El gobierno de Estados Unidos amplió este miércoles su política de sanciones contra el régimen cubano al incorporar a nuevos funcionarios y entidades estatales a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según informó el organismo en un comunicado.
Entre los nuevos sancionados figura el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal; así como Gretza Sánchez Padrón, funcionaria de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), estructura encargada de gestionar las misiones médicas cubanas en el exterior.
OFAC también incluyó en la lista a la propia Unidad Central de Cooperación Médica y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, dos entidades clave en la exportación de servicios profesionales del régimen.
The Cuban Communist regime continues to exploit its people and serve as the leading sponsor of radical leftism and political violence in our hemisphere. Today, I designated nine entities and two individuals associated with the dictatorship, including four malign actors profiting…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2026
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, explicó en sus redes oficiales que La Habana se mantiene "explotando a su pueblo y sirviendo como el principal patrocinador del radicalismo de izquierda y la violencia política en nuestro hemisferio (...) Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada. Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios o mantengan fondos para estas entidades deben suspender esas actividades de inmediato".
En el ámbito empresarial, las sanciones alcanzan al Centro de Investigaciones del Petróleo; Coral Marítima S.A.; Einarbo S.A., vinculada al sector de los combustibles; Empresa de Energía S.A.; Orbit S.A., relacionada con el envío de remesas; y la Terminal de Contenedores del Mariel.
La medida forma parte de la estrategia de Washington para incrementar la presión económica sobre la dictadura cubana mediante restricciones a entidades estatales que generan ingresos para el régimen o participan en sectores considerados prioritarios por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Las nuevas designaciones se producen pocas semanas después de que Estados Unidos ampliara significativamente su política de sanciones contra el régimen al incluir a nuevas empresas estatales, organismos gubernamentales y organizaciones vinculadas al aparato político y represivo de la dictadura en la lista SDN de la OFAC.
Entre las entidades sancionadas entonces figuró el Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur), uno de los principales organismos que controla la industria turística de la Isla, junto con varias empresas estatales y organizaciones estrechamente vinculadas al aparato económico y político del régimen.
En esa ronda de sanciones también fueron incluidas la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC); Coreydan S.A.; Corporación Antillana Exportadora S.A. (Antex), empresa vinculada al conglomerado militar GAESA; Enetec S.A.; el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (Gemar); el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex); la Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A. (OSDE Caudal); las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y las Brigadas de Respuesta Rápida, estas últimas señaladas por su participación en actos de represión contra opositores y manifestantes.
También a finales de junio, el presidente Donald Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM, por sus siglas en inglés) que refuerza la política de mano dura contra el régimen cubano.
De acuerdo con el comunicado difundido por la Casa Blanca, este Memorando "refuerza la sólida política hacia Cuba de su primer mandato, revirtiendo la revocación de la Administración Biden que alivió la presión sobre el régimen cubano".
Con estas nuevas sanciones, Washington vuelve a centrar su atención en dos áreas especialmente sensibles para el régimen cubano. Por un lado, el sistema de salud pública y el entramado de las llamadas misiones médicas internacionales, ampliamente cuestionadas por denuncias de explotación laboral y trata de personas. Por otro, las empresas vinculadas a los sectores de combustibles, energía, logística portuaria y remesas, considerados fuentes estratégicas de ingresos para la dictadura.