Caridad Fernández Román y Frank Dueñas Barbón, un matrimonio habanero residente en la barriada El Canal, municipio Cerro, La Habana, denuncian ser víctimas de los excesos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
El proceder de estas autoridades va más allá de preservar el orden interior y velar por el cumplimiento de las leyes, y puede llegar, según denuncias como esta, a impartir arbitrariamente justicia, rebasando la prerrogativa otorgadas a este órgano del Ministerio del Interior. Tales atribuciones han generado, durante décadas, graves perjuicios y daños a la sociedad civil en Cuba.
En agosto último, Fernández Román fue avisada sobre una venta de cemento liberado en una de las Tiendas de Materiales de Construcción—comúnmente conocidas como “Rastro”— ubicada en el municipio Playa, La Habana. Como la venta de este material es racionada (tres sacos por cliente), Fernández Román acudió a la tienda acompañada por su esposo e hijo.
“Estando en la cola, los dependientes del Rastro recogieron el carné de identidad de todas las personas, pues era el horario de almuerzo y explicaron que al regreso reanudarían la venta. Cinco minutos después llegó un camión de la policía y arrestó a todos los hombres que estaban en la cola, sin dar explicación ninguna”, relató la mujer.
Al llegar a la estación policial de Playa, les exigieron a los detenidos sus identificaciones, y todos alegaron que los dependientes del Rastro se lo habían recogido a los clientes que estaban en turno para comprar el cemento. Las autoridades policiales regresaron al Rastro en busca de las identificaciones.
“Finalmente nos impusieron una multa, a todos, de 2 mil pesos CUP por ‘acaparamiento de materiales’. Ni siquiera habíamos comprado todavía los tres sacos que nos correspondía”, contó Dueñas Barbón, quien denunció además el maltrato que recibieron durante el arresto y posteriormente en la estación policial.
Al exigir una explicación sobre lo que consideraron un absurdo, arbitrario e injusto proceder, las autoridades policiales les dijeron que cualquier reclamación tendrían que hacerla en las 72 horas siguientes, no en ese momento.
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Durante el mes siguiente Fernández Román y Dueñas Barbón fueron en varias ocasiones a la estación policial de Playa, pero la funcionaria que supuestamente atiende las reclamaciones de multas les explicó que primero tenían que pagar la multa, para después proceder con la reclamación.
“Le dijimos que eso era una injusticia, que cómo íbamos a pagar una multa que no tiene lugar y después reclamar”, cuestionó el matrimonio, que además ha presentado quejas en la Fiscalía Provincial y la oficina de Atención a la Ciudanía del Ministerio del Interior sin obtener hasta el momento ninguna respuesta.
“La multa se duplicó a 4 mil pesos, y ahora estoy siendo citado, para la semana próxima, a la estación de policía del Cerro, y es probable que se me instruya un cargo por negarme a pagar la multa, y que podría conllevar a un año de privación de libertad”, denunció Dueñas Barbón, quien mostró los comprobantes de compra de cemento de su esposa y su hijo como constancia.
“Ahora resulta que es ilegal comprar materiales al Estado. ¿En qué país estamos donde la policía, sin dar explicaciones, te arresta y te multa por cualquier cosa que se le ocurra o suponga? ¿Dónde está la justicia, ante quién se reclama?”; cuestionó Fernández Román en referencia directa a que la Instrucción 245 nunca fallará a favor de los ciudadanos.
La Instrucción 245, del 21 de junio 2019, dictada por el Tribunal Supremo Popular, indica en su sección primera que, “las salas con competencia para conocer los procesos judiciales contencioso-administrativos tramitarán las demandas interpuestas por las personas a quienes se les hayan confiscado bienes de su propiedad por resolución administrativa dictada por órgano facultado, a tales efectos en el ejercicio de sus funciones; y cumplirán de manera irrestricta las garantías de estas para obtener, sin limitación alguna, la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos y disfrutar de un debido proceso”.
“Pero no tenemos mucha fe en nada que venga del Estado. En la experiencia de mis 46 años de vida, jamás la justicia ha estado del lado del pueblo, y muchísimo menos en contra de la Policía que actúa con total impunidad y desacato a las leyes”, concluyó Fernández Román, y aseguró que, en última instancia, “iré hasta la Plaza de la Revolución”.
