Las autoridades de Panamá dijeron este jueves que se ha incrementado la llegada de nicaragüenses que huyen de la crisis en su país y que ven difícil migrar hacia EE.UU. debido a las políticas implementadas por Guatemala y México, presionados por la administración Trump, para impedir ese flujo hacia el norte de América.
La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, explicó que se trata nicaragüenses que han ingresado de forma ilegal "para quedarse" en Panamá, donde actualmente hay unos 60 nacionales de ese país en albergues migratorios con miras a su deportación o expulsión.
Nicaragua atraviesa una grave crisis sociopolítica que, desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega, en abril de 2018, ha dejado más de 300 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a más de 500 y el Gobierno reconoce 199.
Gozaine aseguró que esa subida en la llegada de nicaragüenses a Panamá, que no cifró, se debe al reforzamiento de las fronteras de Guatemala y México como parte de la política que intenta frenar el flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos que generó una crisis en el 2019.
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A Panamá también siguen llegando a través de la peligrosa selva del Darién, fronteriza con Colombia, centenares de migrantes de países de africanos, asiáticos, caribeños y suramericanos, que tienen con destino final Norteamérica.
Actualmente hay 45 migrantes irregulares en La Peñita, una comunidad indígena de Darién que se vio desbordada a inicios de 2019 con la presencia de cerca de 5.000 migrantes en tránsito, y alrededor de 800 más en Gualaca, en la frontera con Costa Rica, a la espera de cruzar hacia ese país y seguir rumbo al norte.
Gozaine agregó en declaraciones a la cadena TVN que se mantiene la estrategia de que cada día pueden cruzar a Costa Rica 100 de estos migrantes en tránsito, en el marco de la política conocida como "flujo controlado" pactada años atrás por los Gobiernos panameño y costarricense.
Esta política de flujo controlado se instauró tras la crisis migratoria de finales de 2015 e inicios de 2016, cuando miles de cubanos que iban hacia EE.UU. quedaron varados en Panamá y Costa Rica debido a que Nicaragua cerró su frontera.
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La directora dijo que este año el Gobierno propondrá al Parlamento la creación de una policía de migración y aduanas, para hacer frente a situaciones como las crisis de migrantes en tránsito.
En marzo de 2019, el periódico Nuevo Diario, publicó un informe en el que destacó que los nicaragüenses que han emigrado a Panamá refieren que la situación se ha vuelto difícil en los últimos años.
Primero, por la reducción del tiempo que se les permite estar como turistas, y segundo por las dificultades para encontrar empleo, debido al aumento de migrantes de otros países, dijo el diario.
Cuando estalló la crisis, en 2018, muchos nicaragüenses huyeron a Panamá, pero un año se implementaron reformas migratorias que les afectó, subrayó El Nuevo Diario.
En mayo de 2017, el gobierno decretó que los ciudadanos de Nicaragua, Colombia y Venezuela llegados como turistas permanecerían solo 90 días, y no los 180 permitidos antes del decreto. Luego de eso, los nicaragüenses constituyeron el tercer grupo más deportado del país canalero, detrás de Venezuela y Colombia.
(Con información de Efe)
