La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los presos políticos cubanos Ángel Jesús Véliz Marcano y Yasmany Porra Pérez, al considerar que ambos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.

En una resolución publicada este lunes, el organismo concluyó que los dos manifestantes encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021 enfrentan un riesgo de daño irreparable mientras permanecen bajo custodia del régimen cubano.

Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús, declaró a ADN Cuba que esta decisión de la CIDH "nos ha motivado a seguir adelante, demostrando nuestra verdad, nuestra realidad, demostrando todas las injusticias que comete ese régimen y que tenemos que buscar apoyo en las organizaciones internacionales, porque en nuestro país no se nos escucha, se nos reprime".

Marcano añadió que tiene fe en la libertad de su hijo, así como en el resto de presos políticos y en la libertad de la isla.

 

La madre agregó que su hijo, a nueve meses de cumplir la totalidad de su sentencia, "sigue con las mismas ansias de libertad, con la misma fuerza, aun más fortalecido en su verdad".

Según la CIDH, la solicitud de medidas cautelares expuso que ambos permanecen privados de libertad desde 2021 en cárceles cubanas, donde estarían sometidos a condiciones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Entre las denuncias recibidas por la Comisión figuran la alimentación insuficiente o en mal estado, la falta de acceso adecuado a agua potable y agua para la higiene, restricciones para recibir alimentos e insumos enviados por sus familiares, comunicaciones limitadas y vigiladas, ausencia de atención médica oportuna y especializada, así como actos de hostigamiento, aislamiento y amenazas por parte de las autoridades penitenciarias.

El organismo indicó además que estas denuncias habían sido puestas previamente en conocimiento de las autoridades cubanas, sin que existiera una respuesta efectiva.

La CIDH también destacó que el Estado cubano no respondió a la solicitud de información dentro de los plazos concedidos durante la tramitación del expediente, por lo que concluyó que ambos presos políticos se encuentran en una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable.

Las medidas solicitadas al régimen

En virtud del artículo 25 de su Reglamento, la Comisión pidió al Estado cubano adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la salud de Ángel Jesús Véliz Marcano y Yasmany Porra Pérez.

Asimismo, instó al régimen a garantizar que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales, realizar de inmediato una evaluación médica integral de ambos presos y asegurarles atención y tratamiento especializados, informando además de los resultados a sus familiares y representantes.

En el caso específico de Yasmany Porra Pérez, la CIDH solicitó que, tras la correspondiente valoración médica, se adopten las medidas necesarias para evitar que continúe expuesto a enfermedades contagiosas.

La Comisión también reclamó que ambos tengan acceso inmediato a alimentos de calidad y agua potable suficiente para cubrir sus necesidades nutricionales, que las medidas sean concertadas con los beneficiarios y sus representantes, y que el Estado informe sobre las acciones emprendidas para investigar los hechos denunciados y evitar su repetición.

Dos presos políticos del 11J

Ángel Jesús Véliz Marcano cumple una condena de seis años de prisión en el penal Kilo 9, en Camagüey, tras ser condenado por el supuesto delito de desórdenes públicos por participar en las históricas protestas del 11J.

Durante sus más de cinco años de encarcelamiento, organizaciones de derechos humanos y sus familiares han denunciado que ha sido sometido en varias ocasiones a celdas de castigo y que no siempre ha recibido la atención médica que requiere.

Por su parte, Yasmany Porra Pérez permanece recluido en la prisión de Agüica, en Matanzas. El manifestante fue condenado a 17 años de privación de libertad tras ser acusado de robo con fuerza, sabotaje, desórdenes públicos y atentado, en uno de los procesos judiciales más severos derivados de las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021.

La decisión de la CIDH se suma a otras medidas cautelares otorgadas en los últimos años a favor de presos políticos cubanos, en medio de las reiteradas denuncias sobre las condiciones de reclusión en las cárceles del régimen y la falta de garantías para el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.