El jurista cubano Frank Ajete Pidorych calificó como “bullying gubernamental” las amenazas de la Fiscalía de Cuba a los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el próximo 15 de noviembre.
Ajete Pidorich fue fiscal en la isla y trabajó en la misma institución que, según dijo en un video, “hoy representa mejor que nunca los intereses del gobierno cubano” con “una declaración bastante lamentable”.
“Esto es, cuando menos, indignante. Es un movimiento político bastante nefasto. Es un bullying en toda regla, un ejemplo de matonismo cincuentero de muy mal gusto: posicionarse a favor del gobierno y además de esa forma, citando a un ciudadano que lo único que está haciendo es intentar ejercer un derecho humano, el de la manifestación”, afirmó el jurista.
Este 21 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR) informó mediante una nota oficial que “inició el apercibimiento a varios ciudadanos que (…) incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir”, entre otros, si marchan el 15N a pesar de la negativa del régimen, transmitida el 12 de octubre a través de gobiernos municipales.
El órgano se justificó en que “la actuación de la Fiscalía al advertir a dichos ciudadanos sobre las consecuencias legales de ejecutar la marcha, se sustenta en el artículo 156 de la Constitución que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna (…)”.
En cambio, Ajete Pidorych opina que es “una alegación cuando menos incierta, y por respeto a quienes la emitieron y por haber trabajado con ustedes no uso otros adjetivos que caben”.
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Criticó la conferencia de prensa de Yaimara Angulo, vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, quien defendió las amenazas contra el dramaturgo y activista Yunior García y otros promotores del grupo contestatario Archipiélago.
Según Ajete Pidorych, es incorrecto respaldar la declaración de “ilícita” emitida por los gobiernos municipales sobre la Marcha Cívica, porque “eso no se encuentra entre las funciones de una administración local ni un intendente”. Añadió que los argumentos del oficialismo no son “ni precisos ni legales, apenas se brindaron argumentos…”
El jurista condena que Fiscalía se posicione y tome partido públicamente “a favor de una respuesta que de facto es inconstitucional (…) porque lo que hizo el órgano municipal fue inmiscuirse en cuestiones de interpretación de la Constitución que no le atañen”.
Luego, emprender acciones contra el ciudadano, “citarlo, y amenazarlo, amedrentarlo o 'apercibirlo' –palabra más camuflada– sigue siendo una barbaridad”, opina Ajete.
Según el experto, columnista en medios independientes, si la Fiscalía quería intervenir debía “hacer una consulta a la Asamblea del Poder Popular y que esta interprete, no posicionarse de facto al lado del intendente y rechazar de plano una solicitud de un derecho constitucional. La fiscalía tampoco es quién para interpretar sobre la pertinencia o no del ejercicio de derechos constitucionales”, añadió.
Frank Ajete Pidorych dijo que “hacer 'piña' en contra de la ciudadanía es simplemente bárbaro. Apoyo 100% el ejercicio de derechos constitucionales, el ejercicio del derecho a la manifestación, me opongo al bullying gubernamental”.
