Anuncian beneficios arancelarios para la importación de insumos en Cuba: ¿tendrá un impacto real?

El Ministerio de Finanzas y Precios del régimen cubano estableció esta semana una nueva norma, la Resolución 329, publicada en la Gaceta Oficial No. 112, que exonera del pago de aranceles a la importación de varios productos agrícolas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Según la nueva regulación, productos como fertilizantes, piensos, medicamentos veterinarios y plaguicidas, tendrán estos beneficios arancelarios.

Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas, precisó a la TV estatal que estas medidas tenían como objetivo “estimular la producción nacional, especialmente en el sector alimentario”.

El ministro subrayó que la normativa busca abaratar los costos de producción, aumentar la oferta en el mercado y mejorar los precios finales de los productos.

“Al reducir los costos de importación, tanto los actores económicos estatales como los no estatales tendrán mejores condiciones para importar estas mercancías (…) se trata de una continuidad, ya que a principios de año, se aprobó una reducción del 50% en el pago de aranceles para insumos y materias primas de estos procesos productivos”, añadió.

El funcionario del régimen también detalló que, como parte de las modificaciones, la Resolución 329 amplía el plazo para la aprobación de solicitudes, que anteriormente era de siete días.

Además, la nueva norma elimina la necesidad de solicitar autorización al Ministerio de Finanzas y Precios, ya que los productos incluidos en la nomenclatura estarán automáticamente exentos del pago de impuestos de importación.

“Estamos hablando de plaguicidas, fertilizantes, materias primas e insumos de procesos productivos que repercuten en la agricultura. Se establecerán controles para la supervisión aduanera y para asegurar que las mercancías sean utilizadas para el fin para el cual se importan”, sentenció.

Igualmente, actualizaron la Resolución 328, donde, según el texto, se bonificará "el pago del Impuesto Aduanero a las importaciones de materias primas, insumos y bienes intermedios, con destino a procesos productivos, con especial enfoque hacia la producción de alimentos y la producción agropecuaria, consistente en la reducción de su tipo impositivo en un cincuenta por ciento (50 %)". 

Al respecto, el economista cubanoamericano Carlos M. Martínez señaló a ADN Cuba que esta actualización arancelaria que busca reducir los costos de producción para los actores nacionales, también genera una serie de inconvenientes, principamente porque no toca los problemas estructurales de la economía cubana. 

"En particular, los costos asociados al monitoreo y los reportes que las empresas deben presentar para justificar el uso de los productos y demostrar el impacto de la medida en la estructura de precios representan un desafío importante. Como sabemos, tratar con los ministerios en Cuba puede ser una tarea complicada, especialmente cuando se trata de importar bienes”, precisó.

Martínez puso en duda que esta medida tuviera un impacto significativo en la reducción del precio de los alimentos y otros productos en la isla.

“En la mayoría de los casos, las MiPymes en Cuba importan bienes de consumo y finales, y rara vez bienes intermedios. Esto se debe, en parte, a la fragilidad de las cadenas de suministro, las limitaciones operativas y la incertidumbre institucional. ¿Por qué arriesgarse a invertir en la importación de bienes que podrían mejorar la producción con los inspectores de precios acechando?”, agregó.

El especialista señaló que en la isla persisten los problemas estructurales en el sector agrícola y las trabas que significan los controles de precios.

“Los controles de precios, ya sean establecidos por Acopio o mediante topes provinciales y nacionales (en productos como pollo, salchichas, pastas, etc.), han generado escasez. Los campesinos no logran obtener ganancias suficientes con la producción restante que pueden vender. A esto se suma que, según declaraciones recientes del ministro de Agricultura, este año también ha estado marcado por una significativa falta de trabajadores en el sector”, continuó.

Finalmente, Martínez explicó que otro punto crítico en la isla es la ausencia de un mercado formal de divisas.

“Aunque el gobierno denuncia la ilegalidad de los mercados informales, la realidad es que estas redes son, en muchos casos, la única forma en que las empresas logran acumular los recursos necesarios para importar”, precisó.

Al decir del economista, estas resoluciones no abordan de manera sustancial los problemas de base que afectan la seguridad alimentaria de los cubanos.

A inicios de octubre de este año el ministro de Agricultura de Cuba, Ydael Pérez Brito, admitió en el programa oficial de la Mesa Redonda el desastre en este sector y lamentó que en los últimos cuatro años se hubiera sufrido “una caída drástica”.

Según un reporte de octubre de este año del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, alrededor del 38% de la población cubana enfrenta inseguridad alimentaria.