La periodista cubana y editora de ADN Cuba, Karla María Pérez, quien quedó varada en Panamá luego de que las autoridades de la isla le impidieran entrar a su país, regresará a San José, Costa Rica, sobre las 10:00 p.m., hora local, para pedir asilo político.
Tras concluir sus estudios en la Universidad Latina, Pérez había planificado volver a la isla para reunirse con su familia y seguir realizando su labor de periodista, pero en el aeropuerto de Tocumen se encontró con la noticia que ha recorrido hoy todos los medios independientes cubanos y varios extranjeros.
En un audio enviado a los directivos de Copa Airlines en la terminal aérea —escala antes de aterrizar en La Habana—, un funcionario del régimen advirtió a la aerolínea que la joven de 22 años no podía regresar al país que la vio nacer y donde vive su familia.
En efecto, Karla ingresó a la nación centroamericana en mayo del 2017, después de una propuesta de El Mundo para realizar una pasantía permanente que le permitiría finalizar sus estudios universitarios y tras ser expulsada de la Universidad de Las Villas por colaborar con el blog del grupo disidente Somos+, aborrecido por el castrismo como cualquier otra organización contestataria.
Quedó claro desde el primer momento que la prohibición no estaba relacionada con algún trámite mal hecho por Pérez: su pasaporte estaba en regla; llevaba el resultado negativo de una prueba PCR, como exigen las autoridades cubanas. En el audio, el funcionario subrayaba el carácter arbitrario de esa decisión injusta.
El gobierno cubano, a sabiendas de que tenía prohibida la entrada a la isla, igualmente le había hecho pagar el aislamiento en uno de los hoteles, donde pasaría el período de cuarentena requerido antes de ingresar plenamente en el país.
No todo ha sido calvario para la joven: en entrevista con la agencia noticiosa EFE, dijo que fue muy bien tratada por las autoridades panameñas y el personal de Copa. La acomodaron en una de las salas VIP del aeropuerto internacional de Tocumen mientras negociaban con las autoridades costarricenses su regreso a San José.
Su salida de Cuba en el 2017
"Tomé esa decisión porque durante más de una décadas de formación en las escuelas socialistas el proyecto de país vigente no me convenció", declaró Karla en entrevista con el diario costarricense El Mundo.
"Era consciente de los pros y los contras. De un lado amanecía sintiéndome más libre y de otro con miedo por mí y por mi familia por el posible acoso de los órganos de Seguridad del Estado. Sin haber entrado aún en la universidad, ya estaba pensando en que me podían expulsar", agregó.
A pesar de obtener excelentes calificaciones, Karla fue sometida a escarnio público, al que se prestaron compañeros de universidad y de clase, durante el cual fue acusada con los vagos términos que utiliza la propaganda oficial para crear una falsa imagen de culpabilidad: "subversión", "actividades contrarrevolucionarias", "desviacionismo ideológico"... incluso llegaron a decirle que era "una mala persona".
Después de satanizar de esa manera a una adolescente de 18 años, las autoridades universitarias decidieron expulsarla del alto centro de estudio. Fue entonces cuando comenzó esta etapa de la vida para Karla que, a pesar de todo, le ha permitido disfrutar de una experiencia humana y profesional en una de las naciones más prósperas y democráticas del continente americano.
Denuncias y vaguedades
Para suerte de la joven, algunas personalidades y organizaciones se han solidarizado con ella. La congresista republicana María Elvira Salazar catalogó de "infamia" la decisión de La Habana, una declaración de destierro informal.
“¡La dictadura Castrista le prohíbe la entrada a Cuba a sus propios ciudadanos!”, denunció en Twitter la legisladora Salazar, conocida por su carrera exitosa de periodista en el sur de la Florida.
Mientras toda la opinión pública cubana comentaba los sucesos, funcionarios del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores aseguraron que no estaban al tanto de la situación, pero que la entidad se comunicaría con la embajada de Cuba en Panamá para conocer detalles luego de ser requeridos por periodistas independientes en La Habana.
Sin embargo, el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), se pronunció sobre la prohibición y aseguró estar siguiendo con preocupación y atentamente el caso de Pérez.
Mientras, Human Right Watch recordó que "volver al país de origen es un derecho humano" en la denuncia de esta arbitrariedad compartida en redes sociales. La organización gubernamental también recalcó que prácticas similares son habituales para el régimen comunista.
