Unas 159 manifestaciones públicas en la isla motivadas por la represión y brutalidad policial ocurrieron en el mes de febrero en Cuba, según el Observatorio Cubano de Conflictos.
“Se sigue incrementando el número de manifestaciones públicas a todo lo largo y ancho de la isla. De esas 159, el 70 por ciento está directamente relacionado con derechos políticos y civiles”, dijo a Radio Martí Juan Antonio Blanco, presidente de la organización, un proyecto apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Responsable directa de 99 de estas manifestaciones fue la que califica el Observatorio como “nueva, emergente y multifacética sociedad civil” en la que incluyen al Movimiento San Isidro, el 27N, los defensores de animales y los periodistas independientes.
Las demostraciones públicas pueden ser pintadas, carteles, gritar consignas, negarse a cumplir órdenes policiales o administrativas, marchas, sentadas, distribución de volantes, memes y chistes satíricos de las políticas gubernamentales y muchas más.
“Febrero comenzó con la divulgación en redes sociales del mensaje del sacerdote camagüeyano Alberto Reyes a perder el miedo”, dice el informe del OCC. “Tal parece que Dios oyó su plegaria porque lo que se ha demostrado este mes es que las protestas públicas forman parte de una nueva cultura en la isla y que la represión y los actos de repudio lo que hacen es multiplicarlas”.
“El problema es que la represión está teniendo un efecto contrario al que ellos buscan. La represión está trayendo más visibilidad, más solidaridad entre los diferentes movimientos y está politizando la protesta económica y social y transformándola en política”, aseguró Blanco.
Para probar su afirmación, el reporte del Observatorio apela a ejemplos como el rechazo público a los actos de repudio, los reclamos de madres solteras por viviendas o alimentos y la decisión de campesinos de no vender sus cosechas al Estado.
“Se le ha acabado no solamente el capital financiero al gobierno, sino también el capital simbólico, o sea, la legitimidad, la credibilidad, el prestigio”, acotó el directivo de la entidad.
Según la institución, las expresiones de disconformidades económicas y sociales fueron originadas fundamentalmente por el incremento del costo de vida a partir de la “tarea de reordenamiento de precios”, las prohibiciones de trabajo privado a varios sectores, especialmente profesionales y los problemas de vivienda, agua, alimentación, transporte.
Las autoridades “hacen ocasionalmente concesiones puntuales no esenciales y se repliegan. Así lo hicieron con los animalistas y los arquitectos”, señaló el dossier.
Como contrapartida, aumenta la represión
Mientras tanto, la ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) incluyó dos nuevos presos políticos a su lista, con lo que llega a la cifra de 135 en la isla.
Se trata de Luis Enrique Santos Caballero y Yasser Fernando Rodríguez González, este último sin filiación política conocida.
La organización también señala tres nuevos reportes de tortura y malos tratos en la cárcel, los de Eider Frómeta Allen, Laudelino Rodríguez Mendoza y Didier Eduardo Almagro Toledo.
Laudelino padece de epilepsia y en prisión no le suministran los medicamentos que requiere para esa grave enfermedad. A Eider, por su parte, las autoridades carcelarias le ordenaron desnudarse delante del resto de reos en una inspección. Al no hacerlo en un apartado, él se negó en protección de su intimidad. Por ello le sancionaron con 15 días en celda de castigo.
Didier es, por su parte, un reo del que su madre no tiene noticias hace un mes, está fuertemente preocupada y está solicitando incluso una prueba de vida.
Para el 1 de marzo de 2021, CPD reconoce a 135 condenados y presos políticos por oposición al régimen, pero también a otros 11 000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8400 de ellos convictos y 2538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”.
En los últimos 12 meses han formado parte de la lista de CPD 180 personas. Con 127 se inició marzo de 2020; desde entonces han ingresado 53 nuevos casos (4,4 nuevos al mes).
Los que han salido de la lista, 45 en el mismo período, la gran mayoría lo ha hecho por cumplimientos íntegros de las condenas y, excepcionalmente, por otros motivos (cambios de medida provisional, fianzas y otros).
Las medidas de seguridad predelictivas vigentes, de hasta 4 años de cárcel, se aplican por medio de un articulado del Código Penal que es violatorio de los más básicos principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, agregó la organización.
Prisoners Defenders, considera como convictos de conciencia a quienes “son presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, con acusaciones bien completa y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente relacionadas con el pensamiento”.
Redactado con información de ADN Cuba y Radio Martí.
