El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, endureció este jueves sus acusaciones contra el régimen cubano y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), un día después de que Washington ampliara las sanciones contra esa organización y varios de sus principales dirigentes.

“El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos de fachada para infiltrarse, corromper y radicalizar a los estadounidenses”, afirmó Rubio en un comunicado. El funcionario señaló específicamente al ICAP como “una de las principales organizaciones involucradas en estos esfuerzos” y destacó entre sus dirigentes sancionados al exespía cubano Fernando González Llort.

Rubio añadió que Estados Unidos no tolerará los esfuerzos de La Habana para financiar la represión ni lo que calificó como una campaña de “décadas de actividades subversivas antiestadounidenses”.

“Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma”, advirtió.

El jefe de la diplomacia estadounidense también dirigió una advertencia a bancos y empresas extranjeras que mantengan fondos o proporcionen servicios a las entidades incluidas en las sanciones, a las que instó a “tomar medidas inmediatas para cesar su apoyo”.

Rubio afirmó además que la Administración Trump no permanecerá “de brazos cruzados” mientras una potencia extranjera hostil intenta explotar las libertades estadounidenses mediante “mentiras, espionaje y otras malas prácticas”.

En una de las acusaciones más contundentes de su declaración, el secretario de Estado sostuvo que esas actividades forman parte de la razón de ser del régimen cubano de “exportar marxismo, resentimiento racial y violencia comunista por todo el mundo”.

Nuevas sanciones contra el ICAP

Las declaraciones de Rubio se produjeron después de que Estados Unidos ampliara el 20 de agosto las sanciones contra el ICAP y añadiera a su lista de personas y entidades sancionadas a su presidente, Fernando González Llort, así como a las funcionarias Leima Martínez Freire y Noemí Rabaza Fernández.

La nueva ronda también alcanzó a nueve empresas y entidades vinculadas al régimen cubano: ACINOX COMERCIAL; Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A. (ACOREC S.A.); CORATUR S.A. (Corporación de Abastecimiento al Turismo S.A.); TRANSIMPORT; CONSUMIMPORT; Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara; METALCUBA; GEOMINSAL y el Ministerio de la Construcción (MICONS).

Las medidas son administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. En términos generales, las sanciones bloquean los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a las personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos realizar transacciones con ellas, salvo que exista una autorización.

Además, las entidades que sean propiedad directa o indirecta, en un 50% o más, de personas bloqueadas también quedan sujetas al bloqueo, mientras que las violaciones pueden acarrear sanciones civiles o penales.

Los vínculos del ICAP con redes proiraníes

ADN Cuba ha documentado previamente los vínculos del ICAP con redes relacionadas con Hezbolá y otras organizaciones terroristas.

Una investigación publicada por este medio reveló conexiones entre el instituto y Al-Tajammu, una coalición proiraní cuya junta directiva incluye integrantes de Hezbolá, los hutíes, la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). En 2022, el ICAP y Al-Tajammu elaboraron un acuerdo de cooperación e integración.

La investigación también documentó cómo el ICAP ha utilizado durante décadas sus actividades de “solidaridad” para establecer vínculos con activistas, organizaciones y movimientos políticos extranjeros. Entre las organizaciones relacionadas con el instituto aparecen grupos estadounidenses como CodePink, el Partido por el Socialismo y la Liberación y los Socialistas Democráticos de América.

El señalamiento de Rubio sobre las operaciones de influencia del ICAP tampoco es nuevo. El pasado 1 de julio, el secretario de Estado ya había descrito al Instituto como uno de los principales instrumentos del régimen cubano para desarrollar operaciones de influencia política, propaganda y apoyo a su estrategia exterior, además de confirmar entonces el arresto en Estados Unidos de Carlos Antonio Lloga Domínguez, identificado como exfuncionario del ICAP.

La nueva ronda de sanciones amplía así la presión de Washington sobre una organización que la Administración Trump considera parte de la estructura internacional de influencia del régimen cubano, mientras las autoridades estadounidenses advierten de posibles consecuencias no solo para sus dirigentes y entidades, sino también para quienes mantengan relaciones económicas o de otro tipo con ellos.