufrió un intento de violación en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en dicha provincia.

Su agresor, el preso común conocido como “El Gago de San José”, ha estado vinculado a otros casos de agresiones de este tipo en dicho penal y se ha denunciado su complicidad con el régimen. Sin embargo, solo fue condenado a tres meses más de cárcel por el ataque al preso político.

Mazola Beltrán tuvo que iniciar en esa ocasión una huelga de hambre junto a otros compañeros del 11J en protesta para que su agresor fuese amonestado.

A nivel mundial, la tasa de violación en prisiones ha variado a lo largo de los años, pero estudios sugieren que la victimización sexual de los presos oscila entre el 10 y el 28 por ciento.

Un informe especial de Human Rights Watch (HRW) en 2001 sobre el abuso dentro de los sistemas penitenciarios estimó que entre 250,000 y 600,000 presos son violados cada año en Estados Unidos.

En Cuba, como en el resto del mundo, este es un problema de larga data. Evidencias del mismo pueden encontrarse en la novela de Carlos Montenegro, “Hombres sin mujer”, publicada en 1938. 
Sin embargo, resulta preocupante que en el caso cubano, este problema sea instrumentado por las autoridades carcelarias y la Seguridad del Estado, para usarlo como forma de intimidación y castigo contra los reclusos.

Julio César Morales González, condenado en 1993 a seis años de prisión por el delito de sabotaje, fue ultrajado sexualmente en el régimen especial de la prisión El Yayal de Holguín.

El preso político contó al medio independiente Cubanet que cuando ocurrió el suceso se encontraba además sin acceso a los medicamentos de los que era dependiente.

En enero de 2026, el preso político Onaikel Infante Abreu fue abusado sexualmente por un recluso en la prisión de Agüica, Matanzas, mientras se encontraba en celda de castigo, confirmó su esposa Sujay Acosta a ADN Cuba.

Acosta, quien se comunicó con Infante Abreu luego del ataque, conoció que aparentemente entraron varios reclusos comunes a la celda donde se encontraba y uno de ellos lo violó.

“En las celdas de castigo no entra nadie que no sea de la Seguridad del Estado", agregó la esposa en enero anterior.

El expreso político exiliado José Batista Falcón, quien pasó por varias cárceles de Santiago de Cuba explicó a ADN Cuba que contra los presos políticos “emplean todo tipo de prácticas: violaciones sexuales, golpizas, actos denigrantes. Lo hacen los reos comunes enviados por la Seguridad del Estado”.

Durante dos meses que permaneció recluido en la prisión Aguadores, Santiago de Cuba, en 2011, un recluso común enviado por el régimen intentó tocarlo cuando él dormía. El abuso no llegó a concretarse porque otros reclusos defendieron al opositor.

“Cuando yo estuve preso vi intentos de violación e intentos de golpiza contra los presos políticos”, añadió.

En un hilo publicado el 22 de marzo de 2024, Cubalex documentó que las autoridades de la prisión Combinado del Este utilizaban a reclusos comunes para agredir al preso político Yuri Almenares debido a su orientación sexual. 

La organización recordó además que los abusos físicos y sexuales constituyen prácticas sistemáticas en las cárceles cubanas y citó antecedentes como los casos registrados en 2012 en una prisión de Camagüey, donde fueron documentados maltratos, torturas y agresiones contra personas privadas de libertad por su orientación sexual e identidad de género. Entre las víctimas figuraban personas transgénero que incluso fueron amenazadas con perros.

Aunque las violaciones suelen ser las manifestaciones más extremas, las agresiones sexuales también incluyen otro conjunto de prácticas como los tocamientos y contacto físico no consentido, desnudez forzada, registros corporales abusivos, así como acoso, amenazas y humillaciones sexuales.

Para la abogada Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización Cubalex, las agresiones sexuales dentro de la prisión, tanto en las cárceles de mujeres como en las de hombres, “son un arma que se utiliza para controlar y doblegar”.

“El personal de prisión sabe de esta situación y muchas veces las provoca. Hay grupos vulnerables que son más susceptibles: la comunidad LGBTQ+, los menores de edad o las personas mucho más jóvenes que entran en las prisiones de adultos. Actualmente no hay inspección independiente, no hay acceso a donde no se puede mirar y donde tampoco la sociedad mira. El Estado no ha hecho nada”, indicó Diversent.   

La coartada de la violencia delegada

Uno de los objetivos de todo sistema penitenciario es la reinserción social del recluso. Resulta por tanto contraproducente que las propias autoridades estimulen la comisión de nuevos delitos, más cuando se trata de acciones tan graves y estigmatizantes como los delitos sexuales.

Los agresores, que normalmente son personas que ingresaron a prisión por este tipo de delitos o similares, continúan practicándolas en la cárcel con la anuencia o el encargo de las autoridades, lo cual exacerba en ellos este tipo de conductas nocivas, se exponen a nuevas situaciones de conflicto y dificultan aún más su proceso de reinserción social. En cierta medida, los victimarios también resultan víctimas de sus captores y del sistema.

Una ex prisionera política que estuvo recluida en la cárcel de mujeres de Camagüey y que pidió no ser identificada por razones de seguridad contó a ADNCuba que la Seguridad del Estado operaba dentro del penal con la colaboración de la jefatura de la prisión, funcionarias del Ministerio del Interior (Minint) y un grupo de reclusas condenadas a largas penas.

"Tenían un grupo de mujeres sancionadas a más de 15 años que actuaban al servicio de la Seguridad del Estado y el Minint. Se dedicaban a ultrajar, chantajear y amenazar tanto a presas comunes como políticas. A algunas las llevaban a la oficina y les prometían beneficios, como permitirles compartir pabellón con sus esposos presos, a cambio de colaborar", relató.

La exreclusa aseguró además que quienes se negaban a colaborar eran objeto de campañas de difamación y amenazas. "Decían que eran lesbianas o informantes para desacreditarlas. Hacían reuniones en el teatro de la prisión y las iban llamando una por una. Algunas hablaban, otras no; otras hacían lo que les ordenaban. Hubo mujeres que fueron violadas por otras presas en complicidad con las guardias de pasillo. Todo era ordenado por la Seguridad del Estado y la jefa de la unidad. Ellos tenían conocimiento de todo lo que sucedía", afirmó.

La abogada Laritza Diversent comentó que la mayoría de agresores sexuales son los llamados 'disciplinas', reclusos comunes que controlan determinados espacios en las cárceles. “Los oficiales son parte de ese control que ejerce este recluso y es una es una forma de tortura, que utilizan las autoridades penitenciarias cuando quieren doblegar o castigar a una persona”.  

Un exrecluso entrevistado por ADN Cuba y víctima de un intento de violación, confirmó que durante sus años en prisión escuchó sobre otros casos de abusos sexuales. “Sí considero que hay un patrón en los agresores: la mayoría son personas que ya no les interesa salir adelante y quieren tener el favor de la policía. Creo que ellos (los funcionarios) le dicen: mira, este muchacho molesta, qué puedes hacer con él y te rebajo años”.

El uso de reclusos para realizar actos de violencia sexual por encargo constituye la coartada empleada por las autoridades para mostrarse ajenos a estas violaciones y salvar responsabilidades en caso de que estas fueran exigidas.

Sin embargo, desde la perspectiva del derecho internacional, esa violencia sigue siendo atribuible al Estado. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura establece que existe tortura cuando el dolor o sufrimiento es infligido por un funcionario público, o por otra persona que actúe a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido la responsabilidad estatal cuando las autoridades permiten o facilitan actos de violencia contra personas bajo su custodia, aun cuando estos sean ejecutados por terceros. En la misma línea, las Reglas de Bangkok exigen la adopción de políticas claras para proteger a las personas privadas de libertad de toda forma de violencia basada en el género, así como de abuso y acoso sexual, además de la capacitación del personal penitenciario para prevenir estas conductas y erradicar la discriminación.

Esta distinción resulta especialmente relevante para analizar el caso cubano. Si bien la violencia sexual es un problema estructural en sistemas penitenciarios de todo el mundo, las denuncias documentadas por organizaciones de derechos humanos muestran que, en Cuba, las autoridades no solo incumplen su obligación de prevenirla y sancionarla, sino que en algunos casos la instrumentalizan como una forma de violencia delegada.

Al permitir o incentivar que reclusos comunes agredan sexualmente o amenacen con hacerlo a presos políticos, opositores o personas pertenecientes a grupos vulnerables, el Estado convierte una práctica criminal en un mecanismo de intimidación, castigo y control, incurriendo en una forma de tortura por la que es internacionalmente responsable.

El trauma como condena

Las secuelas de estas agresiones se presentan de forma inmediata y subsisten a lo largo del tiempo.

El joven manifestante del 11J violado en abril de 2026 en la cárcel de Guanajay, que además fue sometido a sustancias químicas para concretar la agresión, estuvo ingresado en el puesto médico de la prisión en estado de shock, con afectaciones físicas y psicológicas severas.

Un estudio académico publicado en 2007 sobre la victimización sexual en centros penitenciarios advierte que las consecuencias sociales pueden ser. Las personas agredidas pueden sufrir un profundo deterioro de sus relaciones personales, cambios forzados en su forma de vida, pérdida de estatus dentro del entorno penitenciario y procesos de estigmatización que las convierten en objetivos de nuevas agresiones. 

Una vez que una víctima es "marcada" dentro de la prisión, aumenta el riesgo de sufrir episodios repetidos de violencia sexual, lo que perpetúa un ciclo de abuso y agrava el daño físico y psicológico. En el caso de los presos políticos, estas consecuencias se suman al impacto de la persecución estatal, reforzando el carácter de la violencia sexual como un método de tortura y sometimiento.

Consultada recientemente por ADN Cuba, Sujay Acosta indicó que su pareja, Onaikel Infante, continúa con secuelas del abuso. “Él se siente muy mal con eso. Yo siempre que voy a la visita le doy consejos, aunque sé que no se le va a olvidar nunca. Eso lo golpeó demasiado”.

La esposa señaló que hasta el momento, cuatro meses después de la agresión, Onaikel no ha recibido atención psicológica ni su agresor ha sido sancionado.

Las secuelas de la violencia sexual en prisión trascienden el momento de la agresión y pueden acompañar a las víctimas durante años. El estudio antes citado señala que entre los efectos físicos se encuentran las lesiones derivadas de ataques violentos y un mayor riesgo de contraer infecciones y enfermedades de transmisión sexual, mientras que las secuelas psicológicas incluyen trastorno de estrés postraumático, síndrome de respuesta al estrés y trauma asociado a la violación, con un impacto directo sobre el funcionamiento cognitivo y conductual de las víctimas.

“Me han quedado secuelas. En la calle ya he tenido pesadillas sobre ese día y eso es algo que me deprime mucho”, contó a ADN Cuba el recluso consultado bajo condición de anonimato.

La psicóloga Vanessa Rosabal conversó con ADN Cuba sobre el impacto que puede tener para una persona sobrevivir a un intento de agresión sexual o a una agresión sexual en un contexto de privación de libertad.

“Cuando una persona es sobreviviente de violencia sexual en el contexto carcelario, la misma enfrenta una situación de trauma severo, donde resulta esperable que la misma se sienta desesperanzada e impotente, identificando en ella vulnerabilidades, sintiéndose atrapada y sin salida, ante un entorno que brinda poca seguridad. Es importante diferenciar o reconocer quién perpetra el acto. Ya que proviniendo de pares, se espera una respuesta de aislamiento y desconfianza, con una importante soledad asociada; pero cuando los ataques son perpetrados por agentes gubernamentales, la sensación de indefensión y desesperanza se intensifican, cuestionando cómo es posible ser violentada por quienes deberían cuidar o defender”, explicó la experta.

Rosabal añadió que, cuando la agresión sexual es cometida, tolerada o incluso ordenada por quienes tienen poder, “se establece un aprendizaje social distorsionado, donde la justicia se percibe como inaccesible o ineficaz, se da la naturalización y normalización de la violencia, perpetuando ciclos de repetición violenta o traumática. Además se fomenta un clima de terror que actúa contra la solidaridad, la sospecha constante y el miedo a ser la próxima víctima, terminan aislando aún más a las víctimas”.

Dichas cuestiones, además del estigma social aparejado a estas formas de violencia, son las razones por las cuales en muchas ocasiones no se conocen estos actos. Datos consultados de las organizaciones independientes Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y Cubalex, muestran que estos registros particulares son reducidos, contrastando con los testimonios de ex prisioneros, que refieren que ocurren con mucha más frecuencia.

En los casos en que esta forma violencia es orientada por funcionarios estatales, la elección de este método de tortura y no de otros, tiene como objetivo también dificultar la denuncia pública por parte de la víctima.

Tortura, violencia sexual y derecho internacional

Según Cubalex, el uso de la violencia sexual como herramienta de represión contra disidentes y miembros de comunidades vulnerables representa una grave violación de los derechos humanos. La organización señaló que este patrón incluye intentos de violación, amenazas y otros actos de violencia motivados por la opinión política, la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, lo que constituye tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por el derecho internacional.

La organización subrayó que estas prácticas vulneran la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, así como el derecho a la seguridad personal y a la protección frente a la violencia basada en género, reconocido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

El uso de la violencia sexual contra presos políticos y otras personas consideradas "enemigos del Estado" no constituye un fenómeno exclusivo de Cuba. Diversas investigaciones académicas y organismos internacionales han documentado que este tipo de abusos forma parte del repertorio de prácticas empleadas por regímenes autoritarios para castigar la disidencia, sembrar el miedo y desalentar cualquier forma de oposición.

Una investigación publicada en 2015 por la Universidad de Columbia sostiene que la violencia sexual puede ser utilizada como una forma de terrorismo de Estado. Según el estudio, estas agresiones buscan generar un clima de terror que trasciende a las víctimas directas, enviando un mensaje al resto de la población sobre las consecuencias de participar en actividades opositoras o de apoyar a grupos considerados desafectos por el poder. De esa manera, la violencia sexual se convierte en un mecanismo para debilitar la capacidad de reclutamiento, organización y resistencia de los movimientos disidentes.

La investigación añade que este patrón resulta especialmente evidente cuando los abusos se producen de forma reiterada en centros de detención controlados por el Estado, se dirigen contra grupos específicos —como opositores políticos o personas pertenecientes a minorías vulnerables— y ocurren con el conocimiento, la participación o la aquiescencia de las autoridades. En esos contextos, señala el estudio, resulta imposible sostener que los altos mandos desconocían estas prácticas, especialmente cuando las denuncias no son investigadas ni los responsables reciben sanción alguna.

En el caso de Cuba, el ciclo de la violencia se completa con la inexistencia de un Estado de Derecho que exija la rendición de cuentas de los perpetradores.

Alain Espinosa, abogado de Cubalex, comentó a ADN Cuba sobre la impunidad con que estos crímenes se mantienen al interior del sistema cubano. “Se trata de un método de tortura que se ha institucionalizado, sistematizado y diseñado de manera intencional para quebrantar a opositores, activistas y el resto de personas presas por motivos políticos”.

“Cuando están ocurriendo estos hechos, que normalmente son ordenados o sugeridos por la Seguridad del Estado, y la víctima comienza a solicitar auxilio, esto se ignora de forma deliberada para permitir que se pueda concretar la agresión sexual. Una vez que ya ha ocurrido el abuso o intento esto es agravado, por ejemplo, cuando el personal médico, que también es militar, se niega a documentar las lesiones o tratan de minimizarlo. La Fiscalía rara vez actúa o cumple con su función en estos casos, para garantizar impunidad a sus comisores”, añadió Espinosa.

Las denuncias recopiladas por ADN Cuba muestran que la violencia sexual en las cárceles cubanas no puede entenderse solamente como una consecuencia del hacinamiento o de la falta de control penitenciario. Cuando estas agresiones son ordenadas, facilitadas o toleradas por la Seguridad del Estado y las autoridades carcelarias, se convierten en un instrumento deliberado de represión. Su propósito es quebrar psicológicamente a los presos políticos, humillarlos, enviar un mensaje de terror al resto de la población penitenciaria y reafirmar que, bajo el régimen cubano, el cuerpo y la mente de quienes disienten también es un campo de castigo y control.