Casi 300 cubanos pendientes de juicio por manifestarse el 11J

La plataforma Justicia 11J registró un total de 285 casos donde los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 aún permanecen a la espera de juicios en su contra, algunos con peticiones fiscales de hasta 15 años de privación de libertad.

La última newsletter del grupo, correspondiente al mes de octubre, recoge que, de esa cifra, unas 135 personas permanecen en la cárcel bajo medida cautelar de prisión provisional.  Unas 233 “aún no reciben las conclusiones provisionales de parte de la Fiscalía para abrir la fase de juicio oral. Otras 3 personas salieron del país con procesos judiciales pendientes”.

Precisó el documento que “a un grupo de manifestantes de La Habana que aún esperan la realización de su juicio, a más de un año de las protestas, se les ha modificado el delito por el que serán juzgados: inicialmente fueron acusados de delitos comunes, y ahora son acusados de sedición. Señalamos el caso de Reinier Borrell Lebrigio, quien realizó una huelga de hambre para exigir la realización del juicio”.

Hasta la fecha, 626 personas han sido procesadas en juicios ordinarios por su participación en las manifestaciones masivas del 11J, 46 en juicios sumarios, y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, es el único ciudadano que permanece en un penal con una condena de cuatro años después de haberle sido revocada la sanción subsidiaria de limitación de libertad.
 
Hasta la fecha, solo cinco personas han sido absueltas y una multada. Buena parte de los procesados en juicios ordinarios han interpuesto ante las autoridades recursos de apelación y/o casación.

De los condenados, unos 495 se encuentran cumpliendo o cumplieron sus sanciones; otros 53, entre ellos cuatro menores de 18 años, son sometidos a trabajo correccional con internamiento y 49 sin internamiento. De los 30 manifestantes con limitación de libertad, a unos 13 son menores de edad.

Las sanciones más severas aplicadas por el régimen cubano han sido de entre 20 y 25 años de cárcel. En tal caso se encuentran cinco cubanos, mientras que 119 cumplen sanciones que oscilan entre 10 y 20 años.

Como dato relevante, el informe explica que el 25 por ciento de los condenados fueron procesados por el delito de sedición contra la Seguridad del Estado.

Un elemento señalado por el documento es la dilación de los términos procesales establecidos para las diferentes fases del proceso legal. Para la organización de asesoría legal Cubalex esta práctica evidencia la “discrecionalidad y el constante irrespeto al principio de legalidad, aún después de que haya entrado en vigor la nueva Ley del Proceso Penal, con la que se debía haber conseguido la supuesta temperación de nuestro ordenamiento interno con los estándares internacionales de derechos humanos”.