La organización sin fines de lucro, Cubalex reveló las violaciones cometidas durante el proceso judicial contra el fotógrafo Anyelo Troya González, sentenciado el pasado 20 de julio a un año de privación de libertad.
Troya González fue procesado en un juicio sumario este martes, por el supuesto delito de "desorden público" en las manifestaciones del 11 de julio en La Habana.
Según la valoración de esta organización de asesoría legal en el juicio contra troya el pasado 19 de julio “se violaron los principios más elementales del Proceso Penal y las garantías del Debido Proceso. Con un Contrato de Servicios Jurídicos previo a la realización del acto judicial, los jueces procedieron a juzgar al fotógrafo sin que el abogado estuviera presente”.
Cubalex consideró en un post de Facebook que el juicio contra Troya debe ser anulado pues el acusado no fue escuchado por un órgano judicial independiente sino por uno que sirve a los propósitos del régimen cubano.
Troya no tuvo una defensa apropiada pues no mantuvo intercambio con su abogado; el cual no “pudo acceder a las actuaciones durante el proceso investigativo, ni a la Causa en el tribunal. No lo pudo representar en el juicio oral”.
Por otro lado, el tribunal tomó su decisión y dictó sentencia oral el 20 de julio solo con las pruebas aportadas por el órgano policial. No hubo en el proceso igualdad entre las partes involucradas ni los jueces demostraron ser imparciales.
También, señala Cubalex que “No quedaron comprobados los hechos, pues el acusado no pudo aportar pruebas; los jueces destruyeron la presunción de inocencia del acusado de forma ilegal y los jueces se convirtieron en parte y acusaron a la vez que juzgaron”.
Durante el juicio solo permitieron la presencia de un solo familiar, de esta manera se “violó el principio de publicidad al no permitir la presencia de más de un familiar durante el acto del juicio oral, impidiendo el control ciudadano en el actuar de los jueces”.
Además, el tribunal “la fiscalía tenía la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad desde el inicio del proceso y no lo hizo, dejando que se acusara a una persona que no cometió delito alguno, obstaculizando el esclarecimiento de los hechos. No garantizó que se respetara la dignidad del acusado, y que se cumpliera con la ley”, señala la ONG.
Al también realizador del video “Patria y Vida” se le violaron sus derechos constitucionales durante todo el proceso.
Anyelo Troya y las manifestaciones del 11J
La participación del joven fotógrafo en las protestas del 11 de julio en La Habana se resumen en la toma de material fotográfico sobre los sucesos en las cercanías de su vivienda en La Habana Vieja. Esta acción no está contenida como un delito y al impedirlo el gobierno cubano está violando el derecho al trabajo de Troya.
Tras las protestas el joven fue detenido arbitrariamente por elementos policiales y el Habeas Corpus presentado a su favor fue declarado sin lugar por estar Troya bajo una medida cautelar de provisional dispuesta por el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana en la causa 452 del año 2021.
El delito que se le imputó a Troya fue el de “Desorden público”, un delito común que el régimen de La Habana utiliza para encarcelar a disidentes y está contemplado en el artículo 200 del Código Penal.
Según el documento, quien "amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes auxiliares", será condenado de tres meses a un año de cárcel o multa.
Por otro lado la subsecretaria del Departamento de Estado de EE. UU, Julie Chung se expresó en Twitter sobre el caso de Troya González al decir que "Un año de prisión por encender la cámara.
El fotógrafo cubano Anyelo Troya sentenciado tras un juicio sumario secreto sin la presencia de un abogado defensor.
¿Su crimen? Documentación de matones y policías enviados por los dictadores de Cuba para golpear a manifestantes pacíficos. Anyelo es uno de los demasiados".
