Más de 9000 personas están a la espera de sentencia por motivos políticos y otras 268 se catalogan como presos de conciencia en Venezuela, aseguró este 10 de agosto Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal.
“Al día de hoy, en el Foro Penal registramos 268 presos políticos en Venezuela. Además, 9406 personas se mantienen sujetas a procesos penales arbitrarios, por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares”, declaró Himiob en Twitter.
Por género, de los 268, 253 son hombres y 15 son mujeres, mientras que, por ocupación, 133 son militares y 135 civiles, entre ellos un adolescente.
“Desde 2014 se han registrado 15741 detenciones políticas en Venezuela”; Foro Penal asistió gratuitamente a un número no especificado de estas personas y a otras víctimas de violaciones a los derechos humanos, para un total de 12 000, agregó el abogado y escritor, citado por EFE.
El pasado 21 de mayo, la ONG pidió que se evite utilizar a estos detenidos como “piezas de negociación” tras el anuncio de diálogo con el régimen de Maduro que busca la oposición liderada por Juan Guaidó.
Una de las detenciones más destacadas recientemente ha sido la del ex diputado opositor Freddy Guevara, en julio, acusado de estar supuestamente involucrado con grupos paramilitares. La oposición lo considera un preso político.
Sin embargo, los arrestos, juicios por motivos políticos y encierros domiciliarios no son las únicas violaciones a los derechos humanos que denuncian la sociedad civil independiente del país sudamericano y la comunidad internacional.
Un panel de expertos internacionales convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió con urgencia el 2 de agosto a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación contra el régimen chavistas, por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado reproducido por agencias de noticias, los juristas se refirieron a la situación de ese país, que se encuentra desde el 2018 bajo examen preliminar por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas ocurridas desde abril del 2017 (con saldo de al menos 125 muertos), y en prisiones donde habrían maltratado a disidentes.
Foro Penal, una organización sin fines de lucro, ofrece asistencia legal a perseguidos políticos en el país sudamericano. Cuenta con una red de 6000 voluntarios que actúan en la promoción del respeto a los Derechos Humanos y la asistencia a víctimas y familiares.
