El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 304 acciones represivas contra la población civil en Cuba durante agosto de 2026, entre ellas 37 detenciones arbitrarias y 267 casos de otros abusos cometidos por el régimen, según su más reciente informe publicado este miércoles.
El sitio policial de viviendas de activistas constituyó la principal modalidad represiva registrada durante el mes, con 158 casos, mientras que el organismo contabilizó además 46 abusos contra presos políticos y comunes, así como hostigamientos, multas y citaciones policiales.
Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH, explicó a ADN Cuba que "estos niveles represivos son reflejo y resultado de la naturaleza real y atrincheramiento político de régimen cubano. En este contexto, la situación de los presos políticos y de conciencia es extremadamente grave incluso desde el punto de vista humanitario. La alarmante situación represiva ha sido objeto de nuestras conversaciones ayer y hoy en Bruselas".
La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey fueron las provincias donde se concentró el mayor número de acciones represivas documentadas por el OCDH. Casi la mitad de los actos registrados estuvieron dirigidos contra mujeres.
Las 37 detenciones arbitrarias estuvieron relacionadas principalmente con protestas ciudadanas contra los apagones y las difíciles condiciones de vida, además de la reiterada detención de expresos políticos.
Entre los casos mencionados por el OCDH se encuentra el de Pedro Lázaro Gutiérrez Collado, detenido durante un toque de cazuelas en Calabazar; Walter Junior Blanco Prieto, arrestado tras una protesta en La Habana Vieja; Reyser Núñez Vaillant, detenido durante un cacerolazo en Santiago de Cuba, y Maikel Armenteros Orama, arrestado mientras protestaba contra los apagones en Santa Clara.
El 27 de agosto, además, fueron detenidos 13 ciudadanos en La Habana antes de que pudieran iniciar una protesta pacífica prevista desde el Capitolio hasta el Malecón.
El organismo también registró nuevos arrestos de expresos políticos, entre ellos Osmani Mendoza Ferriol, Alexis Sabatela Ugarte, colaborador del OCDH, y Yosvany Sepúlveda Martínez. Asimismo, Andy García Lorenzo, exprisionero político de las protestas del 11J, fue detenido el 30 de agosto en Santa Clara.
Acoso a religiosos y masones
El informe también denuncia la continuidad de la represión por motivos religiosos. El OCDH documentó el acoso reiterado contra la familia del pastor evangélico independiente Ibrahim Rozabal, en Santiago de Cuba, así como contra otros integrantes de la Alianza de Cristianos de Cuba (ACC) y un grupo de practicantes yorubas.
Asimismo, el organismo señaló nuevas acciones del Ministerio de Justicia contra integrantes de la masonería.
Entre los casos mencionados está el de José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, una de las principales instituciones masónicas de la isla. Viñas Alonso fue citado, interrogado y amenazado el 18 de agosto por agentes de la policía política.
Denuncian abusos contra presos políticos
Los abusos contra personas encarceladas también ocuparon un lugar destacado en el informe de agosto. El OCDH documentó condiciones penitenciarias precarias, falta de agua y alimentación adecuada, negación de atención médica, incomunicación, aislamiento en celdas de castigo, amenazas y agresiones físicas contra presos políticos.
Ante estas condiciones, varios prisioneros recurrieron a huelgas de hambre para protestar contra los malos tratos y las condiciones de reclusión. Entre ellos figuran Guillermo Carralero López, José Ramón Solano Randiche, Amijail Sánchez González y Marcos de la Luz Caballero Granados.
El organismo también alertó sobre casos de presos con graves problemas de salud que no estarían recibiendo la atención necesaria, restricciones de visitas familiares y amenazas de muerte.
Entre los casos señalados como más preocupantes está el de Ángel Serrano Hernández, preso político del 11J condenado a 15 años de cárcel. Según testimonios recibidos por su familia y citados por el OCDH, Serrano habría sido golpeado fuertemente por agentes penitenciarios, enviado a una celda de castigo y posteriormente trasladado a la prisión 1580, bajo un régimen de mayor severidad.
El informe menciona además a Adrián Curuneaux Stevens, quien habría denunciado encontrarse en un grave estado de desnutrición y sin recibir la atención médica y alimentación necesarias.
El OCDH también incluyó entre los casos documentados al preso político Roberto Pérez Fonseca, cuya situación de salud y condiciones de reclusión han sido denunciadas previamente por sus familiares.
Vigilancia y sitios policiales
Los operativos de vigilancia y los sitios de viviendas constituyeron otra de las principales formas de represión durante agosto. De acuerdo con el OCDH, estuvieron dirigidos principalmente contra activistas, periodistas independientes, familiares de presos políticos y miembros de organizaciones opositoras.
Las Damas de Blanco fueron sometidas a vigilancia policial sistemática en sus viviendas durante los domingos del mes. Según el organismo, los operativos de la Seguridad del Estado comenzaban desde horas tempranas de la mañana y se extendían hasta después del mediodía, con el objetivo denunciado de impedir que las integrantes de la organización salieran de sus casas para asistir a misa.
El OCDH sostiene que estas acciones evidencian la continuidad de una política represiva dirigida no solo contra quienes participan directamente en protestas, sino también contra activistas, periodistas, familiares de presos políticos y personas que ejercen de manera independiente sus derechos religiosos y asociativos.
