Congresistas de Florida piden explicaciones a Biden sobre aparente cambio de política hacia Cuba

Los representantes al Congreso de los Estados Unidos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez enviaron este lunes una carta a la Administración Biden, manifestando su preocupación con respecto al “aparente cambio” en la política hacia el régimen en Cuba.

En la misiva dirigida a Antony Blinken y Alejandro N. Mayorkas, secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, respectivamente, los congresistas del sur de la Florida piden aclaraciones sobre el anuncio de la Administración Biden de una ayuda humanitaria de $2 millones de la Usaid a Cuba tras el paso del huracán Ian.

Los políticos cubanoamericanos preguntan qué está haciendo el gobierno de EE. UU. para “asegurar que esta ayuda no caiga en manos del régimen de Cuba”. Otra de las cuestiones abordadas en el documento, es la “preocupación” de los congresistas por la reciente decisión de “iniciar vuelos mensuales para repatriar a cubanos que escapan de la dictadura”.

Según los representantes republicanos, estas decisiones recientes “indican cambios marcados en la política de EE.UU.-Cuba”.

“El pueblo cubano sufre una severa opresión y atroces abusos contra los derechos humanos. Cientos de activistas, incluidos niños, siguen encarcelados por atreverse a hablar en contra del régimen”, afirmaron los congresistas.

Además, manifestaron que “el carácter maligno de la dictadura cubana no ha cambiado en sesenta años. Por ello, nos preocupa que la ayuda anunciada beneficie a la dictadura cubana, que durante décadas ha robado al pueblo cubano y lo ha privado de sus necesidades más básicas”.

Los representantes formularon una serie de preguntas específicas a los secretarios Blinken y Mayorkas, entre las cuales aparecen “cómo se asegurará el gobierno de los EE. UU. que los dólares de los contribuyentes, utilizados para las donaciones equipo contraincendios [de la Usaid] y los 2 millones de dólares en ayuda humanitaria, beneficiarán al pueblo de Cuba y no el régimen”.

Además de otras preguntas relativas a la ayuda de emergencia para desastres, Díaz-Balart, Salazar y Giménez también solicitan en su carta que se explique qué ONG implementará la ayuda humanitaria de 2 millones de dólares, y si esta tiene experiencia “en economías de dictaduras totalitarias con régimen cerrado”.

“¿Tienen experiencia en el cumplimiento de la ley estadounidense relativa a las sanciones contra Cuba, además de trabajar en un estado designado patrocinador del terrorismo?”, agregaron.

Los congresistas pidieron que sea esclarecido, además, “¿cómo monitoreará el gobierno de EE. UU. la entrega de ayuda para garantizar que llegue a la gente, y no termine beneficiando al régimen o vendiéndose en tiendas manejadas por militares como sucedió en el pasado?”

La carta cuestiona también si la Administración Biden determina las necesidades de ayuda con “fuentes independientes, informes de prensa u observación directa”, o por el contrario lo hace “en base a las solicitudes del régimen y los datos que proporciona a los EE. UU.”

Respecto a los inmigrantes detenidos la semana anterior, para ser presuntamente deportados a Cuba, los congresistas de Florida preguntaron “por qué a los ciudadanos cubanos que intentan ingresar a los EE. UU. se les proporciona el formulario I-220, privándolos potencialmente de un estatus que les permitiría adaptarse bajo la Ley de Ajuste Cubano”.

La semana pasada, la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y el Directorio Democrático Cubano, organizaciones del exilio en Miami, pidieron al gobierno de EE. UU. que cualquier ayuda sea entregada al pueblo a través de instituciones independientes.

“La postura de la ARC desde el primer momento ha sido decirle al presidente Biden que si le va a enviar ayuda humanitaria al pueblo cubano para lidiar con las consecuencias nefastas del huracán Ian –y peor: el huracán Castro que ha destruido ese país–, se debe enviar esa ayuda por vía de organizaciones humanitarias independientes, no controladas por el régimen”, declaró a ADN Cuba, Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea.