Al menos cuatro presos políticos murieron bajo custodia del régimen cubano durante el primer semestre de 2026, según un monitoreo divulgado este jueves por la organización independiente Cubalex, que documentó un total de 34 fallecimientos de personas privadas de libertad hasta el 30 de junio de este año.
Alain Espinosa, abogado de la organización, explicó a ADN Cuba que "esta situación evidencia la vulnerabilidad y el riesgo para la vida que enfrentan los ciudadanos que estén sometidos a este tipo de restricción de libertad en el país. Estas muertes son la prueba de la falta de voluntad política del Estado cubano para cumplir una obligación imprescindible como es el preservar la vida de quienes están bajo su entera responsabilidad".
De acuerdo con la organización, las muertes ocurrieron en cárceles, estaciones policiales, instituciones de internamiento y otros espacios de privación de libertad administrados por el Estado cubano, un patrón que, a su juicio, refleja la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en el país.
Entre las víctimas identificadas figuran los presos políticos Ernesto Brieva Sempé, Roberto Álvarez Ávila, Luis Miguel Oña Jiménez y Lázaro García Ríos, quienes fallecieron mientras permanecían bajo custodia estatal.
Igualmente señalaron las provincias con mayor concentración de casos: Guantánamo, La Habana y Santiago de Cuba.
Cubalex advirtió que el hecho de que cuatro de las 34 personas fallecidas fueran presos políticos "no es un dato menor". Según la organización, quienes son encarcelados por motivos políticos suelen enfrentar mayores niveles de arbitrariedad, represalias y vulneraciones de derechos dentro del sistema penitenciario cubano.
La ONG señaló además que las 34 muertes documentadas constituyen un subregistro y que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido al hermetismo del régimen. Entre los principales obstáculos para conocer la magnitud del problema mencionó la ausencia de estadísticas oficiales, las restricciones para acceder a información pública y el temor de muchas familias a denunciar estos casos por posibles represalias.
Como ejemplo reciente de esta crisis, Cubalex denunció en junio la muerte de dos reclusos bajo custodia del régimen cubano en la Prisión Provincial de Guantánamo. Según la organización, uno de ellos falleció presuntamente a causa de la desnutrición y el otro por suicidio, en hechos que consideró parte de un patrón de negligencia y violencia institucional que impera en las cárceles de la Isla.
La organización sostuvo entonces que ambos casos reflejan las graves condiciones que enfrentan las personas privadas de libertad en Cuba, donde la desnutrición, la violencia, la falta de atención médica y psicológica y la ausencia de mecanismos efectivos de protección continúan cobrando vidas. Asimismo, reiteró que estos registros representan solo una parte del problema debido a la opacidad del régimen, que no publica estadísticas oficiales sobre muertes bajo custodia ni permite un acceso independiente a esa información.
Desde hace años, organizaciones de derechos humanos han denunciado las precarias condiciones de las prisiones cubanas, marcadas por el hacinamiento, la falta de atención médica, la escasez de alimentos y medicamentos, así como por denuncias recurrentes de malos tratos contra los reclusos.
En el caso de los presos políticos, diversas organizaciones nacionales e internacionales han alertado que las autoridades penitenciarias utilizan con frecuencia el aislamiento prolongado, la negación de asistencia médica, los traslados arbitrarios y otras formas de castigo como mecanismos de presión contra quienes consideran opositores al régimen.
La falta de transparencia del Estado cubano impide conocer el número real de personas que fallecen bajo custodia cada año. Sin investigaciones independientes ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la mayoría de estos casos permanece en la impunidad, mientras las familias enfrentan obstáculos para obtener información y justicia.
