El Parlamento de Cantabria, España, aprobó el 28 de junio una proposición de ley que condena a Cuba por no respetar los derechos humanos y exige a La Habana la libertad de los presos políticos, informó Radio Martí.
La proposición “Para exigir al Gobierno de Cuba el cese de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad”, había sido promovida inicialmente por la Asociación Cubano-Vasca Demokrazia kubarentzat.
En esta ocasión fue presentada por la Asociación Cubana de Santander y contó con el respaldo de parlamentarios socialistas, del Partido Popular, Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Regionalista.
“Ha sido una gran jornada, al comprobar que la totalidad de las fuerzas políticas de esta región de España están de acuerdo en la situación de nuestro país”, indicó la asociación de cubanos en esta región.
El Partido Socialista Obrero de Cantabria manifestó: “Condenamos y condenaremos de forma enérgica cualquier ataque a los derechos humanos a un pueblo como es Cuba, que consideramos hermano, y exigimos la inmediata liberación de los presos encarcelados por expresar sus ideas”.
Desde Ciudadanos Cantabria, el diputado Diego Marañón exigió: “Siempre pedimos acabar con cualquier tiranía comunista. Estamos del lado de los cubanos y la protección de sus derechos y libertades fundamentales”.
La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) elevó este 8 de junio a 1046 la cifra de su registro sobre presos políticos en Cuba, la mayoría encarcelados tras la escalada represiva por las manifestaciones de julio de 2021, que se extendieron por más de 60 localidades de la isla.
Según la organización, 901 personas permanecen recluidas por dichas protestas, mientras que en el último año han pasado por las cárceles del país unos 1236 presos políticos.
En términos generales, de los 726 presos que tienen sentencia, 246 han recibido penas superiores a los diez años de prisión.
Cuba ocupa el quinto lugar mundial en población penal por cada 100 000 habitantes, según una escala del Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR, siglas en inglés), elaborado en la Universidad de Londres, Reino Unido.
