El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó el pasado 7 de agosto a Fernando Armando Valdés Pérez, un ciudadano cubano-guatemalteco de 61 años señalado por las autoridades estadounidenses como un activo de la inteligencia del régimen de La Habana, informó este miércoles Martí Noticias.
Valdés Pérez, residente de Kendall, Florida, había sido detenido el 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami durante una operación administrativa en la que participaron agentes de ICE, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Las autoridades estadounidenses sostienen que Valdés Pérez operaba como un activo de la inteligencia cubana y que, desde mediados de la década de 1990, recibió la misión de infiltrarse y recopilar información sobre comunidades de exiliados y opositores cubanos tanto en América Latina como en Estados Unidos.
Según la información divulgada por ICE y reportada inicialmente por Martí Noticias, Valdés Pérez habría conseguido ganarse la confianza del fallecido opositor cubano Luis Posada Carriles y mantenerse durante años cerca de otras figuras conocidas del exilio cubano y cubanoamericano en el sur de Florida.
De acuerdo con ICE, una investigación determinó que el hombre obtuvo fraudulentamente la residencia permanente en Estados Unidos al ocultar deliberadamente su verdadera relación con el régimen cubano.
“Las personas que ocultan vínculos con servicios de inteligencia extranjeros y explotan nuestro sistema migratorio representan una grave amenaza para la integridad de ese sistema y para nuestra seguridad nacional”, declaró Matthew Elliston, director de la oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Miami.
Valdés Pérez fue deportado el 7 de agosto, aunque no se ha informado públicamente a qué país fue enviado.
Trump endurece la ofensiva contra personas vinculadas al régimen cubano
La deportación ocurre en un momento en que la Administración de Donald Trump ha incrementado las acciones migratorias y de seguridad dirigidas contra personas a las que las autoridades estadounidenses vinculan con el régimen cubano, sus estructuras de poder o actividades de inteligencia y represión.
Uno de los casos más notorios ocurrió en mayo, cuando ICE arrestó en Miami a Adys Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.
El secretario de Estado, Marco Rubio afirmó que la mujer administraba activos inmobiliarios en Florida mientras ayudaba al régimen cubano y sostuvo que su presencia en Estados Unidos constituía una amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense.
Otro caso que puso el foco sobre los vínculos del régimen cubano con personas radicadas en Estados Unidos fue el de Victor Manuel Rocha, exembajador estadounidense que admitió haber actuado durante décadas como agente encubierto de Cuba.
En mayo de 2026, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil para revocar la ciudadanía estadounidense de Rocha, quien cumple una condena de 15 años tras declararse culpable de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y de actuar como agente ilegal de Cuba. El Departamento de Justicia argumentó que ocultó información sobre sus vínculos con La Habana durante el proceso de naturalización.
La Administración Trump también ha actuado contra antiguos funcionarios cubanos acusados de participar en el aparato represivo de la isla. Un ejemplo fue Jorge Luis Vega García, conocido como “Veguita”, exteniente coronel del Ministerio del Interior y antiguo jefe de prisiones en Matanzas, quien ingresó a Estados Unidos en 2024 bajo el programa de parole humanitario y posteriormente fue detenido por ICE.
Un juez de inmigración ordenó su expulsión y Vega García fue finalmente deportado a Cuba el 6 de noviembre de 2025. Fuentes citadas entonces por Martí Noticias señalaron que el exoficial era identificado por exprisioneros políticos y activistas como uno de los represores de mayor rango vinculados a las cárceles de Agüica, en Matanzas, y Canaleta, en Ciego de Ávila.
A esta política se suma el endurecimiento de los controles migratorios y de seguridad relacionados con Cuba. Desde enero de 2026, el Departamento de Estado mantiene restricciones parciales a la emisión de visas para ciudadanos cubanos, como parte de la Proclamación Presidencial 10998.
El Gobierno de Trump ha presentado estas medidas como parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad nacional estadounidense y evitar que personas vinculadas a gobiernos considerados adversarios puedan utilizar el sistema migratorio de Estados Unidos para establecerse en el país.
En ese contexto, el caso de Valdés Pérez agrega un nuevo componente: el señalamiento de un supuesto operativo de inteligencia cubana que, según las autoridades estadounidenses, habría pasado décadas infiltrado entre sectores del exilio y la oposición cubana en Estados Unidos y otros países.
