Como si no fuera suficiente la terrible inflación que sufren los cubanos, ahora también tienen que vivir con el temor de que les impongan cualquiera de las descomunales multas que por estos días aplica la dictadura bajo el amparo del Decreto Ley 30, el cual se enmarca en la llamada Tarea Ordenamiento.
El mencionado decreto entró en vigencia el pasado 1ro de febrero, y desde entonces el régimen ha recaudado cientos de miles de pesos en todo el territorio nacional, y un ejemplo de esto es el de la provincia de Holguín, en donde se obtuvieron 374 mil pesos en multas, según un artículo publicado este 14 de febrero por la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
"A partir de la aplicación del Decreto Ley 30, desde el primero de febrero del presente año en la provincia de Holguín se han aplicado alrededor de 70 multas por contravenciones en los precios, ascendentes a 374 mil pesos, como parte de las medidas de la Tarea Ordenamiento para enfrentar las ilegalidades", refiere el citado medio.
Al respecto Dionisia Milagros Portelles, directora de la Dirección Integral de Supervisión en ese territorio, declaró a la ACN que "las violaciones más frecuentes se concentran en las alteraciones de tarifas en la venta de carne de cerdo, ahumados y productos del agro, como viandas y hortalizas con el mayor número de hechos detectados hasta el momento en los municipios de Banes, Calixto García y la cabecera provincial".
Recodemos que como parte de las nuevas medidas económicas que comenzaron a implementarse a partir del 1ro de enero de este año, el régimen estableció un listado de precios topados, el cual en muchos casos da un margen muy reducido de ganancia a los trabajadores por cuenta propia, y no toma en consideración algunos aspectos relacionados con la inversión que estos deben hacer para poder mantener las ofertas en sus negocios.
Si bien el tope de precios es igual tanto para el sector estatal como para el privado, hay que señalar que este último no cuenta con los benéficos de mercado mayorista que tiene el primero, lo que hace que la inversión sea mayor, reduciendo las utilidades.
Al referirse al Decreto Ley 30 Milagros Portelles señaló que "esta nueva ley autoriza además, los decomisos, los hallazgos y las ventas forzosas, como herramienta para complementar la aplicación de las multas, con cuantías entre dos mil y 15 mil pesos a los infractores".
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En cuanto a su aplicación en Holguín, destacó que "entre las ocupaciones a vendedores particulares sobresalen más de nueve mil libras de productos agrícolas", mercancías que tras las operaciones incautación "fueron entregadas a los hospitales Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, General Docente Vladimir Ilich Lenin y el Sistema de Atención a la Familia".
Asimismo, dijo que también se habían decomisado 270 libras de chorizo, "las cuales fueron trasladadas al comedor obrero de la Empresa Constructora del Poder Popular para la alimentación de sus trabajadores", lo que hace pensar que el régimen no tiene con qué abastecer de alimento a hospitales y empresas, y la única solución que encuentra es salir a la calle a arrebatarle a los trabajadores por cuenta propia sus bienes.
En este último caso la funcionaria destacó que además del decomiso, al cuentapropista afectado "les fueron impuestas dos multas por reiteradas ventas de carne de cerdo a más de 100 pesos la libra".
En medio de la actual crisis económica que vive el país lo lógico sería que el régimen estuviera incentivando el prendimiento, pero en lugar de eso lo persigue con disposiciones legales como este Decreto Ley, el cual incluye un término de apelación de hasta tres días después del hecho a la autoridad facultada, y pierde su validez en un período de un mes, "cuando se duplica el monto, sin recursos administrativos ni judiciales".
