El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó 356 acciones represivas cometidas por el régimen cubano durante julio, entre ellas 54 detenciones arbitrarias y 302 casos de otros abusos, en un contexto marcado por el quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J), el aumento del descontento social por los apagones y el recrudecimiento de la persecución contra activistas, periodistas independientes y presos políticos.

Según el informe difundido este miércoles por la organización, las formas de represión más frecuentes fueron el cerco policial a viviendas de activistas, con 109 casos, seguido de los abusos contra presos políticos y comunes, con 78 denuncias. También se registraron interrupciones de las comunicaciones, hostigamientos, amenazas y citaciones policiales.

Las provincias con mayor número de acciones represivas fueron La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey.

El OCDH señaló que las 54 detenciones arbitrarias ocurrieron en un escenario de creciente persecución contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, artistas, líderes religiosos y ciudadanos que expresaron críticas al régimen o participaron en protestas pacíficas.

De acuerdo con la organización, una parte importante de los arrestos estuvo relacionada con los cacerolazos y manifestaciones provocados por los prolongados apagones, la escasez de agua y el deterioro de las condiciones de vida. Otros respondieron a operativos preventivos para impedir que miembros de la sociedad civil asistieran a la recepción organizada por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, celebrada en la residencia del jefe de misión estadounidense en La Habana.

Aumentan los abusos contra presos políticos

El observatorio alertó además sobre un recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles cubanas, donde denunció el uso sistemático de celdas de castigo, aislamiento, traslados arbitrarios, negación de atención médica, suspensión de beneficios penitenciarios, agresiones físicas y hostigamiento psicológico.

Entre los casos señalados por la organización figuran los de los presos políticos Lizandra Góngora Espinosa, José Antonio Pompa López, Juan Enrique Pérez Sánchez, Manuel de Jesús Rodríguez García, Leonard Richard González Alfonso y Roilán Álvarez Rensoler.

El informe también advierte sobre las graves deficiencias en el acceso al agua potable, alimentos, medicamentos e higiene en los centros penitenciarios, así como el incremento de las huelgas de hambre emprendidas por numerosos reclusos como último recurso para reclamar el respeto a sus derechos.

Cercos policiales y vigilancia

El OCDH documentó un amplio despliegue de vigilancia y restricciones arbitrarias de movimiento contra activistas, opositores, periodistas independientes, líderes religiosos y familiares de presos políticos.

Entre las personas afectadas se encuentran los periodistas Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Jorge Olivera y Ángel Santiesteban-Prats; los opositores Óscar Elías Biscet, Berta Soler, Ángel Moya, Manuel Cuesta Morúa y Henry Constantin Ferreiro; así como familiares de presos políticos del 11J, entre ellos Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar, y las madres Layda Yirkis Jacinto Abad y Liset Fonseca Rosales.

Según la organización, estos operativos fueron ejecutados principalmente por agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) con el objetivo de impedir la participación en actividades públicas y en las conmemoraciones por el quinto aniversario del 11J.

El informe también denunció un incremento de la presencia policial y de tropas especiales en las calles de las principales ciudades del país, especialmente en La Habana.

Asimismo, el OCDH recordó que el 10 de julio las autoridades impidieron salir de Cuba al sacerdote católico Castor Álvarez Davesa, quien viajaría a Estados Unidos para participar en una ordenación episcopal.

"El clima social es irrespirable: por un lado, los apagones, el hambre y la falta de medicinas; por otro, la excesiva presencia policial para reprimir y controlar. Esta situación está pasando una factura humana gravísima y, en muchos casos, irreparable a toda la población, pero especialmente a los enfermos crónicos, a los adultos mayores y a los presos", afirmó Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.

Casi 2.000 acciones represivas en el primer semestre

La organización había registrado 1.949 acciones represivas cometidas por el régimen cubano durante el primer semestre de 2026, un período caracterizado por detenciones arbitrarias, hostigamiento contra activistas y periodistas independientes, abusos contra presos políticos y la represión de las protestas originadas por la profunda crisis económica y los prolongados apagones.

Con las 356 acciones represivas documentadas en julio, la cifra acumulada en lo que va de año asciende a 2.305 violaciones registradas por la organización, reflejando la continuidad de la política represiva del régimen frente al creciente malestar social en la Isla.