2024: un año violento en Cuba

Aunque las autoridades cubanas intentan minimizar la situación, en 2024 el país experimentó un preocupante aumento de la violencia y la criminalidad en sus más diversas modalidades.

Las redes sociales y la prensa independiente han quebrado el ostracismo del control oficial de la información y cada día se conoce de un nuevo incidente que lamentar: asesinatos y asaltos, robos y filicidios, armas blancas y de fuego, consumo de drogas y riñas tumultuarias. Muchos cubanos ya no sienten que las calles del país, ni sus casas, sean lugares seguros. 

Aunque las instituciones oficiales no ofrecen estadísticas públicas e integrales sobre el comportamiento de la violencia y la inseguridad, algunas organizaciones de la sociedad de civil se han dado a la tarea de llevar un subregistro de los hechos de violencia.

Según datos recopilados por la organización legal Cubalex y compartidos con ADN Cuba, este año se registraron 585 incidentes relacionados con violencia e inseguridad ciudadana, los que incluyen asesinatos, asaltos, robos, golpizas, peleas tumulturarias, entre otros. De estos,  228 fueron asesinatos, con La Habana y Santiago de Cuba a la cabeza como las provincias más afectadas.

La crisis social y económica que vive el país, marcada por la pobreza, los apagones, el hambre, la emigración, la insalubridad y la represión, tiene sus efectos también sobre la inseguridad ciudadana.

Ante la falta de información de las autoridades estatales, ha sido la propia ciudadanía, organizaciones sociales y medios independientes quienes se han encargado de visibilizar esta problemática, que afecta a todos los cubanos. 

¿Realidad o percepción?

Las autoridades cubanas se empeñan en negar el aumento de la violencia y la criminalidad en el país. Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, sostuvo recientemente en televisión nacional que no ha aumentado el número de asesinatos este año, sino que se trata de un problema de percepción.

Al respecto, el coronel Idael Fumero Valdés, jefe de Información y Análisis de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior, minimizó la situación diciendo: “Nosotros consideramos, como ocurrió en los años 90 también, que la situación económica del país generó tensiones, efecto de desgaste en las personas. Esto incluso lo podemos apreciar sobre todo en la vida práctica, usted ve en una cola que existen manifestaciones agresivas por parte de las personas(..)” 

No obstante, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), con el apoyo de Cuba Siglo 21, informó que este año estuvo marcado por un aumento del 111% en asesinatos, un 290% en agresiones y un 208% en robos durante el primer semestre, datos que revelan cómo van creciendo los niveles  de criminalidad, y cuestiona entonces si es “un problema de percepción”, como trata de hacer creer el régimen, o una realidad palpable en las calles.

El mito de “las tranquilas calles de Cuba” ha sido sustituido por un panorama que se  afinca en un ecosistema de violencia e inseguridad pública, marcado por feminicidios de diferentes tipos, así como por crímenes cuyos móviles han sido robos, asaltos, ajustes de cuentas, entre otros que emergen con fuerza.

Feminicidios, una de las caras de la violencia

El pasado 13 de diciembre el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) documentaron dos nuevos feminicidios en Santiago de Cuba y Holguín.

El 11 de diciembre, Yiliannis Bueno Espinosa, de 29 años y madre de dos niñas, fue atacada por un hombre que la acosaba en las afueras de su hogar, en el poblado El Sur, en Tercer Frente, Santiago de Cuba. Días antes,el 22 de noviembre, Tania Liset Hidalgo Ávila, de 51 años, resultó brutalmente asesinada en su vivienda, ubicada en Bijarú, Báguanos, Holguín. Aunque inicialmente se vinculó el ataque con un robo, la violencia ejercida excedió esa motivación y el autor del crimen fue finalmente capturado.

En exclusiva para ADN Cuba, la directora de este medio independiente, Ileana Álvarez, informó que, hasta el momento, se han verificado por los observatorios independientes de #AlasTensas y #YSTCC 55 feminicidios en Cuba durante 2024. Y ello en un país donde el Estado no reconoce esta forma de violencia como un delito específico en su código penal.

En su mayoría, se trata de casos de parejas y exparejas, aunque Alas Tensas sigue una tipología que incluye también feminicidios sociales, familiares, sexuales, vicarios y transfeminicidios, para asegurar que ninguno quede en el anonimato. 

Álvarez destacó el caso verificado en este mismo diciembre de dos mujeres asaltadas en su hogar. “Aunque aparentemente el móvil del crimen pudo haber sido el robo, sobre el cuerpo de estas mujeres se estableció una relación de misoginia muy grande entre el victimario, y en este caso la víctima, y existe la posibilidad de que experimentaran agresiones sexuales.” 

Cada vez son más las mujeres cubanas que mueren a manos de conocidos en contextos de acoso y violencia extrema. 

Pandillas, crímenes múltiples y proliferación de drogas

Asegura Niover Licea, youtuber del canal “Nio reportando un crimen”, que una gran parte de los reportes que recibe están relacionados con violencia de género, pero que también emergen otros móviles, como el secuestro, el accionar de pandillas y crímenes perpetrados por menores de edad, según lo constatan los testimonios y denuncias recibidas y reportadas por él. 

“Las pandillas, las bandas, y el consumo de químicos” son el contexto en el cual se desenvuelven adolescentes y niños involucrados en actos de violencia. De modo general, el youtuber considera que existe un mayor aumento de los hechos de crimen, asesinato y violencia física, sobre todo, en las provincias de Villa Clara, Santiago de Cuba y Holguín. 

También en exclusiva para ADN Cuba advirtió sobre los crecientes índices de violencia en la isla, ya que solo a él le han reportado más de 150 asesinatos este año. Asimismo, resaltó la emergencia de bandas organizadas, más de una decena reportadas a su canal,  cuyo accionar, relacionado con el hurto y sacrificio de ganado, se lleva a cabo en reiteradas ocasiones con actos de violencia física.

Han llamado la atención la ocurrencia de crímenes múltiples, como los sucedidos en meses recientes en Ceballos (Ciego de Ávila), San Luis (Santiago de Cuba) y La Picadora (Villa Clara), actos que horrorizan, no solo por los signos de crueldad, sino también porque han involucrado a familias enteras, incluyendo a niños y personas mayores. 

En noviembre se reportaron, en una misma semana, dos filicidios: uno en Minas, Camagüey, y otro en Las Tunas. En el primer caso, Aliesky Martínez Ferrer asesinó a su hijo de cinco años y luego atacó a una mujer embarazada, quien se encuentra en estado crítico; en Las Tunas, Jader Machado Fis, de 19 años, fue asesinado por su padre, quien había salido de prisión recientemente. Jader, reconocido como un joven religioso y dedicado a sus estudios, fue trasladado a un hospital, pero falleció tras una cirugía.

En las redes sociales, con frecuencia circulan videos de riñas colectivas en eventos culturales entre adolescentes que portan armas blancas. Una de las más sonadas sucedió este verano, durante una fiesta en La Finca de los Monos, en el Cerro, La Habana,  incidente que dejó ocho lesionados y conllevó al  arresto, por parte del régimen, de varios sospechosos de entre 16 y 20 años.

También durante el año 2024 han aumentado las denuncias sobre el consumo de drogas, fundamentalmente las conocidas como "químico" y "el papelito", muy populares entre jóvenes y adolescentes debido a sus bajos precios. El propio régimen cubano ha reconocido esta realidad, que ya no puede ocultarse ante la avalancha de evidencias. 

Violencia por parte de las autoridades

Las cárceles cubanas también son escenario constante de actos de violencia, que tienen como principal perpetrador no a los reclusos, sino a a las autoridades encargadas de su control. 

Hasta la fecha, en 2024 el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 1238 actos de hostigamiento y represión contra reclusos y un total de 135 hechos que implicaron golpizas y torturas físicas contra los prisioneros.

Según los registros de esta organización, al menos 6 de las muertes ocurridas en prisión este año estuvieron relacionadas con golpizas propinadas por los guardias. Entre los casos más recordados está el del preso político Manuel de Jesús Guillén en el Combinado del Este de La Habana y el de Inoel Rodríguez, en la cárcel de Ariza, Cienfuegos. Pese a ello, hasta ahora no se conoce que haya habido consecuencias legales para los perpetradores.

Un gobierno de asesinos, una dictadura cruel y torturadora.

“¡A golpes me lo mataron!”@DiazCanelB y el Gral. Álvarez Casas son responsables por el asesinato en prisión de Manuel de Jesús Guillén.

Tenía 30 años, era preso político por protestar el #11J, promotor d @CUBADECIDE pic.twitter.com/gvsIm2KoJO

— Rosa María Payá A. (@RosaMariaPaya) December 1, 2024

Otra denuncia frecuente realizada por el CDPC es el uso de reclusos comunes, bajo las órdenes de la Seguridad del Estado, para hostigar a los presos políticos, lo cual viola lo establecido en las Reglas Mandela de la Organización de Naciones Unidas. 

Giselle Morfi, jefa del equipo legal de Cubalex, explica también que “Cubalex ha documentado casos de liberaciones bajo fianza de hombres acusados de violencia doméstica, lesiones graves y abusos sexuales contra niñas. Estos hombres, a menudo vinculados a la seguridad del Estado, reciben protección por parte de las mismas autoridades encargadas de garantizar justicia. Su libertad incrementa el peligro para las víctimas y perpetúa la violencia de género y el feminicidio en el país.”

Morfi se refirió a la impunidad con respecto a la violencia ejercida por el brazo estatal, que “beneficia a las autoridades que actúan como agentes del poder político, perpetuando un sistema que facilita la violación de derechos humanos y el abuso de poder. Sin embargo, el sistema legal cubano contribuye significativamente a reforzar esta impunidad debido a sus deficiencias estructurales y a su aplicación selectiva”.

Y citó como ejemplo el caso de Luis Ángel Benítez Hernández, quien falleció en 2024 bajo custodia policial en condiciones de evidente negligencia médica y maltrato. “Las autoridades han ofrecido versiones contradictorias sobre su muerte y han negado el acceso a documentos clave, como el certificado de defunción, reflejando un patrón sistemático de desinformación y ocultamiento, mientras los policías que lo custodiaban siguen ejerciendo.”

Por otro lado, según la Ley del Proceso Penal Militar, los delitos cometidos por militares son procesados en jurisdicción militar, lo que frecuentemente se resuelve archivando actuaciones o sobreseimientos definitivos. La falta de transparencia y la ausencia de supervisión independiente aseguran que no haya consecuencias legales para los responsables, incluso en casos de tortura, malos tratos o muertes bajo custodia. 

En resumen, existe un marco legal diseñado para priorizar la protección del Estado y sus agentes, en lugar de enfocarse en la defensa, protección y garantía de los derechos de las víctimas. La falta de voluntad política para implementar estas normas en beneficio de las personas afectadas es determinante en esta problemática. Aunque la legislación cubana incluye disposiciones que podrían proteger los derechos humanos, estas se aplican de manera desigual y en un contexto marcado por el control político.

La Constitución de 2019 y la Ley 131 de Organización Estatal (2020) consolidan la subordinación del sistema judicial al poder ejecutivo y al Partido Comunista de Cuba (PCC), impidiendo la separación de poderes. Los jueces y fiscales son designados por órganos controlados por el partido y están obligados a actuar conforme a sus directrices políticas, lo que anula su independencia. Esta subordinación conduce a que los tribunales operen como herramientas del gobierno, protegiendo a los agentes del Estado implicados en abusos mientras se desprotege a las víctimas. 

La Ley 143 del Proceso Penal (2021) introduce el "criterio de oportunidad" (Artículo 17), permitiendo a las autoridades no proceder con acciones legales en ciertos casos, incluso cuando existen indicios claros de delito. En el contexto cubano, esto implica riesgos de discrecionalidad y discriminación, beneficiando potencialmente a agentes de la Seguridad del Estado o colaboradores, agregó la abogada de Cubalex.