Varios políticos internacionales se sumaron al pedido de Prisioners Defenders, para que el gobierno de Miguel Díaz-Canel libere unos 8 mil 500 presos sin delito y otros encarcelados por diferencias políticas en Cuba, según anunció la organización de derechos humanos este jueves 23 de abril.
Al comunicado de Prisioners Defenders el 17 de abril, que reunía voces de la sociedad civil independiente y llamó a “cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria”, se han sumado importantes figuras de la política internacional.
Se demanda “la liberación de miles de presos inocentes y sin delito penal alguno en Cuba, tanto políticos como desafectos del sistema”, explica Prisioners Defenders.
Según la institución, esta iniciativa “pone de relieve la represión acelerada que se está sucediendo con la excusa de la pandemia en Cuba, y la necesidad de liberar a presos políticos y presos sin delito, en prisión por mera desafección del sistema”.
Entre los políticos que respaldan el pedido están Luis Almagro, Secretario General de la OEA, Dita Charanzová, Vice-Presidenta del Parlamento Europeo, Javier Nart, Vice-Presidente de la Delegación de Parlamento Europeo para las Relaciones con Centroamérica; José Ramón Bauzá, Eurodiputado del Partido Ciudadanos (España); Hermann Tertsch, Eurodiputado del Grupo ECR; Antonio Ledezma, destacado opositor venezolano, y otras figuras de la política y los derechos humanos a nivel mundial.
Otros grupos internacionales, destacando algunos de la izquierda, como el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, en boca de su Presidenta, la eurodiputada Iratxe García, su Vice-Presidenta, la eurodiputada Kati Piri, y el Presidente de EUROLAT, el eurodiputado D. Javi López, pidieron esta revisión y liberación de presos de conciencia el 27 de marzo en rueda de prensa en La Habana.
Otras iniciativas han condenado el autoritarismo resurgido, o agravado en el caso de Cuba, ante la emergencia de la pandemia de coronavirus. Recientemente la Fundación Internacional para la Libertad emitió un manifiesto en el que denunciaban que “algunos gobiernos han identificado una oportunidad para arrogarse un poder desmedido”, suspendiendo “el Estado de derecho e, incluso, la democracia representativa y el sistema de justicia”. El texto encabezado por la firma del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, presidente de la fundación, menciona explícitamente que en “las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión”.
Otros firmantes del manifiesto son intelectuales, expresidentes y políticos iberoamericanos como José María Aznar (España), Mauricio Macri (Argentina), Ernesto Zedillo (México), Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti (Uruguay), Federico Franco (Paraguay), María Corina Machado, Coordinadora de Vente Venezuela, el historiador Enrique Krauze (México), el filósofo y escritor Fernando Savater (España), y el Premio Cervantes de Literatura Jorge Edwards (Chile).
Por otra parte, el comunicado que reúne voces críticas de la sociedad civil cubana, entre la denuncia a “la represión de crecimiento exponencial”, llama a ser conscientes del “hacinamiento que provoca que en Cuba haya actualmente, en plena pandemia del Covid-19, más de 90 mil, la mayor población reclusa del mundo per cápita (794 por cada 100 mil habitantes) entre los que se encuentran más de 8 mil 400 presos por condenas pre-delictivas”, es decir: privadas de su libertad por delitos que aún no han cometido, pero que el Estado cree que podrían cometer. A la mayoría de ellos la autoridad los sanciona porque les atribuye “una conducta contraria a la moral socialista”, pero explícitamente sin delito, como estipula el Código Penal de Cuba, en su artículo 76.1.
