"Muerte cruzada": la jugada política del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso

El presidente Guillermo Lasso disolvió el Congreso de Ecuador, mandó a todos los legisladores a sus casas sin devengar sueldo hasta las próximas elecciones. También limita su propio mandato: no completará los cuatro años para los que fue electo, gobernará por decreto los próximos seis meses y luego deberá abandonar el palacio presidencial.

Este mecanismo constitucional se llama muerte cruzada. Anticipar elecciones y desbandar, al mismo tiempo, el poder legislativo y ejecutivo. Lasso tomó esta drástica decisión luego de cuatro intentos de destituirlo: “Que decida el pueblo”, dijo el presidente.

Lasso afirma que detuvo un “plan macabro” diseñado para removerlo del poder y traer de vuelta a un expresidente prófugo de la justicia. Aunque no dijo su nombre, se entiende que se trata de Rafael Correa, artífice del socialismo del siglo XXI. El presidente en funciones sostiene que sus aliados pretendían apropiarse de las demás funciones del Estado, comenzando por la Fiscalía, y luego la Contraloría.

Esta última fue incendiada durante los disturbios de octubre del 2019, en lo que Nicolás Maduro llamó las “brisas bolivarianas”. Mientras que Black Lives Matter paralizaba los Estados Unidos, en Sudamérica ocurrió su equivalente cultural: el indigenismo. Así como BLM promueve el “socialismo racializado”, el líder del movimiento indigenista proclama “comunismo indoamericano o barbarie”.

La violencia, intimidación y destrucción le costaron a los ecuatorianos 821,68 millones de dólares.

En junio del 2022 las mismas fuerzas secuestraron al país por 18 días. Impidieron el acceso a transporte, acuchillaban las ruedas de los buses, cerraron carreteras y obstaculizaron el acceso a alimentos básicos, sobre todo a los capitalinos.

En un país con el segundo índice de desnutrición infantil más alto en Hispanoamérica quemaron sembradíos y derramaron leche, si los campesinos y agricultores se atrevían a trabajar durante el “paro nacional”. Esta inestabilidad fue aprovechada por los legisladores socialistas para pedir la destitución de Lasso pero no lo lograron, sobre todo por la resistencia del Partido Social Cristiano, liderado por Esteban Torres Cobo, firmante de la Carta de Madrid, que se compromete a la lucha contra el comunismo.

No obstante, ahora su bancada ya se sumó a lo que Lasso llama el cuarto intento de destituirlo. Afirman que esta vez hay pruebas para incriminarlo, además reprochan su inacción frente a la crisis de violencia que sufre el país. Lo cuestionable desde el ámbito legal es que se le acusa de omisión. Es decir, de lo que no hizo. El caso más contundente es Flopec (Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana). El vicealmirante Johnny Estupiñán, quien fue gerente de Flopec, presentó las denuncias y dos asesores de Lasso las deslegitimaron.

El vicealmirante presentó su testimonio ante la Asamblea Nacional en el primer día del juicio único bajo el amparo de Viviana Veloz, interpelante en el juicio político y legisladora del bloque correísta. No obstante, el vicealmirante ha dejado en claro que no es su voluntad que sea removido el presidente, sino que termine su mandato con las rectificaciones necesarias.

Pero el juicio político no llegó a término. La primera sesión duró un día entero y el mandatario no permitió que llegue a su fin, planificado para el próximo sábado 20 de mayo. Antes de celebrar la segunda sesión del juicio en su contra, a las 7:00 de la mañana del 17 de mayo emitió el decreto 741, respaldado en el artículo 148 de la Constitución.

Cabe destacar que la Constitución actual está vigente desde 2008, bajo el periodo del socialismo del siglo XXI. Esto hace que su naturaleza sea híperpresidencialista, lo cual le faculta poderes como la muerte cruzada.

Pese a que la Constitución fue elaborada bajo el gobierno de Rafael Correa, quien desintegró el Congreso y lo suplantó con la Asamblea Nacional, este se manifestó en este caso en contra de la aplicación de la muerte cruzada, a pesar que su partido, y él mismo, clamaba por ella hace meses. Era más conveniente para los socialistas destituir al mandatario que permitir que gobierne seis meses más, de los cuales la mitad lo hará sin un poder legislativo opositor que obstruya sus reformas.

¿Es la misma situación que Pedro Castillo en Perú?

Otro crítico severo fue Evo Morales, expresidente de Bolivia, quien estuvo exiliado tras intentar eternizarse en el poder, tras 14 años de gobierno y un referendo que votó en contra de su posibilidad de de ser candidato luego de varios mandatos. Morales acusa a Lasso y a la derecha de doble moral, puesto que fue crítico del expresidente de Perú, Pedro Castillo, por intentar disolver el Congreso, para mantenerse en el poder.

La diferencia entre ambos mandatarios es que Castillo pretendía terminar su mandato, mientras que Lasso sacrificó el suyo. Acortó su presidencia a casi la mitad de lo que establece la ley. Se retirará tras dos años y medio en el poder.

Para evitar un proceso por corrupción @LassoGuillermo cierra el Congreso de Ecuador con la excusa de “conmoción interna”. Hace 5 meses acusó de golpista al hermano @PedroCastilloTe que hizo lo mismo pero para frenar una conspiración. Doble moral de la derecha sometida al…

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 17, 2023

Legisladores luchan por la restitución de su trabajo

En estos momentos, hay legisladores intentando revertir la decisión del presidente por medio de una apelación ante la Corte Constitucional. Acusan que el accionar de Lasso es inconstitucional, pues, según el artículo 148 de la Constitución para aplicarse la muerte cruzada es necesario que haya “grave crisis política y conmoción interna”, y los ahora exlegisladores opositores arguyen que no existe tal conmoción ni crisis, que lo único que busca el mandatario es eludir el juicio político en su contra.

Apenas emitió el decreto ejecutivo, Lasso indicó su vigencia inmediata. De manera que, en principio, la Corte Constitucional no puede intervenir. No obstante hay juristas que alegan lo contrario.

¿Cuándo debe haber nuevas elecciones?

Mientras avanza el intento de detener la muerte cruzada, ya se han anunciado múltiples candidatos a la presidencia. Puesto que la muerte cruzada exige elecciones anticipadas en un lapso de 90 días después de los 7 días iniciales que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo mismo es cierto para los legisladores. En caso no haber un ganador claro, debe haber elecciones en un lapso de 45 días. Luego el CNE tiene 7 días para anunciar al ganador.

En ese tiempo de vacancia el Estado ecuatoriano, y por ende los ciudadanos que lo sostienen con impuestos, se ahorra(n) 33 millones de dólares al no tener que pagar los sueldos de los legisladores que ganan 10 veces más que el sueldo mínimo por mes.

Dado el contraste entre el estilo de vida de los legisladores y el ciudadano promedio, la decisión de disolver la Asamblea Nacional ha sido mayormente bienvenida por la ciudadanía. Pero el panorama futuro es incierto. Crece el temor que la salida de Guillermo Lasso pueda fortalecer al socialismo como fuerza opositora. De hecho, entre el juicio político y la muerte cruzada, la muerte cruzada es la opción que más oportunidad brinda para la llegada de una nueva alternativa.

El perseguido político Galo Lara que pagó con prisión la fiscalización del gobierno de Correa, llama a presentar un solo candidato para oponerse al correísmo y así no dividir el voto entre varios. Lo mismo pide el expresidente Lenin Moreno. Que aunque fue vicepresidente de Rafael Correa, le dio la espalda y revirtió buena parte de su obra, sobre todo al disolver UNASUR, cumbre continental apegada al socialismo, que incluía una estatua del expresidente Néstor Kirchner.

Pero el nuevo alcalde de Quito, el correísta Pabel Muñoz, pretende restituirlo. Al momento el correísmo ocupa las alcaldías y prefecturas de las principales ciudades y provincias del país. De manera que urge una alternativa, de lo contrario el país entero quedará sometido nuevamente y sin contrapesos. Lo cierto es que ante la criminalidad actual en el país, el candidato presidencial con más oportunidad será el que ofrezca combatir la delincuencia de frente.