La administración del presidente Donald Trump anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra cinco entidades vinculadas al aparato militar cubano y ocho altos funcionarios del régimen, como parte de la campaña de presión económica que Washington mantiene contra las estructuras que sostienen a la dictadura.
Las medidas fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y se enfocan en empresas relacionadas con la industria militar, la importación de armamento y las relaciones de defensa de La Habana, así como en altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Según informó OFAC, las cinco entidades sancionadas son Tecnoimport, subsidiaria del conglomerado militar GAESA que habría importado equipos militares para el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR); Duna S.A., señalada por participar en la entrada a Cuba de material militar procedente de China y Rusia; la Unión de Industria Militar, responsable de producir, reparar y modernizar armamento para las FAR; la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, dedicada al mantenimiento de helicópteros y aeronaves militares de fabricación rusa; y Tecnotex, otra subsidiaria de GAESA vinculada a los sectores de defensa y seguridad, a la reparación de helicópteros rusos y a anteriores relaciones de cooperación con Corea del Norte.
OFAC también incorporó a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) a ocho funcionarios del régimen cubano. Entre ellos figuran el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y el jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrá Sotolongo. Asimismo, fueron sancionados Roberto Jesús Viciana Mousset, Heriberto Sánchez Alleyne, José Antonio Remón Rodríguez, Óscar Enrique Biosca Gallego; la agregada militar de Cuba en Rusia, Mónica Milián Gómez, y el agregado militar en China, Waldo Pérez Cortés.
Como consecuencia de estas designaciones, todos los bienes e intereses de estas personas y entidades que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, mientras que ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
En un comunicado, el Departamento de Estado justificó las nuevas sanciones al afirmar que el régimen comunista cubano constituye una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Según Washington, La Habana, además de permanecer en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, utiliza sus aparatos militar y de inteligencia para espiar a Estados Unidos, brindar apoyo material a grupos extremistas y facilitar operaciones de países adversarios como Rusia, China e Irán.
La institución también sostuvo que las estructuras militares y de inteligencia cubanas son responsables de la represión interna y representan uno de los principales pilares de la cleptocracia del régimen, especialmente a través del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas.
"Hoy, la Administración Trump está tomando medidas adicionales para proteger nuestra seguridad nacional sancionando a entidades e individuos que facilitan las relaciones militares de La Habana y los envíos de armas al régimen cubano", indicó el Departamento de Estado.
Añadió que continuará utilizando "todas las herramientas a su disposición" para enfrentar las amenazas que, a su juicio, representa el régimen cubano e impulsar reformas económicas y políticas que permitan "un futuro mejor" para el pueblo de la isla.
La entidad recordó además la posición expresada por el presidente Donald Trump de que Estados Unidos "no tolerará que un estado rebelde albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a solo noventa millas de la patria estadounidense".
Las nuevas designaciones se enmarcan en la campaña de sanciones más agresiva impulsada por la administración Trump contra la dictadura cubana en los últimos años. Durante 2026, Washington ha ampliado significativamente el uso de herramientas legales para sancionar a altos funcionarios, empresas estatales y estructuras económicas que considera esenciales para el sostenimiento político y financiero del régimen.
Las medidas han estado dirigidas especialmente contra sectores considerados estratégicos para la supervivencia de la dictadura, entre ellos las Fuerzas Armadas, el sector energético, el turismo, las remesas y los servicios financieros. A diferencia de rondas anteriores, la estrategia estadounidense se ha concentrado en afectar las principales fuentes de ingresos del régimen y las entidades que financian el aparato represivo y contribuyen al control político sobre la población.
A finales de julio, el gobierno estadounidense ya había ampliado la Lista SDN al sancionar al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; a Gretza Sánchez Padrón, funcionaria de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM); así como a la propia UCCM y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, dos entidades clave en la exportación de servicios profesionales del régimen.
Con las nuevas sanciones anunciadas, la administración Trump profundiza su estrategia de incrementar la presión financiera sobre las instituciones militares y de seguridad de la dictadura cubana, a las que responsabiliza tanto de la represión interna como de mantener vínculos militares y estratégicos con gobiernos considerados adversarios de Estados Unidos.
