Autoridades del régimen cubano declararon “ilícita” la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre por el grupo de la sociedad civil Archipiélago.
Este 12 de octubre, dirigentes municipales y provinciales se reunieron con representantes del colectivo de firmantes de las cartas enviadas para notificar la marcha, para “dar respuesta oficial a dicha convocatoria ciudadana”, informó en redes sociales la activista Daniela Rojo.
“Lo primero que les tuvimos que explicar es que no reconocemos esa marcha como lícita, porque lacera los derechos personales”, afirmó tras el encuentro el Intendente del Consejo de la Administración de La Habana Vieja, Alexis Acosta Silva, al portal Cubadebate.
En un video el reportero y vocero oficialista Oscar Figueredo Reinaldo aseguró que la marcha “es convocada por la derecha de nuestro país y sobre todo busca desestabilizar el orden político en Cuba”.
Los promotores de la manifestación fundamentaron su convocatoria con el artículo 56 de la Constitución aprobada en el 2019: “Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
La respuesta oficial entregada a los activistas en cada una de las reuniones defiende que el “ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes”, y que “el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable”, por lo cual toda acción ejercida en su contra sería ilícita.
Para la manifestación pacífica, "si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha", respondió el régimen a través de los gobiernos locales.
El gobierno del municipio Nuevitas (Camagüey) también rechazó la propuesta de los ciudadanos y afirmó que "dichas marchas cuentan con el apoyo expreso de connotados elementos contrarrevolucionarios radicados en Miami, EE.UU., y connotados operadores políticos norteamericanos".
Decenas de ciudadanos en La Habana, Holguín, Santa Clara, Pinar del Río, Cienfuegos, Nuevitas, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo, entre otras localidades, firmaron documentos que notifican a las autoridades la intención de marchar demandando respeto a los derechos humanos y a favor de la libertad para los presos políticos. La iniciativa surgió en el grupo Archipiélago, fundado por el dramaturgo y actor Yunior García tras las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio último.
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Archipiélago decidió adelantar para el 15 de noviembre la manifestación pacífica planificada inicialmente para el 20 de noviembre, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
Al dar a conocer el cambio de fecha García dijo que esta iniciativa es un “derecho humano y constitucional y quien estaría cometiendo un crimen es el Estado si se niega a que los ciudadanos nos manifestamos”.
A finales de septiembre el vicepresidente del Consejo Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, denunció tras un arresto arbitrario que la Seguridad del Estado le dijo que “estuviera listo” porque tomarían las medidas necesarias para impedir la manifestación.
Activista reacciona a la respuesta del régimen
Saily González Velázquez, emprendedora de Santa Clara y una de las 22 personas que firmaron a favor de la acción cívica en esa ciudad, calificó de “manipulaciones y mentiras” las justificaciones dadas contra la marcha.
“Era lo que esperábamos. No estábamos esperando que nos dijeran que sí (…) pero los vericuetos legales y argucias que mencionan para declarar ilícita nuestra marcha, no responden de ninguna manera a lo expresado en la carta de notificación”, afirmó en una directa en Facebook.
“Nunca dijimos que nosotros estamos en contra de ese 'socialismo irrevocable' que refrenda una Constitución por la cual dicen que voto una mayoría”, explicó González. Aclaró que, aunque así fuera, “el gobierno no está reconociendo a las minorías (…) y eso está mal, debe ser cambiado (…) nos sentimos excluidos los que no votamos por esa Constitución y somos también ciudadanos con derechos”.
“¿Cómo van a decir que las razones de la marcha no son lícitas, después de toda la represión del 11 de julio en Cuba que está reconocida a nivel mundial incluso por las Naciones Unidas? Nuestra marcha es precisamente contra la violencia”.
Saily González dijo que “es importante que se sepa que en Cuba el gobierno no permite a la sociedad civil manifestarse, utiliza las leyes a conveniencia y desconoce los derechos constitucionales (…) Esto es un totalitarismo en toda regla”.
La activista denunció que el intendente de Santa Clara, Eduardo Andrés Román Duarte, la amenazó diciendo que “al notificar la marcha estábamos incurriendo en delitos que están en el Código Penal”.
Según el artículo 209 del Código Penal vigente, “el que participe en reuniones o manifestaciones (…), incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres meses o multa hasta cien cuotas”, y quienes organicen “reuniones o manifestaciones ilícitas incurren en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas”.
