Este organismo internacional recordó que ambos líderes opositores son beneficiarios de medidas cautelares, de las cuales el régimen de La Habana no ha respondido a solicitudes de información.
Durante este martes varios activistas, periodistas independientes, opositores y familiares de presos políticos han denunciado vigilancia en sus viviendas.
"¿Hasta cuándo van a estar torturando un país entero? ¿Hasta cuándo van a estar matando lentamente un país entero?", dijo un usuario en comentarios del post de la UNE.
La opositora fue devuelta a la cárcel de Guamajal, en la ciudad de Santa Clara, en represalia por su activismo y exigir durante los últimos meses la liberación de su esposo, el también preso político Loreto Hernández.
"A tono con ello, en razón de esta revocación al beneficio concedido, la sancionada deberá cumplir en un establecimiento penitenciario el resto de la sanción, por los delitos de desacato, atentado y desórdenes público", agrega la nota.
Según explicó Fernández León a ADN Cuba este lunes, tienen una orden de deportación expedita vigente desde noviembre de 2022, cuando ingresaron a Estados Unidos.