Al menos cinco militares cubanos enfrentan una acusación en la provincia de Sancti Spíritus por el presunto delito de “desacato”, luego de ser identificados como miembros de un grupo de WhatsApp mediante el que habrían compartido contenido contestatario, denunció este jueves el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
“Un subteniente, un sargento y tres soldados en Sancti Spíritus, fueron detenidos luego de que le expropiaran y revisaran el móvil a uno de ellos”, afirmó en Twitter el OCDH.
Según la organización, los cinco militares “están acusados de desacato por pertenecer a un grupo de WhatsApp donde compartían música y videos”.
El activista Adriano Castañeda explicó en su perfil Facebook que los acusados fueron arrestados el pasado 5 de junio de 2022, y se encuentran a la espera de juicio. Se trata de tres jóvenes del Servicio Militar Activo y dos oficiales de la unidad militar de El Cacahual, en el centro del país.
Castañeda recibió el 19 de julio pasado “una llamada telefónica de uno de los oficiales que se encuentra a la espera de juicio en la prisión provisional Nieves Morejón”. El sargento instructor Raúl Tomás Perera (en la foto) aseguró que él fue detenido y le revisaron su teléfono celular, “donde se le encontró canciones de Los Aldeanos [raperos disidentes] y el tema musical Patria y Vida, además de publicaciones en Facebook que él seguía y que eran contestatarias al régimen cubano”.
También descubrieron “la comunicación por un grupo que mantenía en las redes sociales con los demás implicados”. Según el activista, Raúl Tomás Perera reside en el reparto Escribano Madrigal, en el municipio Sancti Spíritus, capital de la provincia homónima. “Los 5 militares se encuentran en el depósito de la Prisión Provincial Nieves Morejón”, concluyó Adriano Castañeda.
El delito de “desacato” fue incluido nuevamente en el recién aprobado Código Penal de Cuba. Castiga a “quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o, de cualquier modo, ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”. Se penaliza con “privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas”.
Si el presunto desacato tiene lugar contra el presidente del régimen comunista, su vicepresidente o al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), la sanción es de “privación de libertad de uno a tres años”. De igual forma, se prevé castigo si el agraviado es miembro del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, diputado del parlamento, presidente del Tribunal Supremo Popular, Fiscal General de la República, Contralor General de la República o presidente del Consejo Electoral Nacional.
Según una nota publicada por la Fiscalía General, en el nuevo Código “se establece como nueva circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si el hecho delictivo se ejecuta con el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, las telecomunicaciones y sus servicios con el propósito de facilitar su ejecución, imposibilitar u obstruir su descubrimiento, o con el objetivo de agravar sus consecuencias”.
