Los países nórdicos suelen mencionarse en el debate político español como ejemplos de Estados de bienestar social que funcionan bien y son eficientes, en los que el gobierno proporciona a los ciudadanos una amplia gama de beneficios sociales. (Los términos "nórdico" y "escandinavo" se emplearán indistintamente para referirse a Suecia, Finlandia y Dinamarca. Noruega e Islandia están excluidos de mi análisis). Los políticos, especialmente los del lado izquierdo del espectro político, consideran que Suecia, Dinamarca o Finlandia son experimentos socialdemócratas exitosos en los que los derechos sociales están garantizados por la mano benévola y cuidadosa del Estado. Su existencia es una prueba concluyente de que quienes cuestionan la sostenibilidad de una expansión ilimitada del Estado de bienestar están equivocados.
Sin embargo, existe una percepción errónea generalizada sobre el funcionamiento de las economías escandinavas. Suelen considerarse países altamente intervencionistas con economías hiper-reglamentadas y sistemas de tributación muy progresivos en los que las clases altas sostienen el Estado de bienestares sociales pagando su llamada parte justa. Esta visión tan extendida es fundamentalmente errónea por dos razones principales. En primer lugar, lejos de ser socialistas, las recetas económicas que han llevado a Dinamarca o Suecia a tener Estados de Bienestar sostenibles son las que se suelen identificar con el libre mercado: economías desreguladas y mercados laborales flexibles. En segundo lugar, el gravoso sistema fiscal de los países escandinavos es más bien regresivo; por lo tanto, la carga fiscal recae esencialmente en las clases bajas y medias.
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Trabajar en Escandinavia
Los nórdicos están clasificados en el Índice de Libertad Económica elaborado cada año por la Fundación Heritage. Si se observa el indicador de libertad económica, que muestra la eficiencia de las regulaciones gubernamentales del sector privado, Dinamarca, Finlandia y Suecia aparecen entre los 15 primeros, mientras que España se sitúa en la posición 44 entre Tailandia y Uruguay. Parece evidente que existe una fuerte correlación entre la libertad económica y la prosperidad: los países con mayor desarrollo económico, político y social ocupan los primeros puestos del ranking. De hecho, la libertad económica (así como un marco jurídico que hace cumplir los contratos y protege los derechos de propiedad) es el punto de partida que desencadena el círculo virtuoso del crecimiento económico: la libertad económica conduce a más inversiones en capital humano y físico, lo que a su vez se traduce en una mayor productividad y, en última instancia, en mayores salarios y aumentos del PIB per cápita.
Dado que el PIB per cápita basado en la PPA de los países nórdicos es, en promedio, un 30% superior al de España, debido esencialmente a su mayor grado de libertad económica, la cantidad de impuestos recaudados para pagar su gasto social es, en términos absolutos, considerablemente mayor; y seguiría siendo superior incluso si España y los nórdicos compartieran los mismos tipos impositivos, lo que no es el caso.
En cuanto a la flexibilidad del mercado laboral, Dinamarca destaca por encima de España y de sus vecinos nórdicos. Para empezar, los costos de despido en Dinamarca son muy bajos. Por ejemplo, un trabajador de cuello blanco que fuera despedido injustamente hoy, recibiría una compensación de un máximo de cuatro meses de salario después de trabajar durante 10 años en la empresa. Por otro lado, si el despido se considerará justificado, el empleado no recibiría ninguna compensación. Además, no existe un salario mínimo establecido por la ley, y las contribuciones sociales pagadas por los empleadores en nombre de los empleados no superan el 2% del salario bruto.
En cambio, la indemnización que recibiría el mismo empleado en España sería de entre 13 o 21 meses de salario (según se aplique la nueva o la antigua legislación), un despido justo supondría alrededor de ocho meses de salario en concepto de indemnización, el salario mínimo legal es de 756 euros mensuales (aunque el costo para la empresa es sustancialmente mayor), y las cotizaciones sociales a cargo de la empresa representan la cuarta parte del salario bruto.
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Poner la carga fiscal sobre los pobres
En Suecia, no son tanto las personas de altos ingresos las que pagan la cuenta del Estado de Bienestar, sino las clases bajas y medias a través de los impuestos indirectos.
En cuanto al sistema fiscal, los ciudadanos escandinavos están obligados a soportar una pesada carga fiscal. Por ejemplo, la carga fiscal en Suecia, es decir, los ingresos fiscales como porcentaje del PIB, es del 42,8%, 1020 puntos básicos más que la carga fiscal en España. Sin embargo, contrariamente a lo que se cree, esta gran diferencia se debe a la regresión del sistema fiscal sueco en comparación con el español. En otras palabras, no son tanto las personas de altos ingresos las que pagan la cuenta del Estado social, sino las clases bajas y medias a través de los impuestos indirectos, que son obviamente más regresivos que los impuestos sobre el trabajo o sobre las ganancias de capital. Como muestra el gráfico siguiente, la diferencia más llamativa entre España y Suecia a este respecto radica en la mayor tasa impositiva sobre el consumo que se aplica en el país nórdico.
Fuente: Rallo, J. R. (2016). La pizarra de Juan Ramón Rallo: Los 40 mitos de la economía española. Barcelona: Deusto.
Como se muestra en el análisis anterior, las políticas económicas de libre mercado y los sistemas impositivos regresivos son los pilares en los que se apoyan las economías nórdicas. La ficción, profundamente arraigada en el consenso socialdemócrata a la española, de que un Estado de beneficios sociales en expansión es compatible con una economía sobre-regulada, un mercado laboral inflexible y un sistema de impuestos progresivos (todas ellas características típicas de la disfuncional economía española) es insostenible. Los defensores del Estado social a ambos lados del espectro político deberían darse cuenta de que la única manera de hacerlo viable y sostenible a largo plazo es emprender reformas que liberalicen la economía y aumenten aún más la ya pesada carga fiscal que tienen que soportar las clases bajas y medias.
*Publicado con el permiso de la Fundación para la Educación Económica
