La abogada y activista por los derechos humanos Laritza Diversent, fundadora del Centro de Información Legal (Cubalex), afirmó que el régimen de La Habana sí comete desapariciones forzadas, y criticó declaraciones de la profesora y funcionaria castrista Mayda Goite a la revista estatal Alma Mater.
“Es una irresponsabilidad como profesional y como docente que la 'Doctora en Ciencias Jurídicas' Mayda Goite Pierre opine sobre lo que no conoce o por lo menos no ha estudiado. Si malo es el silencio, peor es el encubrimiento, sus opiniones desinforman a la población y confunden a sus estudiantes”, aseguró Diversent en una publicación de Cubalex.
Goite Pierre, Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de La Habana (UH) y presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Penal, afirmó “de manera categórica, que no es correcto decir que una persona está desaparecida si no se ha interpuesto ante el tribunal un Habeas Corpus. Afirmarlo es una burda manipulación de la realidad jurídica de Cuba”.
Diversent pidió a Goite, quien también ha ocupado cargos de dirección en la UH y públicamente se declara partidaria del castrismo, que se tome “el trabajo de leer la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada que el Estado cubano firmó y ratificó, por tanto, está obligado (erga omnes) a cumplir”.
La fundadora de Cubalex, una ONG que ofrece asesoría a perseguidos y prisioneros políticos, así como a otras personas vulnerables en la isla, explicó que entre los elementos para considerar a una víctima de desaparición forzada está la “privación de la libertad”, la “intervención directa de agentes estatales u otros con su consentimiento y protección” y la “negativa de reconocer la detención y/o de revelar la suerte o paradero de la persona interesada”.
Los agentes del Ministerio del Interior (Minint) “vienen cometiendo delitos de desaparición forzada antes y después del 11J”, afirmó Diversent, cuya ONG coordina un grupo de voluntarias que ha documentado más de 870 detenciones por las protestas del mes anterior.
Además, la activista de derechos humanos dijo que “el acto de desaparición y su ejecución inicia con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino; perdura mientras no se conozca su paradero y se determine con certeza su identidad”.
“Una vez consumado el delito puede prolongarse de manera continua o permanente hasta el momento en que se establezca el destino o paradero de la víctima”, añadió.
La desaparición forzada es un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales, según Diversent, incluidos los derechos “a no ser detenido arbitrariamente, a no ser sometido a torturas, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica”.
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En Cuba “si bien la presentación del Hábeas Corpus obliga a los tribunales a realizar una supervisión judicial de las actuaciones de los agentes de la PNR [Policía] y la Seguridad del Estado (garantía del debido proceso), existen obstáculos legales y prácticas judiciales que hacen infectivo este recurso”, denunció Diversent.
La abogada también relaciona una serie de prácticas judiciales en la tramitación del Habeas Corpus “que violan los principios fundamentales que rigen la función judicial, lo que demuestra la dependencia y complicidad de los jueces con los agentes del Ministerio del Interior, a favor de los cuales se parcializan, en detrimento de los derechos fundamentales de las personas detenidas”.
Diversent se refirió a los jueces que han conocido y denegado las solicitudes de Habeas Corpus presentados a raíz del 11J, como “cooperadores necesarios de las graves violaciones de derechos humanos que cometen los agentes del Ministerio del Interior bajo las órdenes del grupo político que controla el Estado y Gobierno [Cuba] para garantizar su permanencia en el poder”.
Laritza Diversent es una jurista graduada en la Universidad de la Habana, y máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University Washington College of Law. Además, posee estudios de liderazgo y técnicas de investigación. En la isla fundó y dirigió Cubalex durante los 6 años, hasta que el régimen la obligó a exiliarse en Estados Unidos como refugiada política.
