El Gobierno de Botsuana contribuye, con conocimiento de causa, al sistema de explotación y trabajo forzoso al que son sometidos los médicos cubanos enviados a ese país, según un informe publicado este martes por la organización Prisoners Defenders (PD).

La investigación documenta un convenio suscrito en 2024 entre ambos gobiernos, mediante el cual Botsuana paga 3.500 euros mensuales —equivalentes a 4.094,65 dólares al cambio oficial utilizado en el informe— por cada médico especialista cubano, mientras que el profesional recibe únicamente 1.000 dólares.

Javier Larrondo, presidente de PD, declaró que la propia Constitución del país africano prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso; sin embargo "permite que estos abusos ocurran en sus hospitales, viviendas y distritos".

"El presidente de dicho país debe explicar todo esto y por qué no existe un organismo independiente para que los médicos puedan denunciar, conservar su pasaporte o abandonar la misión sin represalias", añadió Larrondo.

De acuerdo con PD, el médico percibe así apenas el 24,42% de la tarifa pagada por Botsuana, mientras que el 75,58% restante, unos 3.094,65 dólares mensuales por especialista, queda fuera de sus manos.

La organización estima que, con un contingente de 90 profesionales, el Gobierno de Botsuana estaría pagando más de 4,2 millones de dólares anuales por el personal cubano. El Parlamento botsuanés confirmó en abril de 2025 las tarifas de 3.500 euros para especialistas y 2.800 euros para profesionales auxiliares, así como pagos al régimen cubano por 419.360.047 pula —unos 31,3 millones de dólares al cambio vigente entonces— durante la década anterior.

PD sostiene que las autoridades botsuanesas no pueden alegar desconocimiento del destino de los fondos, debido a que el convenio obliga a la parte cubana a emitir facturas mensuales que separan el importe destinado a los profesionales del dinero transferido a Cuba.

La organización considera que esta estructura convierte al Estado africano en un participante del mecanismo de explotación, pues no se limita a recibir a los médicos, sino que paga la tarifa contractual, aloja y despliega al personal y puede solicitar su sustitución.

Médicos sometidos a restricciones en Botsuana

El informe también expone las restricciones impuestas por la propia jefatura de la misión médica cubana. El 3 de julio de 2026, el jefe de la Brigada Médica Cubana en Botsuana, Pablo Ricardo Betancourt Álvarez, emitió una regulación de obligatorio cumplimiento que limita diversos aspectos de la vida de los profesionales.

Entre otras medidas, la disposición restringe la salida de los médicos de sus distritos, salvo por asuntos profesionales o de salud y previa consulta con la jefatura de la brigada.

También prohíbe recibir visitas o alojar a personas ajenas a la misión en sus viviendas, así como que los brigadistas pernocten fuera de ellas. Los médicos tienen además prohibido visitar las viviendas de otros cubanos que no pertenezcan a la brigada o participar en actividades no organizadas oficialmente por esta.

La resolución establece asimismo restricciones para adquirir o conducir vehículos, limita las salidas nocturnas sin autorización y considera una infracción grave la divulgación de información sensible relacionada con el trabajo de la brigada o con sus integrantes.

El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear medidas disciplinarias y la jefatura anunció controles sorpresivos para comprobar su aplicación.

Para Prisoners Defenders, estas reglas constituyen una muestra del control ejercido sobre los trabajadores cubanos incluso mientras se encuentran en territorio extranjero.

De 800 a 1.000 dólares mientras aumenta el pago de Botsuana

La investigación compara además los ingresos de los médicos cubanos con los montos pagados por Botsuana a lo largo de los años.

El convenio firmado en 2012 establecía 800 dólares mensuales para los médicos y entre 650 y 700 dólares para otras categorías. Testimonios recopilados por PD sitúan los estipendios recibidos por profesionales cubanos en misiones realizadas hasta 2017 entre 400 y 800 dólares mensuales.

Una circular oficial del Princess Marina Hospital, fechada en marzo de 2020 y enviada con copia al Ministerio de Finanzas de Botsuana, registraba un salario de 800 dólares mensuales para 18 médicos especialistas.

En agosto de 2026, fuentes directas consultadas por la organización situaron el salario actual de los especialistas cubanos en 1.000 dólares mensuales.

Aunque supone un incremento nominal de 200 dólares respecto a 2020, PD advierte que el pago realizado por Botsuana aumentó mucho más, hasta alcanzar los 4.094,65 dólares por especialista. Por ello, la organización considera que la estructura de extracción salarial incluso se ha agravado en beneficio del régimen cubano.

Testimonios describen trabajo forzoso

Prisoners Defenders recopiló testimonios de profesionales cubanos destinados en Botsuana que muestran un patrón de coerción y control.

Todos los entrevistados afirmaron que no participaron voluntariamente en la misión. El 60% indicó que, aunque existía un contrato, nunca recibió una copia, mientras que el resto aseguró que ni siquiera se formalizó un contrato.

Los testimonios también señalan retirada de pasaportes por parte de las autoridades cubanas, restricciones de movimiento y control de las relaciones con la población local.

Los profesionales dijeron además que tenían prohibido conducir vehículos, debían asistir a reuniones políticas y realizar actividades ideológicas, y que no podían disfrutar libremente de vacaciones con sus familiares.

Todos los entrevistados afirmaron haber sido advertidos de que no podrían regresar a Cuba durante ocho años si abandonaban la misión, una prohibición que, según PD, se materializó en los casos de quienes desertaron.

Las jornadas laborales descritas oscilaron entre 56 y 64 horas semanales, con una media de 57,6 horas. El 80% de los testimonios reportó restricciones sobre vivienda y pernocta, temor a la vigilancia, obligación de informar sobre deserciones, amenazas y represalias.

Las denuncias sobre las misiones médicas cubanas no son nuevas

Las acusaciones contra el programa cubano de exportación de trabajadores no son nuevas. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha documentado durante años denuncias de trabajo forzoso y trata de personas vinculadas a las misiones médicas cubanas.

En su informe de 2024 sobre trata de personas, Estados Unidos mantuvo a Cuba en el nivel 3 y señaló que existía un patrón gubernamental de obtener beneficios del trabajo forzoso dentro del programa de exportación laboral, incluidas las misiones médicas. El reporte documentó denuncias sobre retención de salarios, confiscación de pasaportes y credenciales profesionales, vigilancia, toques de queda y restricciones de movimiento.

El Departamento de Estado también ha señalado que las denuncias se remontan a años anteriores. En 2022 indicó que los trabajadores cubanos enviados al extranjero recibían, en numerosos casos, apenas entre 5% y 25% del salario pagado por los países receptores, mientras el Gobierno cubano retenía el resto.

En abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) publicaron un informe específico sobre los derechos laborales y de movilidad del personal sanitario cubano en misiones internacionales.

El organismo interamericano identificó denuncias de remuneraciones insuficientes, retención de ingresos, jornadas extensas y asignación de tareas ajenas a la labor sanitaria, además de restricciones a la libertad sindical y la negociación colectiva. También expresó preocupación por restricciones a la circulación, retiro de pasaportes, sanciones por abandonar las misiones y obstáculos a la reunificación familiar.

La CIDH y REDESCA advirtieron que, en determinados casos, la combinación de falta de consentimiento pleno, medios coercitivos y finalidad de explotación laboral podría configurar situaciones de trabajo forzoso u obligatorio. También señalaron que esas circunstancias podrían reunir, en determinados casos, elementos constitutivos de trata de personas.

El nuevo informe de Prisoners Defenders sitúa ahora el foco en Botsuana y en la responsabilidad que, según la organización, corresponde también a los países receptores que financian y permiten el funcionamiento de este modelo.

PD reclama al Gobierno del presidente Duma Boko que publique el convenio con Cuba y sus anexos, detalle cuánto dinero recibe cada profesional y cuánto se transfiere al régimen cubano, y garantice que los médicos puedan conservar sus pasaportes, desplazarse libremente, acceder a sus contratos y abandonar la misión sin sufrir represalias.

La organización también pide entrevistar a los profesionales cubanos sin presencia de los coordinadores de la misión y crear mecanismos independientes y confidenciales para denunciar abusos.