El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), que agrupa a opositores cubanos de diversas organizaciones y tendencias políticas, trazó 50 acciones para sacar a Cuba de la crisis que atraviesa.
Estas ideas surgen tras las medidas adoptadas por el régimen con el fin de tranquilizar los ánimos de la sociedad luego de las protestas antigubernamentales del domingo 11 de julio.
Para el CTDC las disposiciones del Gobierno operan como una “medida de distracción hacia la comunidad Internacional”.
Las actuaciones se separan en cuatro bloques: Diseño estratégico, Ordenamiento del sistema económico, Atenciones urgentes y Políticas económicas.
“Sólo un cambio de modelo económico, social y político, basado en el respeto a las libertades individuales, será capaz de encaminar a Cuba hacia el progreso y el bienestar social. El sistema actual es inviable y todos lo sabemos. La vida de los cubanos está en juego y no hay tiempo que perder”, expresa el documento al que tuvo acceso ADN Cuba.
El texto está firmado por Marthadela Tamayo González, vicepresidenta primera, Elena Larrinaga de Luis, secretaria de Relaciones Exteriores, Manuel Cuesta Morua, vicepresidente y Elias Amor Bravo como secretario de Asuntos Económicos.
A continuación reproducimos las 50 acciones del CTDC:
DISEÑO ESTRATÉGICO
Adaptación y modificación de la política económica incorporada en los programas estratégicos 2030 y en los planes, lineamientos y demás enunciados de la política económica para establecer una nueva política estratégica basada en el cumplimiento de los siguientes objetivos:
Estabilidad de precios.
Equilibrio presupuestario.
Bajo nivel de la deuda en % sobre el PIB.
Tipos de interés regulados por el mercado bajos y estables.
Tipo de cambio de la moneda único y flexible.
El fin último de esta nueva política debe ser convertir a Cuba en una economía de mercado en la que el sector privado, las empresas de titularidad privada, sean el eje de la economía, en tanto que el estado atiende las funciones clásicas de distribución de la renta, asignación y estabilización.
Es igualmente un objetivo de esta nueva política restaurar la confianza y credibilidad de la
economía cubana a nivel internacional y facilitar el acceso a los mercados financieros sin
restricciones.
Al mismo nivel de importancia, esta nueva política debe dirigirse a permitir una mejora sostenible de las finanzas públicas y de las condiciones de vida de los cubanos.
ORDENAMIENTO DEL SISTEMA ECONÓMICO
Se debe propiciar un marco jurídico estable para el ejercicio libre y el respeto de los derechos de propiedad privada de todos los cubanos. Plan especial a la compensación por las expropiaciones del período revolucionario bajo asistencia y colaboración internacional.
Extensión del mercado como instrumento de asignación al conjunto de las actividades y sectores de la economía.
Libertad de empresa, garantías al ejercicio de la actividad emprendedora por todos los cubanos y del ejercicio profesional libre.
El estado dejará de ejercer el control directo de la actividad empresarial.
Ejercicio libre de la actividad privada comercial y distribución en todo el país. Promoción de la
actividad privada en el sector de la logística, almacenes y distribución.
Libertad de importación y de exportación por todas las empresas e individuos.
Libertad de entrada y salida del país, sin más limitaciones que las autorizaciones de visado.
Proceso de privatización abierta y transparente de empresas, organismos y activos estatales, incluyendo la tierra productiva. Los arrendatarios actuales podrán acceder a la propiedad de la tierra y comerciar libremente con ella. Otras formas productivas estatales podrán hacerlo pero bajo supervisión del plan general de privatizaciones antes citado.
Promoción de la iniciativa privada como patrocinadores en todas las actividades culturales, artísticas y deportivas de la isla.
La planificación económica del estado se limita a la fórmula indicativa, no intervencionista, propia de los sistemas de economía social de mercado.
La reducción del presupuesto estatal, empezará por la seguridad del estado, la policía y el ejército, dentro de una amplia reorganización de las funciones del estado.
Reducción y extinción progresiva de las organizaciones de masas dependientes del partido único que se financian con cargo al estado. Modificar su funcionamiento.
Reducción del empleo estatal en proporciones equivalentes a las de otras economías de mercado mixtas (máximo 15% de la ocupación total, actualmente es más del 70%).
Reorganización de la administración pública a tres niveles: central, provincial y municipal.
División competencial clara en la gestión pública. La administración dirigida por funcionarios profesionales que acceden a su puesto mediante oposiciones. Separación del partido único de la dirección administrativa.
ATENCIONES URGENTES
Plan de inversión en infraestructuras a medio y largo plazo financiado con los ingresos obtenidos de los procesos de privatización de activos estatales y la inversión internacional.
Atención especial a la construcción y rehabilitación de viviendas a corto plazo con la participación de empresas privadas.
Orientación de la agricultura y la ganadería hacia la atención de las necesidades alimenticias de la población y el funcionamiento de los mercados de abastecimientos.
Privatización de la gestión de los transportes en la isla por medio de licencias de explotación privada.
Atención máxima a las nuevas tecnologías, la transferencia tecnológica internacional y apuesta por un plan nacional de I+D para la industria.
Nueva política del sector turístico cubano inserta en la región, con más participación de empresas privadas en todas las actividades y nueva promoción a nivel internacional.
Autorización para el ejercicio de la banca privada e instituciones financieras.
Plan energético nacional para garantizar la autonomía del consumo de energía (renovables).
Plan hidrológico nacional.
Plan especial de protección medioambiental.
Licitación internacional de todos los contratos de los servicios públicos de minería, energía, agua, gas.
Ley antimonopolios en todas las actividades económicas. Regulación de la competencia.
Plan especial para atender el envejecimiento demográfico de la población cubana.
POLÍTICAS ECONÓMICAS
Autonomía para el Banco Central y atribución de responsabilidad de la política monetaria, orientada a la estabilidad de precios.
La unificación monetaria debe ir dirigida a contar con la credibilidad y confianza de organismos internacionales especializados.
Objetivo de la política fiscal: a corto plazo, presupuesto equilibrado, a medio y largo plazo, reducción del porcentaje de endeudamiento en el PIB. Máxima transparencia en la información presupuestaria a los ciudadanos.
Reforma fiscal y tributaria con la creación de figuras como IRPF, IVA e Impuesto de sociedades, como ejes del sistema fiscal. Reducción de la imposición indirecta y aumento de la directa.
Eliminación de todos los instrumentos no tributarios.
Compromisos transparentes de pago de la deuda externa para promover un acceso ordenado de Cuba a los mercados internacionales de capitales. Solicitud de asistencia financiera a los organismos cualificados.
Adaptación inmediata del marco laboral empresarial a la normativa de la OIT.
Liberalización de la actividad sindical y autorización a la creación de organizaciones empresariales.
Promoción del diálogo y la concertación social. Mejoras progresivas de los salarios en los convenios colectivos.
Plan especial para aflorar la economía sumergida, lucha contra la corrupción en la gestión estatal y medidas de estímulo al logro empresarial privado y el beneficio.
Estímulos a la participación de la diáspora en la economía nacional, en particular, en proyectos de inversión extranjera con empresas privadas cubanas.
Integración de Cuba en foros económicos e instituciones financieras internacionales. Nueva diplomacia económica exterior.
Impulso a la mejora de las relaciones con EEUU una vez producidas las compensaciones de las expropiaciones.
Plan especial de sostenibilidad de la seguridad social: pensiones dignas para todos Educación y sanidad privada. Autorización al sector privado (la iglesia para colegios y universidades privadas y cooperativas) para la colaboración en la prestación de los servicios públicos.
