La policía cubana detuvo este 3 de marzo al activista Adrián Góngora Santiesteban por filmar una cola en la provincia de Las Tunas.
En las imágenes se observa cómo el joven filma una cola para comprar alimentos y la policía llega, le pide su teléfono celular y, ante la negativa, lo arrestan inmediatamente.
Este tipo de conductas son habituales en Cuba. Los agentes del orden interceptan a los comunicadores independientes, que tienen alguna relación con la prensa no oficialista, para evitar que den cuenta de la escasez imperante en la isla.
Activistas de la sociedad civil, periodistas independientes y artistas contestatarios están entre los grupos sobre los que recaen las medidas represivas del régimen.
Para el 1 de marzo de 2021, CPD reconoce a 135 condenados y presos políticos por oposición al régimen, pero también a otros 11 000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8400 de ellos convictos y 2538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”.
En los últimos 12 meses han formado parte de la lista de CPD 180 personas. Con 127 se inició marzo de 2020; desde entonces han ingresado 53 nuevos casos (4,4 nuevos al mes).
Las medidas de seguridad predelictivas vigentes, de hasta 4 años de cárcel, se aplican por medio de un articulado del Código Penal que es violatorio de los más básicos principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, agregó la organización.
Mientras, el informe de Libertad en el Mundo 2021 de la organización defensora de los derechos humanos, Freedom House, mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres.
La ONG señala que en el último año las autoridades cubanas “desataron una ola de intimidación, detenciones arbitrarias y arrestos domiciliarios ilegales contra periodistas independientes y un grupo de artistas disidentes con los que el gobierno había prometido en algún momento un diálogo abierto”.
