El joven cubano Eduardo Romero Prieto, de 25 años, falleció el martes alrededor de las 3:00 de la madrugada en el Hospital de Colón, Matanzas, tras permanecer aproximadamente un año y tres meses recluido en la prisión de Canaleta, según denunció el usuario de redes sociales Christian Arbolaez.

Romero Prieto, natural de Cárdenas y menor de tres hermanos, pertenecía a una familia conocida en esa localidad como “Los Pepinos”. De acuerdo con la denuncia difundida por Arbolaez, el joven comenzó a presentar fuertes dolores y una notable inflamación mientras permanecía en prisión, pero sus familiares aseguran que no fue trasladado oportunamente a un centro hospitalario.

Posteriormente fue ingresado en el Hospital de Colón, donde los reclusos reciben atención en una pequeña sala conocida como la “Sala O”. Según la versión de sus familiares, una hernia habría llegado a reventarse y su estado de salud se complicó hasta desarrollar una sepsis generalizada. 

La familia también denunció que a la madre del joven no se le permitió verlo durante su hospitalización.

 

Los allegados sostienen además que durante el tiempo que Romero Prieto permaneció encarcelado no se había comprobado el delito por el cual estaba detenido. Según su denuncia, cuando intentaban obtener información sobre el proceso recibían respuestas contradictorias: en la Policía de Cárdenas les indicaban que el asunto correspondía al Tribunal, mientras que en el Tribunal los remitían nuevamente a la Policía.

La familia considera que la muerte del joven fue consecuencia de una combinación de negligencia médica y una situación de indefensión jurídica. 

Hasta el momento de esta publicación no se conoce una versión oficial de las autoridades penitenciarias o sanitarias.

El caso se produce en medio de un patrón de muertes bajo custodia que organizaciones independientes vienen documentando en Cuba. 

Cubalex registró 19 muertes bajo custodia estatal asociadas a falta de atención médica o atención negligente hasta agosto de 2026. De ellas, 17 correspondían a personas privadas de libertad recluidas en ocho prisiones del país. El penal El Típico, en Las Tunas, concentraba cuatro casos, seguido por el Combinado del Este y Boniato, con tres cada uno.

En su informe mensual correspondiente a agosto, publicado en septiembre, la organización documentó además cinco nuevas muertes bajo custodia durante ese mes, dentro de un total de 280 eventos represivos registrados en Cuba. 

La organización señaló que las muertes bajo custodia por falta de atención médica forman parte de un escenario en el que el Estado incumple su deber de garantizar la vida y la integridad de las personas bajo su responsabilidad.

Los datos acumulados por la organización muestran una dimensión todavía mayor. En un informe especial sobre las muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios entre febrero de 2024 y junio de 2026, Cubalex registró 115 fallecimientos bajo custodia estatal. De ese total, al menos 80 casos —69,6 %— estuvieron relacionados con negligencia o negación de atención médica, mientras que 21 muertes fueron atribuidas a desnutrición severa o inanición y otras 12 estuvieron vinculadas con tuberculosis.

El propio informe identifica a Matanzas entre las provincias con muertes bajo custodia documentadas, con cinco casos durante el período analizado.

La organización de derechos humanos ha advertido que las cifras disponibles constituyen un subregistro, debido a la falta de estadísticas oficiales, las restricciones para acceder a información pública y las dificultades que enfrentan las familias para denunciar. En su informe sobre el primer semestre de 2026, Cubalex señaló además que las muertes bajo custodia deben ser objeto de investigaciones independientes, imparciales y efectivas que permitan establecer las circunstancias de cada fallecimiento y las posibles responsabilidades.

El fallecimiento de Romero Prieto vuelve a poner el foco sobre la situación de los presos enfermos en Cuba y sobre la responsabilidad de las autoridades de garantizar atención médica adecuada y oportuna a quienes permanecen bajo custodia estatal.