El gobierno de Uruguay reconoció que mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre las misiones médicas cubanas que permanecen en el país, aunque negó haber recibido hasta ahora una comunicación oficial de Washington específicamente para exigir el fin de la contratación de profesionales enviados por el régimen de La Habana.
El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, afirmó que este es “uno de los tantos temas” que ambos gobiernos están dialogando y defendió la labor de los oftalmólogos cubanos que trabajan en el Hospital de Ojos José Martí, ubicado en las instalaciones del Hospital Saint Bois, en Montevideo.
“No recibimos ninguna comunicación oficial de Estados Unidos sobre este tema en lo específico”, dijo Lubetkin, aunque confirmó que la cuestión forma parte de las conversaciones bilaterales.
El ministro calificó de “extraordinaria” la experiencia de los médicos oculistas cubanos en Uruguay y sostuvo que han ayudado a recuperar la visión de numerosas personas.
“Le han dado vista a mucha, mucha gente, fuera de cualquier connotación política y de pensamiento”, afirmó, según declaraciones recogidas por el medio uruguayo la diaria. Lubetkin agregó que las experiencias que considera positivas serán preservadas “en un marco de acuerdo y de diálogo con todos los actores y con nuestros países contraparte, para que todos estemos cómodos”.
El canciller insistió en que el diálogo con Washington es permanente y abarca otros asuntos, entre ellos la situación de personas deportadas desde Estados Unidos.
“En la política exterior el diálogo es algo permanente, para ir encontrando y allanando camino cuando hay preocupaciones”, señaló.
EEUU cuestiona el modelo de las misiones cubanas
Las conversaciones tienen lugar en un momento en que Estados Unidos ha incrementado la presión sobre el programa de misiones médicas cubanas, al que acusa de estar vinculado con prácticas de trabajo forzoso y explotación laboral.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) publicaron en abril de 2026 un informe sobre las condiciones laborales de los profesionales que participan en estas misiones.
El organismo reconoció la importancia de los servicios médicos prestados en países con sistemas sanitarios limitados, pero también documentó denuncias de remuneraciones insuficientes, retención de ingresos, jornadas extensas, asignación de tareas ajenas a la labor sanitaria y restricciones a la libertad sindical. También expresó preocupación por posibles restricciones a la movilidad de los trabajadores, incluida la retención de pasaportes y sanciones por abandonar las misiones.
La CIDH advirtió que, en determinados casos, la combinación de falta de consentimiento pleno, coerción y explotación laboral podría configurar situaciones de trabajo forzoso y, eventualmente, reunir elementos constitutivos de trata de personas. El organismo recomendó a Cuba y a los países receptores garantizar que la participación en las misiones sea voluntaria, libre e informada, con contratos laborales claros y condiciones de trabajo dignas.
Estados Unidos también ha cuestionado durante años el sistema mediante el cual el régimen cubano despliega profesionales sanitarios en otros países y obtiene ingresos por esos servicios.
El Departamento de Estado ha señalado que el gobierno cubano obtiene beneficios de la explotación de trabajadores enviados al extranjero y que utiliza mecanismos coercitivos para mantenerlos en los programas de exportación laboral, particularmente en las misiones médicas. Entre las prácticas denunciadas figuran la retención de una parte importante de los salarios, la confiscación de pasaportes y credenciales profesionales y la vigilancia de los trabajadores.
Honduras puso fin al convenio con La Habana
En América Latina y el Caribe, varios gobiernos han comenzado a modificar o terminar sus acuerdos con el régimen cubano.
Uno de los casos más recientes fue Honduras, cuyo gobierno decidió no renovar el convenio con La Habana que permitía la presencia de médicos cubanos en el país. Unos 128 profesionales abandonaron Honduras a comienzos de marzo de 2026. El secretario de Comunicaciones hondureño, José Augusto Argueta, calificó la salida como una “decisión de política exterior”.
El viceministro de Salud hondureño, Eduardo Midence, explicó posteriormente a ADN Cuba que la decisión estuvo relacionada con factores presupuestarios, el fortalecimiento del sistema sanitario nacional y diversas irregularidades detectadas en el funcionamiento del programa.
Entre los cuestionamientos planteados por las autoridades hondureñas estuvo el hecho de que dentro de la brigada había personal que no era sanitario. El gobierno denunció que electricistas y técnicos recibían remuneraciones financiadas por el Estado hondureño, mientras se cuestionaba el costo general del convenio.
Guatemala, por su parte, decidió no renovar progresivamente la presencia de la Brigada Médica Cubana. El Ministerio de Salud guatemalteco anunció en febrero que el proceso de salida se desarrollaría durante 2026 y explicó que buscaba fortalecer la sostenibilidad del recurso humano nacional y las capacidades propias del sistema sanitario.
En marzo, EFE informó que alrededor de 400 médicos cubanos dejarían de atender pacientes en Guatemala después de 28 años de cooperación, tras la decisión del gobierno de Bernardo Arévalo de poner fin al acuerdo.
El caso de Antigua y Barbuda también forma parte de esta tendencia regional de revisión de los convenios con La Habana. Honduras, Guatemala y Antigua y Barbuda fueron identificados entre los países que pusieron fin a acuerdos de este tipo, mientras Guyana optó por modificar el mecanismo de contratación.
El gobierno puso fin al histórico acuerdo bilateral con Cuba y comenzó a pagar directamente a los médicos y enfermeros cubanos que permanecieran en el país, de acuerdo con las leyes laborales guyanesas.
El ministro de Salud, Frank Anthony, confirmó que el antiguo mecanismo de gobierno a gobierno había terminado y que los profesionales cubanos podían ser contratados directamente.
En agosto, el gobierno guyanés reiteró que mantiene abierta la posibilidad de continuar la cooperación sanitaria con Cuba, pero bajo un esquema diferente, en el que los profesionales cubanos trabajan directamente y reciben su remuneración conforme a la legislación laboral local.
El debate llega ahora a Uruguay, donde las autoridades defienden los resultados sanitarios obtenidos por los profesionales cubanos, pero reconocen que el asunto forma parte de las conversaciones con Estados Unidos.
El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, también afirmó que no recibió una comunicación oficial de Washington. Según explicó, actualmente trabajan unos 15 profesionales en el Hospital Saint Bois, entre médicos y otros técnicos.
Mientras tanto, el caso uruguayo ha adquirido una dimensión adicional. Según el medio Búsqueda, Estados Unidos incluyó por primera vez a Uruguay en su informe de 2026 sobre casos de trata de personas relacionados con las misiones médicas cubanas, debido a que los pagos por los servicios van directamente a la Embajada de Cuba y no existe evidencia de que los médicos reciban directamente esa remuneración. La Embajada estadounidense señaló además que una legislación aprobada en febrero de 2026 restringe la asistencia internacional a países que aparezcan durante dos años consecutivos en ese informe.