La crisis que atraviesa Cuba amenaza la existencia misma de la nación y la estabilidad del Caribe, y no podrá resolverse sin cambios políticos inmediatos, según un informe elaborado por el Programa de Estudios de Cuba del David Rockefeller Center for Latin American Studies y el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de la Universidad de Harvard.
El documento, publicado el 10 de septiembre, reúne las conclusiones y propuestas de un grupo diverso de académicos e intelectuales convocados durante los últimos seis meses para analizar la situación de la isla. Harvard precisó que se trata de un documento en construcción, sujeto a futuras revisiones y consultas.
El informe describe una crisis profunda que abarca la economía, la sociedad, la cultura y la vida política cubana. Sus autores advierten que el Estado apenas logra garantizar servicios sociales, educativos, sanitarios y de protección ciudadana básicos.
El deterioro de las infraestructuras esenciales afecta al sistema energético nacional, la distribución de combustibles para el uso doméstico y el transporte, el suministro de agua y los servicios sanitarios, incluida la recogida y el procesamiento de desechos.
Las instalaciones hospitalarias y educativas, que en el pasado fueron presentadas por el régimen como logros de la Revolución, sobreviven actualmente entre la falta de insumos básicos y la escasez de personal calificado, señala el documento.
El deterioro también se refleja en indicadores fundamentales del bienestar humano, como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la desnutrición, la seguridad alimentaria y la seguridad ciudadana.
A esto se suma una creciente segmentación social que ha generado brechas económicas de tal magnitud que, según el informe, el concepto mismo de mercado interno cubano ha ido perdiendo sentido.
Los investigadores atribuyen la bancarrota de la economía cubana a décadas de ineficiencia y a políticas económicas y de inversión equivocadas.
A su juicio, las debilidades estructurales del modelo fueron ocultadas durante años mediante subsidios externos que permitieron financiar artificialmente servicios y programas que, de otro modo, habrían colapsado.
El informe cuestiona además las prioridades de inversión del régimen cubano, especialmente el impulso al turismo y la construcción de hoteles de lujo mientras se deterioran los servicios esenciales.
Según los datos recogidos en el documento, el turismo recibió entre el 25% y el 50% del total de las inversiones del país entre 2014 y 2024. En contraste, la inversión en el sector agropecuario cayó del 8% al 3% o menos durante ese mismo período.
En 2024, las inversiones turísticas fueron 14 veces superiores a las destinadas al sector agropecuario y 11 veces mayores que las dirigidas a salud, asistencia social y educación, de acuerdo con el informe.
Los autores sostienen que este proceso ya ocurría antes de que la Administración de Donald Trump reforzara las presiones económicas y diplomáticas contra La Habana.
El documento también responsabiliza a las políticas estadounidenses de contribuir a la asfixia económica de la isla y señala que Washington busca imponer un cambio de régimen, con el respaldo tácito de una mayoría de gobiernos afines en América Latina.
El problema político en el centro de la crisis
Aunque el informe reconoce el impacto de las presiones externas, sitúa en el centro de la crisis cubana la existencia de un régimen cuya legitimidad se ha erosionado profundamente.
Los autores atribuyen ese deterioro a la ineptitud de las autoridades, su incapacidad para responder a los problemas fundamentales del país y sus prácticas represivas frente al disenso ciudadano.
También cuestionan las estructuras autoritarias e inmovilistas que obstaculizan el emprendimiento, la creación artística y cultural, la actividad científica y educativa, así como el debate sobre asuntos importantes o sensibles.
La represión, añade el informe, se ha incrementado como respuesta a las protestas ciudadanas motivadas por la escasez, los apagones y la falta de agua. Las autoridades recurren habitualmente a ella para responder a la insatisfacción popular.
El documento señala que este comportamiento institucional se sustenta en un entramado jurídico represivo que no es reciente, pero que se ha ampliado durante el mandato de Miguel Díaz-Canel.
Harvard propone liberar a los presos políticos
Frente a este escenario, el grupo de trabajo sostiene que no existe una solución a las múltiples crisis de Cuba sin cambios políticos inmediatos.
Como primer paso, propone restablecer el Estado de derecho reconocido en la Constitución vigente, pese a sus limitaciones, y avanzar hacia un Gobierno de transición que sea percibido como legítimo.
Una de las medidas más urgentes que plantea es una amnistía general para los presos políticos, a la que califica como una acción de gran valor simbólico.
El informe considera que la normalización económica y social del país pasa por la liberación incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos.
El artículo 54 reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, mientras que el 56 establece el derecho de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.
Para los autores, la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las garantías jurídicas constituirían pasos indispensables para comenzar a reconstruir la legitimidad institucional y enfrentar la crisis nacional.
